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Moncloa se define como "lugar donde las trabajadoras pueden estar seguras", pero no confirma si existe un protocolo antiacoso
El Gobierno aseguró por escrito al Senado, dos meses después de las denuncias a Paco Salazar, que había conocido el caso únicamente "por los medios de comunicación". Las 16 preguntas del PP fueron respondidas con evasivas.
Más información: Paco Salazar, denunciado por acoso sexual, solo se dio de baja del PSOE al ser investigado por la UCO por cobrar sin trabajar.
El Gobierno respondió por escrito a las Cortes, dos meses después de que empleadas de Moncloa denunciaran a Paco Salazar por conductas impropias de posible acoso sexual, que la sede de Presidencia del Gobierno "sí" es "un lugar donde las trabajadoras pueden sentirse seguras".
Así consta en una respuesta escrita, a la que ha tenido acceso este diario, remitida el pasado 24 de septiembre al Senado.
Sin embargo, cuando en la misma batería de preguntas lanzadas por el PP se le pidió que confirmara la existencia de un protocolo antiacoso específico en Moncloa, las respuestas del Gobierno fueron "evasivas", explican fuentes parlamentarias, y sin concreción alguna.
La ambigüedad de estas respuestas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, pone en duda la existencia efectiva de tal protocolo en el entorno laboral de Presidencia.
Es más, ni el Gobierno ni el PSOE han confirmado que vayan a llevar ante la Fiscalía las denuncias. Y ésta era una de las preguntas específicas que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado remitió al Ejecutivo nada más conocerse el caso.
Al respecto, el presidente Pedro Sánchez argumentó este sábado que el Gobierno no puede denunciar los hechos ante la Fiscalía, al tratarse de denuncias anónimas. Pero aseguró que las víctimas tendrán el apoyo del partido si deciden hacerlo.
Moncloa sí ha mostrado recientemente un rechazo público a la conducta atribuida a Paco Salazar, pero la dirección del PSOE, de momento, prioriza cerrar primero su investigación interna.
Según consta en las denuncias, las trabajadoras de Moncloa que denunciaron a Salazar describieron conductas de naturaleza sexual explícita: "Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote".
También denunciaron comentarios sobre sus cuerpos, abuso de poder para retener trabajo si no accedían a sus insinuaciones, y un ambiente laboral descrito como "irrespirable".
Cuando estas conductas fueron publicadas por El Diario esta semana, la ministra portavoz Pilar Alegría las calificó públicamente de "vomitivas". Sorprendentemente, apenas un mes antes, Alegría había sido descubierta compartiendo un restaurante a solas con Salazar, en un encuentro que ella misma calificó de "personal".
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó una batería de 16 preguntas al Gobierno el 23 de julio de 2025, días después de que estallara públicamente el caso.
Dos meses sin responder
Exigía información y explicaciones por escrito sobre la situación y el funcionamiento de los protocolos de seguridad en Moncloa. Las respuestas no llegaron hasta el 24 de septiembre, dos meses después de las preguntas.
Entre esas 16 preguntas destacaban dos en concreto. La primera de ellas interrogaba directamente: "¿Considera el Gobierno que la Moncloa es un lugar donde las trabajadoras pueden sentirse seguras?" El Gobierno respondió con un lacónico "sí", sin matices ni explicación adicional.
La segunda preguntaba: "¿Desde cuándo está operativo el Protocolo ante Acoso Sexual en la Moncloa?" A esta pregunta directa, el Ejecutivo no respondió de forma específica.
A pesar de que en julio Moncloa dijo haber remitido un mail a todos sus trabajadores recordando las vías de denuncia, la respuesta oficial del Gobierno se limitó a hacer referencias a cuatro textos legales de carácter general, sin confirmar la existencia de un protocolo específico operativo en Moncloa.
Citó la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohíbe expresamente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. También mencionó el Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto básico del empleado público, que tipifica como falta muy grave el acoso por razón de sexo en empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado.
Además, el Gobierno se remitía al Real Decreto 247/2024, que aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Y finalmente, citó la Instrucción de la Subsecretaría de 4 de octubre de 2024, que aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Este texto legal establece en sus "Principios rectores" que "resulta de aplicación a todo el personal de la Administración General del Estado independientemente del departamento ministerial u organismo público vinculado o dependiente donde preste sus servicios".
El buzón del PSOE
A pesar de que, aparentemente, incluiría a Moncloa. Sin embargo, fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno consultadas por este periódico no confirmaron la existencia de un protocolo específico y operativo en Moncloa.
Y este punto es relevante por el detalle crucial citado más arriba: las trabajadoras de Moncloa que denunciaron a Salazar utilizaron el buzón antiacoso del PSOE, no uno de Moncloa.
Esta circunstancia, la inconcreción de las respuestas parlamentarias escritas y la falta de contestación a este diario alimentan las dudas. Es más, sobre los hechos denunciados, el Gobierno aseguró que "tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación al no existir denuncia previa ante los órganos competentes".
Por ello, fuentes parlamentarias consultadas insisten en poner "en duda que en Moncloa exista un protocolo antiacoso o un canal de denuncias independiente y claramente operativo". Y por ello, que el entorno de trabajo sea realmente "un lugar seguro" para las mujeres.
Estas mismas fuentes destacan que el Gobierno, al que describen con sarcasmo como "el más feminista de la historia", despachó 14 de las 16 preguntas agrupándolas en una única respuesta "llena de lugares comunes y obviedades", sin abordar sus especificidades.
En esa respuesta genérica, el Ejecutivo afirmaba que "promueve y es firme defensor del derecho a la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos político, social, económico y cultural, impulsando legislación y políticas públicas de profundo calado feminista que, además, son referente en el contexto internacional".
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó los hechos descritos como "asquerosos", pero ha aclarado que a la Fiscalía le corresponde la competencia para actuar si no hay denuncias directas en los juzgados. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido no prejuzgar.
En un comunicado interno dirigido a sus militantes, el PSOE lamentó el viernes "no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias”.
El estallido del caso
En el mismo todo de autocrítica, el partido constata que “la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada”.
Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez, fue denunciado en julio de 2025 por empleadas de Moncloa que trabajaban a sus órdenes. Sin embargo, las denuncias fueron presentadas ante la Secretaría de Igualdad del PSOE, bajo el protocolo antiacoso del partido, y no en su lugar de trabajo.
La publicación de estas quejas evitó que Salazar fuese nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, un cargo al que aspiraba tras cinco años como uno de los colaboradores más cercanos al presidente en Moncloa.
Sin embargo, la investigación no avanzó, e incluso las denuncias desaparecieron del buzón del PSOE, alimentando las sospechas de que el partido quiso darle carpetazo a las acusaciones.
