Mónica García quiere implantar en Madrid el 'modelo catalán' de aborto con píldora en centros de salud que evita ir al hospital

Para evitar el colapso de los hospitales y la derivación masiva a la privada, la formación de la ministra de Sanidad ha registrado una propuesta en la Asamblea de Madrid para que estas interrupciones, siempre que sean farmacológicas —es decir, mediante píldora y en embarazos de pocas semanas—, se realicen en centros de Atención Primaria.

El modelo replica el proyecto implantado en Cataluña, donde desde 2011 las intervenciones farmacológicas se realizan en centros de salud por equipos de matronas y ginecólogos.

Ya en 2017 este sistema permitía que el 40% de los abortos se llevaran a cabo en Atención Primaria, casi 6.000 al año, descongestionando hospitales y "garantizando un seguimiento cercano y seguro para las mujeres".

La propuesta de Más Madrid implica un cambio profundo respecto al funcionamiento actual en la Comunidad.

Hoy, las mujeres que solicitan un aborto farmacológico deben acudir a su ginecóloga en un hospital público —o, si empiezan el proceso en su centro de salud, son derivadas igualmente al hospital—.

En la práctica, la mayoría de estas intervenciones se realizan en clínicas privadas concertadas, pese a estar cubiertas al 100% por la sanidad pública.

Ahora, Más Madrid plantea crear Unidades de Salud Sexual y Reproductiva en Atención Primaria, integrando a matronas y equipos médicos multidisciplinares, de manera que el proceso sea "rápido, seguro y cercano".

Y con un seguimiento posterior por parte de ginecología para asegurar que el aborto se ha producido correctamente.

¿Matronas prescribiendo?

¿Este modelo qué implicaría en la práctica? Que hubiera equipos de ginecología integrados en los centros de salud (algo que hasta ahora no ocurre) y que las matronas jugaran un papel mayor en el proceso, en el que ahora hacen de informadoras.

Hay que recordar que el aborto farmacológico precisa de la prescripción de un fármaco que, en ningún caso, puede prescribir una enfermera. En este caso, una matrona.

En el sistema sanitario español, las enfermeras no pueden prescribir medicamentos, salvo si están previamente aprobados, reglamento mediante, por el Ministerio de Sanidad.

En estos momentos, el equipo de Mónica García no se plantea que este supuesto cambie y las matronas puedan prescribir estos fármacos.

Enmiendas por cinco millones

El modelo de atender las interrupciones en Atención Primaria, defendido por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ya se votó en la Asamblea de Madrid y fue rechazado por el PP de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora vuelve incorporado como una de las enmiendas al proyecto de presupuestos regionales, que se debatirá próximamente en la Cámara de Vallecas.

En total, la formación ha registrado un paquete de enmiendas valorado en cinco millones de euros para reorganizar completamente la atención al aborto dentro del sistema público madrileño.

Además del impulso al aborto farmacológico en centros de salud, Más Madrid propone que los hospitales públicos comiencen a asumir progresivamente la IVE instrumental —las intervenciones más complejas—, así como incorporar inmediatamente a la cartera pública los abortos terapéuticos más allá de la semana 23, que hoy obligan a muchas mujeres a ser derivadas fuera de Madrid o a recurrir a clínicas privadas.

Tensión con el Gobierno

Estas medidas se enmarcan en el clima de tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid en torno al aborto.

La región mantiene su negativa a entregar al Ministerio de Sanidad el registro obligatorio de objetores de conciencia, incumpliendo la Ley Orgánica 1/2023.

Más Madrid sostiene que esta falta de transparencia perjudica tanto a las mujeres —que ven limitado su derecho a abortar en la pública— como a los propios profesionales, que necesitan un registro operativo para ejercer su objeción sin quedar expuestos.

Mientras tanto, el Gobierno regional insiste en que la red pública garantiza el acceso al aborto sin perjuicio económico para las mujeres, puesto que las intervenciones derivadas a clínicas especializadas están cubiertas al 100% por el sistema público.

De hecho, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, volvió a rechazar el pasado martes la propuesta de Más Madrid, al asegurar que Mónica García actúa en este aspecto como "ariete" contra el Ejecutivo regional.

"No deberían enredar en estas cosas, se deberían preocupar de gestionar las ciudades autónomas, como Ceuta y Melilla, donde las mujeres se van a Málaga a abortar. No sé si les pagarán el billete o no", finalizó dirigiéndose a los de Mónica García.