Sánchez exige a Madrid, Aragón, Baleares y Asturias garantizar el derecho al aborto y cumplir con el registro de objetores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos de Madrid, Aragón, Baleares -estos tres del PP- y Asturias -del PSOE- exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el Registro de Objetores de conciencia, como marca la ley.

Además, les da tres meses para elaborar dicho registro. Si no se realiza, Sánchez advierte que el Gobierno activará los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento.

"Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", comienza el escrito enviado por Sánchez.

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Madrid: 99% en centros privados

Como dato, en la Comunidad de Madrid, que registró 18.149 abortos voluntarios en 2024, el 99,53% de ellos se realizó en centros privados. Únicamente 86 se realizaron en centros públicos, el 0,47% del total. De ellos, 85 fueron en hospitales y uno en un centro hospitalario.

Por este motivo, el presidente del Gobierno exige a estas cuatro comunidades autónomas que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el Registro de Personas Objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Es decir, que creen un registro sobre cuántos profesionales hay disponibles en los hospitales públicos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

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Asturias, Madrid, Aragón y Baleares carecen de este registro, a pesar de que el pasado mes de diciembre el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un protocolo para el desarrollo de dichos registros.

"Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”, explica Sánchez.

Baleares, Asturias y Aragón ya han anunciado este lunes que crearán el registro de objetores al aborto, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se resiste al afirmar que esta herramienta solo sirve para "estigmatizar" a los sanitarios.

Tres meses

En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, el presidente del Gobierno anuncia que se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, advierte el presidente en la misiva.

Aragón ya ha anunciado tras recibir esta carta que cumplirá con la ley del aborto y que creará un registro de objetores de conciencia.

"Cumpliremos lo que diga la ley, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra", ha afirmado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien ha estimado que Sánchez "quiere poner el aborto en el centro del debate" porque no quiere que se hable de que "hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal".

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Por su parte, la consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha subrayado que la prestación del aborto en la sanidad pública en su región está garantizada, aunque todavía no cuente con un registro de médicos objetores, que se hará en las próximas semanas.

Desde Asturias, la única región socialista que no cuenta con este registro, el Gobierno del Principado ha avanzado que está trabajando para aprobarlo "a la mayor brevedad" a través de un decreto.

Este nuevo paso al frente de Sánchez en lo que respecta al derecho al aborto se suma al ya dado por Sánchez la semana pasada tras proponer blindarlo en la Constitución para "impedir " que se "coaccione" a las mujeres tras la polémica moción de Vox, apoyada por el PP del Ayuntamiento de Madrid, que obliga a informarles sobre un supuesto síndrome postaborto que no tiene ningún tipo de base científica.

106.172 abortos

El Ministerio de Sanidad presentó la semana pasada el informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), que fue de 106.172 abortos en 2024, 3.000 más que el año anterior.

A nivel nacional, el informe recoge que cerca del 82% de los abortos siguen realizándose en centros privados, frente a sólo un 18% en la red pública.

En concreto, los centros públicos realizaron el año pasado 30.900 interrupciones, lo que supone 2.363 más que en el año 2023, mientras que en los centros privados el total fue de 83.609 interrupciones, 563 menos que en 2023.

Lo mismo sucede en la mayoría de comunidades, con porcentajes que se acercan al 100% en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, y que llegan a alcanzarlo en Extremadura, Ceuta y Melilla.

En contraposición, en comunidades como Baleares (61,30% en pública), Cantabria (88,49%), Cataluña (55,67%), Galicia (77,02%), Navarra (74,82%) y La Rioja (76,11%) los abortos se practicaron más en centros públicos que en privados.