ERC y Junts exigen a Sánchez mantener la nuclear catalana mientras no haya "garantías de suministro" con las renovables

Lo cierto es que el Gobierno ya ha virado en silencio sobre su hoja de ruta para clausurar la energía nuclear en España. Tras el gran apagón del 28 de abril, Moncloa busca que Naturgy, Iberdrola y Endesa sean las que soliciten las prórrogas para sus centrales, y éstas preparan su escrito a cambio de alivios fiscales.

Entretanto, fuentes de ERC y Junts confirman que han exigido que las plantas catalanas no bajen la persiana mientras no haya "garantías reales de suministro" con la fotovoltaica, la eólica o, en el futuro, el hidrógeno verde.

Desde la formación de Oriol Junqueras y la de Carles Puigdemont advierten de que no aceptarán el calendario sin un respaldo energético claro.

Según los informes oficiales, el apagón de abril evidenció la falta de dispositivos de estabilización ante picos de renovables en la red. Aquella señal de alarma obligó a pivotar la estrategia del Ejecutivo, que ya se plantea la prolongación nuclear, en espera de mayor capacidad verde.

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Las grandes eléctricas condicionan su disposición a prolongar la vida útil de las nucleares a "la rebaja de cargas fiscales". Los trabajos discretos con el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen serán clave para allanar el terreno.

La negociación con los independentistas catalanes no es pública. ERC evita usar este argumento por su perfil ecologista y de izquierdas. Y Junts se reserva sus bazas para las reuniones mensuales con el PSOE en Suiza, mediadas por Zapatero.

Por su parte, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, mantiene un interés extraoficial en prolongar Ascó y Vandellós. Oficialmente, apuesta por "inundar Cataluña de renovables", como expresó su portavoz, Silvia Paneque, esta misma semana. Aunque se reconoce que la transición no es inmediata.

Ahora mismo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé cerrar todas las nucleares entre 2027 y 2035. En Cataluña, Ascó I y II y Vandellós II cubren, de momento, el 60% de la demanda. El 20% restante de nuclear de España procede de esas mismas plantas.

El diálogo con los partidos catalanes está relacionado, asimismo, con el cierre de Almaraz, rechazado en el Congreso ya por iniciativa del PP. El desmantelamiento de la planta de Cáceres, en todo caso, ya está en marcha.

El pleno del Congreso abrió la puerta a prolongar nucleares el 17 de junio con la abstención positiva de ERC y Junts. Y es que el problema no es exclusivo de Cataluña. Extremadura consume casi el 40% de su electricidad de Almaraz. Y la Comunidad de Madrid obtiene el 15% de su consumo de la misma central.

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Otros gobiernos regionales advierten, en declaraciones a este periódico, de que "sin certeza de suministro no se pueden impulsar planes industriales". Reclaman inversiones en modernizar la red y acelerar licencias para nuevas fotovoltaicas y eólicas.

El eventual pacto con Cataluña, a través de ERC y Junts, abre un melón para otras regiones con nucleares o dependientes de ellas, como Andalucía y Madrid.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica sostienen, oficialmente, que las eléctricas prefieren centrarse en renovables ante el coste de adaptar nucleares a las normas de seguridad.

Pero las empresas reprochan al Ejecutivo haberlas asfixiado con subidas fiscales y la llamada Tasa Enresa para gestionar residuos. Entre 2008 y 2019, la fiscalidad del sector creció un 400%; y un 50% más desde 2019.

ERC y Junts condicionarán su apoyo parlamentario a la búsqueda de un modelo "aceptable". Mientras, el Gobierno mantiene la promesa de Sánchez de seguir adelante con el calendario, para no comprometer sus alianzas con Sumar.