Uno de los menores migrantes rescatados tras volcar un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, en El Hierro (Canarias).
El Gobierno confirma que para el reparto de menas "no aumentará el gasto público" ni habrá "incremento de personal"
Dos años después del aviso de Clavijo sobre la "emergencia humanitaria", Moncloa admite que la llegada de menas subió un 221% en ocho años. Sindicatos, ONG y las CCAA de origen y receptoras rechazan el nuevo decreto.
Más información: Canarias acusa al Gobierno de trampear los plazos y el número de menas: sólo se lleva a 3.355 y "no lo hará antes de septiembre".
Dos años después de la denuncia formal del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la gravedad de la crisis migratoria, el Consejo de Ministros admite ahora la dimensión de la "emergencia humanitaria".
Pero a pesar de que el decreto aprobado el pasado martes reconoce que el sistema español de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) afronta "un repunte del 221% en el número de menores llegados en los últimos ocho años", la respuesta del Gobierno central es "lamentable", según el Ejecutivo de las islas.
Porque la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, lejos de implicar nuevos recursos, deja claro, en el texto del decreto, que la operación se afrontará "sin aumento de gasto público ni incremento de los gastos de personal".
Así lo reconoce la disposición adicional segunda del texto legal. Aunque parezca contradecir la argumentación inicial, que aparece en la exposición de motivos del nuevo Real Decreto que regula el reparto y la reubicación de estos menores entre Comunidades Autónomas peninsulares.
"Este ha sido el problema desde el primer momento", explican fuentes presentes en las negociaciones rotas entre Moncloa y el PP. "El Gobierno nunca quiso saber nada, ni siquiera con Canarias y Ceuta. Y eso que ha recibido fondos europeos para la inmigración, 500 millones de euros, que no se sabe dónde han ido".
Obligaciones de las CCAA
La publicación del Real Decreto 658/2025 en el Boletín Oficial del Estado reincide en una advertencia que retumba desde hace años en Canarias. El Ejecutivo admite, por escrito, la escalada migratoria y su impacto desbordante sobre el sistema de protección de menores.
Y aunque la reubicación en otras CCAA ya no será voluntaria, sino bajo el nuevo marco de "solidaridad equitativa", el texto legal liquida toda esperanza de refuerzo. Y refuerza el argumentario de las autonomías del PP, que rechazan el criterio de reparto, "que privilegia a Cataluña y País Vasco", además de la falta de financiación, ahora confirmada.
Este matiz convierte la norma en un foco de conflicto con las Comunidades receptoras. El proceso de traslado, desde la inscripción de cada menor en el registro nacional hasta la llegada al centro de destino, deberá ejecutarse mediante los recursos humanos y económicos ya existentes.
El Estado renuncia así a la creación de nuevas partidas presupuestarias o a la contratación de más profesionales, incluso cuando el volumen migratorio supera cualquier precedente.
El decreto articula un procedimiento detallado para el traslado: 15 días naturales como plazo máximo por cada asignación, comunicación entre administraciones y la intervención garantizada del Ministerio Fiscal.
También determina que será la Comunidad Autónoma de origen quien costee los gastos extra del desplazamiento, ya que el fondo estatal previsto solo cubrirá lo mínimo señalado en la legislación vigente.
Las obligaciones, en materia de atención integral y enfoque adaptado —incluida la protección a menores más vulnerables o víctimas de trata—, recaen sobre las autonomías receptoras. De ellas dependerán "la adecuada tutela, los recursos especializados y la integración social, educativa y sanitaria" de los menores una vez reubicados.
El malestar sindical
La decisión de no reforzar plantillas ni presupuesto ha sido duramente criticada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El sindicato subraya la contradicción de que "el real decreto excluye el refuerzo de plantillas y el incremento de recursos", pese a reconocer el Gobierno "el alza del 221% en la inmigración de menores".
CSIF ha exigido medidas urgentes frente a un escenario que, en su opinión, "pone en riesgo la seguridad de los profesionales tanto como el bienestar de los menores":
Un refuerzo de plantillas y la revisión de ratios por menor. La incorporación de psicólogos, trabajadores sociales y personal de seguridad. Nuevos protocolos contra agresiones y registros específicos de incidentes, y vigilancia 24 horas en todos los centros.
![Moncloa pacta con Canarias que Cataluña y País Vasco no entren en el reparto de los 4.400 menas que llevará a las CCAA](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/02\/06\/espana\/politica\/922168633_252911024_320x180.jpg"])
Además, reclaman sistemas de alarma y pulseras de pánico para los trabajadores y el reconocimiento del complemento de peligrosidad, además de apoyo psicológico y jurídico.
En muchos centros, "la plantilla resulta insuficiente" según criterios europeos, lo que agrava la presión y el malestar entre los propios empleados públicos. CSIF recalca que "al Gobierno no le importa la repercusión que la llegada de los menores tendrá en las plantillas de los centros, ni la situación en que quedan los empleados públicos".
Pero el decreto, sin embargo, defiende que, con "eficiencia normativa", el modelo implantado "evita cargas administrativas innecesarias, garantiza la coordinación rápida de recursos y respeta el principio de proporcionalidad".
Aunque el problema de fondo es evidente: la presión sobre las plazas no va acompañada de incentivos para abrir nuevos recursos ni de fondos extraordinarios para mantener la calidad y seguridad de la atención.
De hecho, el Gobierno remite a los Gobiernos regionales la ejecución de los protocolos, la organización de traslados y "la garantía del interés superior del menor".
El modelo de reparto
La paradoja reside en que se reconoce, en la propia exposición de motivos, el carácter histórico de la presión migratoria. Se detalla la "urgencia" de asegurar la cobertura social, sanitaria y educativa.
![Rescate de 180 inmigrantes que llegaban a Fuerteventura en tres pateras. Efe](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/04\/actualidad\/1003743835376_257053641_320x180.jpg"])
Sin embargo, los cuatro ministerios proponentes apuestan exclusivamente por la redistribución de las cargas. Mientras, "desoyen las demandas de más medios y personal" elevadas por el Gobierno de Canarias, los sindicatos y las entidades especializadas (ONG).
La ausencia de cambios en las políticas de contención de las llegadas, unida a la renuncia de financiación para las reubicaciones, anticipa "el riesgo de cronificación de la saturación en los centros", denuncian las citadas fuentes negociadoras.
El propio decreto apunta a que la planificación deberá realizarse "con los recursos de protección más adecuados en cada caso", pero evita cifrar el esfuerzo económico mínimo necesario.
En definitiva, el nuevo decreto aboca a un escenario de reparto obligatorio de menores migrantes, bajo criterios de solidaridad nacional, pero sin blindaje económico ni refuerzo profesional.
Las CCAA de origen y las receptoras, los técnicos y los sindicatos implicados denuncian que la respuesta del Gobierno es "más formal que real" y advierten de que la carga recaerá en equipos ya tensionados y en regiones que sufren la llegada constante de nuevos menores.
