Yolanda Díaz e Ione Belarra, durante un acto de precampaña de Sumar celebrado en julio de 2023.

Yolanda Díaz e Ione Belarra, durante un acto de precampaña de Sumar celebrado en julio de 2023. EP

Política

Yolanda Díaz coge la bandera de Podemos para la supresión de la concertada y pide aulas de 20 alumnos, 5 menos que el PSOE

Sumar estima que, para cumplir su ley, se necesitaría contratar a 34.717 profesores más, que pagarían las CCAA, pues las competencias de educación están transferidas.

Más información: Podemos vuelve a la carga contra los colegios concertados y pide que no obliguen a pagar la cuota.

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Las claves

Yolanda Díaz, líder de Sumar, propone suprimir la educación concertada financiada con fondos públicos y reducir el número de alumnos por aula a 20, cinco menos que lo planteado por el PSOE.

La propuesta incluye no renovar los conciertos educativos y priorizar la ampliación de plazas en la educación pública, lo que supondría un cambio en la Ley del Derecho a la Educación de 1985.

La medida implicaría desdoblar casi 20.000 grupos y contratar cerca de 35.000 profesores adicionales, suponiendo un sobrecoste mensual superior a ocho millones y medio de euros para las comunidades autónomas.

Sumar propone que los jóvenes en situación vulnerable o con necesidades educativas especiales cuenten doble en el cómputo de alumnos por clase, para favorecer la atención personalizada.

Sumar quiere acabar con la educación concertada que se sostiene con dinero público.

Yolanda Díaz ha dado un paso más allá y propone suprimir este modelo y limitar las aulas a 20 alumnos. Son cinco menos que lo que plantea el PSOE.

Aproximadamente el 30% de las plazas ofertadas en España son de este tipo de centros, gestionados por entidades privadas, mayoritariamente religiosas, con financiación pública.

Los socios del PSOE en el Gobierno de coalición proponen una reforma con dos medidas clave.

Por un lado, no renovar los conciertos educativos. Y, por otro, bajar las ratios en las aulas.

La medida es especialmente llamativa pues, hace un mes, el Ministerio de Educación consiguió pactar con los sindicatos una bajada del número de alumnos hasta los 22 en primaria frente a los 25 actuales y de 25 como máximo en secundaria frente a los 30.

Con este movimiento, los de Yolanda Díaz reviven un debate que siempre había abanderado Podemos.

Educación concertada

La propuesta de Díaz pide reformar la Ley del Derecho a la Educación de 1985 para que la educación pública sea prioritaria frente a la concertada, que debería tener "carácter subsidiario".

Básicamente, la ley que proponen los socios de Sánchez se basa en no renovar los conciertos con la educación privada que recibe fondos públicos.

"No se ampliarán ni renovarán conciertos existentes y las necesidades de escolarización se cubrirán con ampliación de plazas públicas", señala la proposición de Ley.

Las competencias de Educación están transferidas a las comunidades autónomas, que son las que deberían asumir el sobrecoste de contratar más docentes, al reducir el número de alumnos por aula.

Los de Yolanda Díaz quieren, además, que los jóvenes en condiciones vulnerables socioeducativas o con necesidades específicas de apoyo educativo cuenten doble a efecto de computar el número de alumnos por clase.

Con estos datos, Sumar estima que se desdoblarían 19.922 grupos y se necesitarían 34.717 profesores más.

Coste para las CCAA

Según el último monográfico sobre salarios en la educación pública elaborado por UGT, un maestro cobra una media de 2.500 euros al mes, sumando su salario base y los complementos específicos de cada región.

Esto quiere decir que, sólo en salarios por la bajada de los ratios, la propuesta de Sumar costaría a las comunidades autónomas más de ocho millones y medio de euros al mes.

A esto habría que sumar lo que implicaría para las cuentas públicas la reversión del 30% de las plazas educativas que están dentro del programa de conciertos educativos.

Según un estudio de la asociación de profesores de PLIS Educación, basado en datos oficiales, la enseñanza cuesta el doble al Estado si se imparte en un centro público que en uno concertado.