El expresidente catalán Carles Puigdemont este lunes, junto a Albert Batet, con la cúpula de Junts en Waterloo.
Junts logra que Sánchez obligue a empresas de toda España a que sus servicios de atención al cliente sean también en catalán
Puigdemont consigue que la Ley de Atención al cliente obligue a responder en catalán a compañías con más de 250 empleados o que facturen 50 millones.
Bancos, aseguradoras, suministradoras de energía, de telefonía y de transporte, entre otras, deberán incorporar a personal que hable y escriba catalán.
Junts per Catalunya ha conseguido que el Gobierno de Pedro Sánchez acepte que el catalán tenga rango de facto como lengua oficial en los servicios de atención al cliente de empresas con más de 250 empleados o 50 millones de facturación anual.
El pacto incluye enmiendas sustanciales al Proyecto de Ley de Atención al Cliente, que regulará los servicios de las grandes compañías.
Fuentes del partido de Carles Puigdemont destacan la "obligación" de las empresas de atender en catalán "siempre que el cliente lo solicite".
Así, los trabajadores de atención al cliente de empresas que den servicios públicos "deberán recibir formación obligatoria en catalán" para garantizar el derecho lingüístico de los consumidores.
La medida abarca todos los servicios básicos de interés general en España. Incluye compañías eléctricas, de suministros gas, de agua, de servicios de telecomunicaciones o aeronáuticas. También a las empresas ferroviarias, de transporte por autobús y las de servicios postales.
La norma también será de aplicación a las plataformas audiovisuales de pago, las entidades bancarias, las compañías aseguradoras y otras empresas de servicios públicos.
El ámbito de aplicación se extiende a cualquier empresa con más de 250 empleados o que facture más de 50 millones de euros anuales. La adaptación se aplicará tanto a comunicaciones verbales como escritas entre la empresa y el cliente.
"Un giro radical"
Junts ha conseguido sustituir la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo en la lengua oficial con la que se haya dirigido el cliente.
El cambio representa "un giro radical" y un "cambio de paradigma", según las fuentes de la formación independentista, "en la política lingüística estatal" y pone el derecho del consumidor "por delante de la ubicación territorial de la empresa".
El acuerdo llega en un momento especialmente delicado para la causa separatista.
El reconocimiento del catalán como lengua oficial en las instituciones de la UE está completamente estancado. El idioma ha quedado fuera del orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de la UE, frustrando las expectativas independentistas.
La alianza parlamentaria entre Sánchez y Junts atraviesa su punto más bajo desde la investidura. Carles Puigdemont reunió recientemente a la cúpula de su partido en Bruselas y advirtió sobre la necesidad de cumplimiento efectivo de todos los pactos alcanzados con el Gobierno español.
¿Camino a los PGE?
Puigdemont ha vinculado la continuidad de la relación con Moncloa a múltiples exigencias aún pendientes.
Exige el "blindaje definitivo del catalán" tanto en España como en la UE, el "traspaso integral" de las políticas de inmigración a la Generalitat y el impulso de "una verdadera financiación singular" para Cataluña.
También reclama la implementación completa de la Ley de Amnistía. La norma, aprobada pero aún pendiente de aplicación efectiva, debería amparar al propio Puigdemont y permitir su regreso sin consecuencias judiciales.
El giro de Moncloa hacia las tesis lingüísticas de Junts busca asegurar los apoyos imprescindibles en el Congreso. Sánchez se ha comprometido a presentar unos Presupuestos Generales para 2026 y, de momento, sabía que le era imposible que Junts se sentara siquiera a discutirlos.
El presidente necesita los siete votos independentistas para sacar adelante leyes clave y mantener cierta estabilidad parlamentaria en una legislatura marcada por la oleada de casos de corrupción que lo cercan y la parálisis legislativa.
