Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, este miércoles en su escaño del Congreso.
El Gobierno lanza el 'teléfono de la esperanza' para ayudar a quienes buscan vivienda: el 047 te dirá qué ley aplica tu CCAA
El Ministerio explica que el número alude al 47º aniversario del artículo 47 de la Constitución, que reconoce que "todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna".
Con esta iniciativa "se busca empoderar a la ciudadanía para que pueda defender mejor sus derechos en materia de vivienda".
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Corría el año 2006. Los precios de los alquileres y de la vivienda se disparaban, y la ministra de Vivienda, la socialista María Antonia Trujillo, presentaba un portal web denominado kelifinder.com.
El portal, que costó 140.000 euros, ofrecía información sobre los programas y ayudas de las Administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales.
La campaña se acompañó con 10.000 zapatillas con las que "andar por toda la ciudad" para buscar vivienda en alquiler. El lema era: "Obviamente no podemos conseguirte casa, pero de momento te ayudamos a buscarla".
Diecinueve años después, la ministra de Vivienda, también socialista, Isabel Rodríguez, acudía este miércoles al Congreso con los alquileres disparados y el precio de la vivienda en máximos.
Su intervención venía precedida de las intervenciones de Gabriel Rufián, ERC, y de Ione Belarra, Podemos, en la sesión de control.
El independentista alertaba a Pedro Sánchez de que la crisis de la vivienda "puede acabar con su Gobierno" y le reclamaba medidas "para intervenir el mercado" como gravar la compra "para especular".
La líder de Podemos, en cambio, optaba por acusar al Gobierno de ser "un fondo buitre". "Ustedes están contribuyendo y mucho a la crisis de vivienda", afirmaba ante el malestar de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Para contrarrestar estas críticas, el anuncio estrella de la ministra de Vivienda fue el lanzamiento de un nuevo teléfono, el 047, cuyo objetivo, según el Ministerio, es "ofrecer información veraz sobre la normativa aplicable en cada territorio y sobre los programas de ayudas existentes".
El número de este nuevo teléfono no es casual. Según explican en el Ministerio, coincide con el 47 aniversario del artículo 47 de la Constitución, que reconoce que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".
"Empoderar al ciudadano"
Durante su comparecencia, la ministra justificó la creación de este teléfono de la esperanza para los millennials: "Es verdad que la concurrencia competencial hace a veces que la gente no sepa si tiene que ir a un registro autonómico, a uno local o dónde demandar una vivienda pública".
En el Ejecutivo defienden que, con esta iniciativa, "se busca empoderar a la ciudadanía para que pueda defender mejor sus derechos en materia de vivienda".
Desde hace tiempo, en el Gobierno culpan del auge de los precios a las comunidades del PP —once de diecisiete— por negarse a aplicar el control del precio máximo del alquiler en zonas tensionadas.
En el caso de Barcelona, donde sí se aplica, los precios tampoco han bajado. Según el índice Spotahome, el aumento interanual en la Ciudad Condal ha sido del 16,18 % hasta septiembre de 2025.
Además, comunidades del PSOE, como Castilla-La Mancha, tampoco han solicitado el control en zonas tensionadas. Asturias, donde gobierna Adrián Barbón, prevé declarar 16 zonas tensionadas antes de que finalice 2025.
Además de la Ley nacional de vivienda, en España varias comunidades tienen su normativa autonómica. Son Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, Navarra y Canarias.
La más reciente es la ley navarra "para el derecho a la vivienda asequible", impulsada por María Chivite.
La sintonía entre los Gobierno central y catalán en materia de vivienda quedaba reflejada en la intervención de Isabel Rodríguez .
La ministra de vivienda anunciaba que esta semana firmará con la Generalitat un protocolo para que gestione 13.000 viviendas en manos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) —la futura empresa estatal de vivienda— procedentes de la Sareb, el llamado "banco malo" por acumular activos tóxicos.
