Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas, en un mitin celebrado el año pasado en su ciudad.
Rivas, primera ciudad de España en lograr una orden de alejamiento del municipio contra un ladrón reincidente
El Ayuntamiento, gobernado por IU en coalición con el PSOE, impulsa con sus servicios jurídicos esta medida pionera para combatir la oleada de robos.
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En ocasiones, los delincuentes tienden a actuar de forma reiterada en el mismo lugar, amparados en que la legislación contra los hurtos les permite seguir actuando sin apenas consecuencias.
Rivas-Vaciamadrid, un municipio de 100.000 habitantes a 16 kilómetros de la capital de España, donde los robos en hogares se han duplicado en los últimos seis meses, era uno de esos lugares. Pero ya no.
El Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida en coalición con el PSOE, se ha convertido en el primero de España en impulsar órdenes de alejamiento contra ladrones reincidentes, obligándoles a salir del municipio para proteger a los vecinos.
Todo comenzó en septiembre, cuando el informe de criminalidad del Gobierno de Pedro Sánchez destapó un incremento del 95,6% de los robos con fuerza en viviendas en el segundo trimestre de 2025.
La situación precisaba medidas contundentes y la alcaldesa, Aída Castillejo, decidió aplicar de forma sistemática una herramienta judicial que rara vez se utiliza en estos casos: la prohibición de entrar o residir en el término municipal a los autores habituales de robos.
Había precedentes en algunos municipios como Lloret de Mar (Gerona), donde se han dictado órdenes de alejamiento para delincuentes respecto al núcleo urbano. Pero con una diferencia clave: allí fue el juez quien promovió la medida; en Rivas es el propio Ayuntamiento el que impulsa la solicitud, a través de sus servicios jurídicos.
El consistorio sabe que, como institución, no puede figurar como acusación particular. Por eso creó un mecanismo que permite que el Ayuntamiento asuma los costes y gestione todo el procedimiento judicial en nombre de la víctima, desde la denuncia hasta la solicitud al juez de medidas cautelares.
Protocolo exprés
El funcionamiento es sencillo y, hasta ahora, inédito en España.
La víctima sufre un robo y acude a la Guardia Civil a interponer la denuncia. Allí recibe un formulario municipal para autorizar al Ayuntamiento a personarse en el proceso.
Con esa autorización, los servicios jurídicos del consistorio acompañan al vecino, presentan escritos, solicitan medidas y están presentes en todo el procedimiento.
Entre esas medidas, se incluye ya como habitual la petición de orden de alejamiento respecto al municipio, para evitar que el delincuente vuelva a actuar en la zona.
Desde su puesta en marcha, este periódico ha podido comprobar cómo está funcionando el sistema y ha tenido acceso en exclusiva a dos sentencias pioneras que avalan el modelo. Una ha terminado con prisión provisional sin fianza y, la otra, con la citada orden de alejamiento.
En el primer caso, el juzgado decretó prisión provisional sin fianza para un investigado por robo con fuerza en vivienda habitada. Las pruebas eran concluyentes: huellas, imágenes de vídeo y el testimonio de la víctima.
El juez subraya el altísimo riesgo de reincidencia: el detenido acumula 27 antecedentes policiales, varios procedimientos judiciales abiertos por delitos similares y carece de medios de vida conocidos ajenos al delito.
El auto aprecia también riesgo de fuga y considera la cárcel como la medida más adecuada para proteger a las víctimas y asegurar el proceso.
![El momento en el que roban el bar Limonche y como dejaron la máquina de cambio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/09\/29\/actualidad\/1003743946281_259060397_320x180.jpg"])
El segundo caso marca el hito: el juzgado acuerda prohibir al investigado entrar y residir en Rivas-Vaciamadrid mientras dure la instrucción. Se trata de una orden de alejamiento inusual en delitos contra el patrimonio.
El juez destaca la "reiteración delictiva" del acusado, que está implicado en varios robos en la zona que han generado un clima de alarma entre los vecinos. Considera la medida "proporcional y necesaria" para prevenir nuevos delitos y garantizar la tranquilidad del municipio.
Si incumple la prohibición, el juez advierte de que podrá endurecer las medidas, incluidas nuevas cautelares más severas.
El Ayuntamiento asegura que el modelo está empezando a funcionar y confía que será un ejemplo para otros consistorios donde tengan problemas similares. El objetivo, dicen, es reducir la delincuencia de reincidentes y dar mayor seguridad a sus vecinos.
