Los letrados avisaron a Armengol de que sus normas sobre la prensa "limitan la libertad de información"

Los propios letrados del Congreso admitieron en unas observaciones, fechadas el pasado 11 de julio, que "la presente proposición de reforma del Reglamento, al regular un régimen sancionador, supone una limitación del derecho a la libertad de información".

De ahí que pidan que "esta restricción deberá hacerse por ley" que, en todo caso, debe respetar "el contenido esencial del derecho y del artículo 53 de la Constitución".

El informe señala que el Reglamento del Congreso de los Diputados tiene carácter de norma, algo que otros expertos en derecho consultados por El Español ponen en duda y recuerdan que la única fue la franquista de 1966.

El documento, firmado por Fernando Galindo y otros dos letrados, es previo a la aprobación de la Reforma del Reglamento y durnate su tramitación parlamentario. En esas observaciones, los expertos alertan de la posibilidad de "generar inseguridad jurídica" y piden a la Mesa que clarifique las posibles situaciones.

Incluso instan a cumplir "un principio de proporcionalidad" que "requiere de una aplicación restrictiva del procedimiento sancionador" que "evite reprender conductas en las que no resulte patente que está incumpliendo los cánones".

"Una vulneración del principio de proporcionalidad en las sanciones supondría no solamente una transgresión del artículo 25 de la Constitución sino una restricción ilegítima del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa", llegan a advertir.

Además, señalan que no basta con la mera denuncia de personal de grupos parlamentarios para sancionar; deben existir pruebas objetivas y la participación de funcionarios públicos.

Las observaciones van más allá y piden que "la simple denuncia formulada por un grupo parlamentario o el personal adscrito al mismo no puede ser medio de prueba".

Otros son más críticos

Algunos letrados del Congreso, como es el caso de Manuel Fernández Fontecha, sostienen en otro análisis que "una regulación" sobre "una materia que no tenga que ver con el objeto del Reglamento es ultra vires".

"No cabe someter a regular exclusivamente parlamentaria lo que se desarrolla o puede desarrollarse en múltiples espacios de información, diferentes a la información estrictamente parlamentaria", tercia este veterano letrado.

Fontecha añade que el Reglamento de la Cámara no admite "el establecimiento de sanciones sobre una actividad que no está relacionada con la organización y el funcionamiento de las Cámaras", como pueden ser las ruedas de prensa.

De ahí que, junto a otros letrados, crean que sólo un juez puede revocar una licencia o una acreditación. De momento, ningún partido ha impugnado la reforma del Reglamento.

Hasta ahora, los más críticos han sido los populares, que este pasado viernes recibieron el texto sin logo. "De tapadillo", denunciaba la portavoz del grupo parlamentario, Ester Muñoz, que presumía de haber votado en contra porque siempre pensaron que "era una cacicada".

"El objetivo era darle poderes absolutos a la mesa para ver qué periodistas pueden preguntar y quiénes no", afirmaba en el Congreso y alertaba "tras leer la letra pequeña" que "la intención real no es sancionar a quienes puedan tener comportamientos reprochables".

En cambio, el portavoz socialista, Patxi López, presumía de que "la regulación nace de la petición y con el aval de las asociaciones de periodistas". "No va en contra de nadie, va en contra del acoso. No se impide a nadie ejercer la labor del periodismo. Hay que seguir unas reglas", terciaba.

Varios medios afectados

El nuevo Reglamento señala que no se puede acreditar a medios con menos de 10 trabajadores ni "emisoras de radio o cadenas de televisión de difusión digital sin concesión administrativa". Lo que además de a EDA TV podría afectar a Canal Red y a La Marea.

El texto ha generado malestar entre los periodistas, ya que va más allá de lo que muchos pretendían. Por ejemplo, no se podrán tomar imágenes de los dispositivos móviles de los diputados ni de los miembros del Gobierno, ni de sus documentos, como pasó con la imagen de Santos Cerdán leyendo el informe de la UCO desde su escaño.

La reforma prohíbe además que los periodistas hagan "seguimientos" a los diputados que se hayan negado a dar una entrevista o una declaración en los pasillos.

"Los representantes de los medios de comunicación deberán respetar dicha decisión, sin que puedan producirse seguimientos una vez que el interpelado, sea cual sea su condición lo haya decidido", afirma el Reglamento.