Orden reemitida a todos los trabajadores del Ministerio de Defensa en el año 2019 que establecía la "desconexión inmediata" de los dispositivos Huawei.
Interior firma contratos con Huawei 6 años después de que Defensa ordenara "desconectar de inmediato" sus dispositivos
La instrucción de la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina vetaba también la conexión de los terminales al correo corporativo.
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El Gobierno de Pedro Sánchez navega entre contradicciones a la hora de definir una postura clara sobre la seguridad de los dispositivos Huawei. Para el Ejecutivo la tecnológica china no siempre ha supuesto "ningún riesgo" para la seguridad nacional.
En una orden remitida a todos los trabajadores del Ministerio de Defensa en noviembre de 2019, el departamento de Margarita Robles ordenó entonces la "desconexión inmediata" de dispositivos móviles de la compañía asiática.
La nota enviada desde la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina bajo el asunto "restricciones al uso de los Sistemas de Información del Ministerio de Defensa" estableció "la prohibición de conectar dispositivos de la marca Huawei (tablets, móviles, etc.) a Redes o Sistemas de Información del MDEF".
Una medida que también vetó específicamente la conexión de estos terminales al correo corporativo de los empleados, por ser considerado como parte de la red del ministerio.
La parte más contundente del documento fijó que "en el caso de que algún usuario de esta Unidad esté en posesión de un dispositivo Huawei con acceso al correo corporativo, deberá proceder a su desconexión inmediata del mismo".
En la actualidad, no consta que el departamento que dirige Margarita Robles haya emitido ninguna contraorden o resolución que derogue la instrucción interna de 2019.
Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer si se ha producido algún cambio reciente en esta política, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
Veto de EEUU
La decisión de Defensa se enmarcó en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuando la alianza de inteligencia Five Eyes, formada por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, alertó sobre posibles riesgos de espionaje por parte de Huawei.
En ese momento, tras emitirse la orden interna de Defensa, la tecnológica defendió que sus dispositivos cumplían con "los más altos estándares y certificaciones internacionales de seguridad".
La empresa china destacó que en "más de 30 años de actividad, nunca ha tenido un incidente relacionado con la seguridad en los 170 países" donde opera.
Seis años después, la posición del Gobierno español hacia Huawei ha dado un vuelco completo. O, al menos, uno de sus departamentos actúa por libre o directamente ignora las cautelas impuestas por otros.
¿El motivo? El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado a la compañía china un contrato de 12,3 millones de euros para mantener el sistema OceanStor 6800 V5, utilizado para almacenar las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado.
Esta decisión ha desatado una nueva polémica a nivel internacional. Los presidentes de los comités de Inteligencia del Congreso y el Senado estadounidenses han pedido revisar los acuerdos de intercambio de información con España. Porque temen que datos sensibles puedan acabar en manos del Partido Comunista Chino.
"España está jugando con fuego al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus ciudadanos". Es la advertencia que realizó Rick Crawford, presidente Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos.
En los últimos días, Bruselas también ha expresado su "máxima preocupación", recordando que la Unión Europea considera a Huawei un proveedor de "alto riesgo".
Desde el Ministerio del Interior sostienen que la contratación de estos sistemas de almacenamiento "no comporta ningún riesgo para la seguridad", y que el procedimiento cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad por autoridades de certificación independientes.
La situación actual refleja una clara inconsistencia en la política de ciberseguridad española.
Si en 2019 los dispositivos personales de Huawei se consideraban un riesgo para los sistemas de Defensa, resulta paradójico que en 2025 sus servidores se consideren seguros para custodiar datos tan sensibles como las interceptaciones judiciales autorizadas por jueces en investigaciones criminales y de seguridad nacional.
![El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ofrece una entrevista durante su último viaje a China, el pasado mes de julio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/08\/03\/actualidad\/1003743873414_257753434_320x180.jpg"])
Además, cabe recordar que la infraestructura de Huawei permanece vetada en la red 5G española, también por motivos de seguridad.
Ofensiva del PP
Tras conocerse la adjudicación a Huawei del contrato de 12 millones de euros por parte de Interior, el PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones al Ejecutivo. Los populares han solicitado la comparecencia urgente de los ministros de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia en el Congreso y el Senado, al considerar que se trata de una decisión "alarmante" que pone en riesgo la seguridad nacional.
El vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, advirtió este lunes de que "España no puede permitirse jugar con fuego", y exigió la remisión íntegra del expediente de contratación y todos los informes de ciberseguridad que avalaron la elección de Huawei.
