Diana Morant y Pedro Sánchez en una fotografía de archivo en el congreso del PSPV.

Diana Morant y Pedro Sánchez en una fotografía de archivo en el congreso del PSPV. Eduardo Manzana

Política

El Gobierno cambia las reglas del juego para la creación de universidades y se reserva el derecho de veto ante las CCAA

El Ejecutivo obliga a todas las universidades de nueva creación a contar con un informe preceptivo y "vinculante" de una agencia de calidad (la ANECA nacional o alguna de las 10 autonómicas que existen).

Más información: El Gobierno impondrá con carácter retroactivo a las universidades privadas las nuevas exigencias de 'calidad'.

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El Gobierno acaba de aprobar en el Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto para endurecer los requisitos de creación y funcionamiento de las universidades españolas y reforzar la supervisión estatal sobre las comunidades autónomas.

El objetivo, según el Ministerio de Diana Morant, es "garantizar la calidad académica" y poner coto a la proliferación de campus privados y online que, en algunos casos, "no cumplen con los estándares mínimos en docencia e investigación".

Y es que, pese a que muchos nuevos campus no contaban con informes preceptivos de los técnicos del Ministerio de Universidades, han visto la luz, puesto que su estudio no era vinculante.

Ahora, el Gobierno cambia las reglas del juego y obliga a todas las universidades de nueva creación a contar con un informe preceptivo y "vinculante" de una agencia de calidad (la ANECA nacional o alguna de las 10 autonómicas que existen)

El Ministerio de Universidades justifica la reforma en la "eclosión" de universidades privadas durante los últimos tiempos.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 7 de octubre de 2025.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 7 de octubre de 2025. Alberto Ortega /EP

En los últimos 25 años se han creado 27 centros privados frente a ninguno público, y otros ocho proyectos están en tramitación. Precisamente, a estas ocho futuras universidades, es a las que se les obligará a ese informe favorable de la ANECA.

Algunos de ellos han recibido luz verde por ley autonómica, pese a contar con informes de calidad negativos, lo que ha llevado al Ejecutivo a reclamar un papel más determinante en el proceso de autorización y hacer un informe (externo al regional) obligatorio y vinculante.

Universidades online

El texto también introduce una regulación específica para las universidades online, tal y como adelantó este diario. Esto afecta a aquellas con más del 80 % de su docencia virtual.

Estos centros a considerarse universidades de "especiales características", con ámbito de actuación en todo el Estado, y solo podrán ser autorizadas mediante la aprobación de las Cortes Generales y evaluadas por la ANECA.

Se contemplan tres excepciones: los centros ya existentes, los que impartan al menos la mitad de su enseñanza en una lengua cooficial y los que reciban una financiación pública autonómica superior al 20 % de su presupuesto.

El Gobierno fija además una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes durante los seis primeros años de funcionamiento, acorde con el número de títulos requeridos (10 grados, 6 másteres y 3 doctorados).

También refuerza las exigencias de solvencia económica: las nuevas universidades privadas deberán presentar un aval bancario u otro instrumento legal equivalente que acredite recursos suficientes para sostener su proyecto.

Desde 2018, los técnicos del Ministerio han emitido 25 informes sobre nuevas universidades, con 13 valoraciones desfavorables.

De estos, cuatro centros fueron autorizados igualmente por sus comunidades autónomas y otros cinco continúan en tramitación. Los últimos informes, aprobados el pasado 8 de septiembre, incluyen tres dictámenes negativos y uno favorable con condiciones.

Con la entrada en vigor del Real Decreto, los ocho proyectos pendientes deberán adaptarse a las nuevas reglas del juego: informes vinculantes, mayor control estatal y exigencias de tamaño y solvencia que buscan frenar el crecimiento desordenado del mapa universitario español.