Marlaska recurre la norma de Ayuso que permite a los policías locales de Madrid usar fusiles y balas expansivas

Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso. Esta vez, con el foco puesto en los policías locales y en las armas que pueden –o no pueden– utilizar en la Comunidad de Madrid.

Y es que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Reglamento de Armamento y Medios de Defensa aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de julio.

Interior sostiene que la norma madrileña vulnera la legislación estatal al permitir, de forma excepcional, que los agentes municipales porten armas largas —fusiles o escopetas— y munición expansiva, conocida como balas dum dum.

Según han argumentado desde el equipo del ministro el Real Decreto 137/1993, los policías locales solo pueden utilizar armas cortas, mientras que los proyectiles expansivos quedan reservados a cuerpos especialmente habilitados o a situaciones muy concretas bajo control estatal.

Una visión que nada tiene que ver con la que tiene el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de la Consejería de Interior de Carlos Novillo confirman a EL ESPAÑOL que la denuncia de Marlaska no es más que un "nuevo ataque del Gobierno de Sánchez a la región madrileña, tratando de impedir la protección y seguridad de los madrileños y de sus Policías Locales".

El consejero Carlos Novillo insiste en que el uso de armas largas "es una realidad en otras comunidades autónomas que no ha motivado ninguna acción en contra por parte del Ministerio del Interior".

Por eso, ha acusado directamente al titular de Interior: "El ministro Marlaska no quiere que se utilicen en la Comunidad de Madrid, cuando además estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista y los grupos organizados ya utilizan armas de guerra".

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El consejero se ha mostrado "muy contundente": "Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no vamos a tolerar este nuevo ataque del ministro Marlaska a la seguridad de los madrileños y de nuestros policías".

El recurso del Gobierno central se centra en dos puntos: la autorización de armas largas y la inclusión de munición expansiva. Interior defiende que la regulación de armas es competencia exclusiva del Estado y que una comunidad autónoma no puede ampliar los medios de los cuerpos policiales locales más allá de lo previsto en la normativa estatal.

La Comunidad, por su parte, sostiene lo contrario. Alega que el artículo 5 del Reglamento estatal permite que "funcionarios especialmente habilitados" utilicen armas largas y cierto tipo de munición, y recuerda que las policías locales forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reconocidas por el propio Ministerio del Interior.

Además, invoca la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales, que otorga a las comunidades capacidad para ordenar su organización y medios.

¿Cómo es la ley madrileña?

El Reglamento madrileño —aprobado hace unos meses mediante el Decreto 60/2025— regula por primera vez de forma unificada el armamento de los cuerpos de Policía Local. Establece una dotación básica (pistola, chaleco antibalas, grilletes, bastón policial) y una complementaria que incluye armas largas, dispositivos eléctricos de control, aerosoles defensivos y otros medios especializados.

Su uso queda limitado a situaciones en las que exista un riesgo "racionalmente grave" para la vida del agente o de terceros, y requiere autorización expresa y formación específica.

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El Ejecutivo madrileño defiende que la norma responde a reivindicaciones históricas de los sindicatos policiales, que reclaman equipamiento avanzado para responder a incidentes de especial peligrosidad.

El decreto introduce además un registro individualizado de armas, controles de mantenimiento, custodia obligatoria en dependencias policiales y formación periódica.