La Eurocámara inicia el procedimiento para levantarle la inmunidad a Alvise Pérez a petición del Supremo

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado durante el pleno en Estrasburgo que ha recibido el suplicatorio remitido por las autoridades españolas y ha enviado el caso a la comisión de Asuntos Jurídicos, que es la competente para examinarlo.

A partir de ahora, los miembros de esta comisión pueden pedir toda la información que estimen oportuna. Además, Alvise Pérez tiene derecho a ser oído y a aportar todos los documentos o elementos de prueba escrita que considere.

A puerta cerrada, la comisión de Justicia aprobará un dictamen recomendando que se apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que la Eurocámara suspenda o mantenga su inmunidad.

La decisión final es del pleno del Parlamento Europeo, y se aprueba por mayoría simple. El plazo medio de tramitación de los suplicatorios es de seis meses.

Alvise Pérez tiene ahora cuatro causas abiertas ante el Tribunal Supremo: por presunta financiación ilegal de SALF; por difundir una PCR falsa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; por acoso a los eurodiputados de SALF Diego Solier y Nora Junto y por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

Aunque se apruebe el suplicatorio, Alvise Pérez mantendrá su escaño en la Eurocámara. La suspensión de la inmunidad de un diputado no constituye un veredicto de culpabilidad, sino que simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder con una investigación o un juicio.

Dado que los diputados al Parlamento Europeo se eligen de conformidad con las leyes electorales nacionales, si un eurodiputado es declarado culpable de un delito penal, corresponderá a las autoridades del Estado miembro decidir si el interesado debe perder su escaño.

La Eurocámara da luz verde a casi todas las peticiones que le llegan para levantar la inmunidad de eurodiputados inmersos en procedimientos penales. 

Los únicos motivos para denegar el suplicatorio serían que la Eurocámara considere que el parlamentario en cuestión es víctima de una persecución política arbitraria.