El PP esperará a ver cómo actúa Conde-Pumpido con el recurso de Puigdemont antes de entrar a hablar de la renovación del TC

El proceso de renovación debería completarse antes del próximo 17 de diciembre. Pero todo indica que el TC podría verse abocado a una situación de bloqueo semejante a la que sufrió el CGPJ durante cinco años, por falta de acuerdo entre los dos grandes partidos.

Al Senado le corresponde designar a un tercio de los magistrados, en sustitución de los cuatro cuyo mandato vence en diciembre.

Se trata del propio presidente y la magistrada María Luisa Balaguer, alineados en el llamado bloque progresista, y los magistrados Ricardo Enríquez y José María Macías, del ala conservadora.

Aunque el PP tiene en el Senado una mayoría absoluta de 145 senadores, no tiene capacidad para alterar el actual equilibrio en el TC: le faltan 15 votos para alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara, necesaria para designar a los nuevos magistrados del Constitucional.

El PP ni siquiera puede alcanzar esta cifra de 160 senadores sumando los apoyos de Vox (3), UPN (1) o Coalición Canaria (1).

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Y resulta completamente improbable que los partidos nacionalistas y el resto de socios del Gobierno vayan a aportar sus votos para que el PP imponga un equilibrio de fuerzas, o incluso una mayoría conservadora, en el TC: PNV (5 senadores), Bildu (5), ERC (4), Junts (4), BNG (1), Geroa Bai (1), Más Madrid (1) y Compromís (1).

De este modo, la única posibilidad para sacar adelante la renovación es un acuerdo entre el PP (145) y el PSOE (91). Y los socialistas exigirían mantener el actual equilibrio, designando dos nuevos magistrados progresistas y dos conservadores.

Algo que mantendría intacta la actual mayoría de izquierdas 7-5 en el TC, que ha avalado la Ley de Amnistía y ha anulado las condenas a destacados dirigentes socialistas en el caso ERE.

Por ello, la dirección del PP es partidaria de ver "qué fichas mueven" los socialistas, antes de tomar la decisión.

Que el PSOE plantee como candidatos nombres de prestigio, sin una evidente adscripción política, facilitaría el acuerdo para designar a dos magistrados progresistas y dos conservadores.

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Aunque los populares no se hacen muchas ilusiones. En la actual composición del TC, el bloque de izquierdas rompió la tradición según la cual con un presidente progresista se debe designar a un vicepresidente conservador. Y a la inversa.

Pero en la actualidad, ambos cargos corresponden al primer bloque: Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán.

Esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos antes de tomar una decisión, como indican desde Génova, implica que los populares van a seguir con especial detenimiento las decisiones que el bloque encabezado por Conde-Pumpido tome respecto a Carles Puigdemont.

Tras ocho años sin poder pisar España (salvo su visita relámpago a Barcelona en agosto de 2024, en la que no fue detenido por los Mossos), el expresident fugado ha presentado un recurso de amparo en el que, como medida cautelar, pide al TC que anule la orden de detención dictada contra él por el Supremo.

El líder de Junts no está dispuesto a esperar a la decisión definitiva que adopte al respecto el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que debe resolver las cuestiones prejudiciales planteadas contra la amnistía por el Supremo, el Tribunal de Cuentas y otras instancias españolas.

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Más aún, cuando la primera vista celebrada por el TJUE en Luxemburgo, para analizar las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, resultó bastante adversa a los intereses de Puigdemont.

La Comisión Europea planteó que la Ley de Amnistía no responde al "interés general" ni al objetivo de "convivencia" declarado en su preámbulo, sino que es un trueque político por el que Pedro Sánchez concedió impunidad a sus socios, a cambio de que apoyaran su investidura.

Si el bloque mayoritario encabezado por Conde-Pumpido toma una decisión (que puede ser tumbada luego por el TJUE) para facilitar que Puigdemont pueda regresar cuanto antes a España, resultará mucho más difícil que el PP se avenga a cerrar con el PSOE un acuerdo en el Senado, que mantenga el actual estatus en el Constitucional.

Precisamente, si finalmente el TJUE cuestiona, aunque sea parcialmente, la Ley de Amnistía (al menos respecto al delito de malversación que afecta a Puigdemont y Junqueras) o si, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, pone en solfa las resoluciones del TC que anularon las condenas a los responsables políticos del caso ERE, no sólo creará un grave problema político al Gobierno de Pedro Sánchez.

También ahondará en el descrédito del actual TC, en el que habitualmente se impone el rodillo de 7-5.

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Si no hay acuerdo para renovar el TC en diciembre y se prolonga su situación de bloqueo, sólo hay un escenario que pueda modificar el actual equilibrio en el tribunal de garantías.

Se trataría de un adelanto electoral a medio plazo, que Pedro Sánchez sigue negando, y que permitiera al PP alcanza una mayoría suficiente en el Senado para renovar el tercio del TC sin el concurso de los senadores socialistas. Pero no parece un escenario inmediato.

En este sentido, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ya ha pedido al ministro Félix Bolaños que, antes de abordar la renovación, reflexione sobre la necesidad de que el Constitucional "recupere la senda de respeto a la Justicia".

Según establece la Constitución, el Tribunal debe renovarse por tercios cada tres años.

De sus 12 magistrados, cuatro son designados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos; otros cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los magistrados del TC son designados por un mandato de nueve años.