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Dos tercios de españoles piden prohibir que exministros y altos cargos trabajen en consultoras que actúen como lobbies
El 67,7% considera que hay que tomar medidas para impedir escándalos como el de Montoro y Equipo Económico o el de José Blanco y Acento.
Más información: Blanco y Alonso, tras la estela de Montoro: Acento presiona al Gobierno y cambia normas en las Cortes en pro de sus clientes
Los españoles lo tienen claro, hay que prohibir que exministros o altos cargos del Estado puedan trabajar como consultores en empresas privadas con las que tuvieron relación durante su etapa en el sector público y actúen como lobbies.
Según el último sondeo de SocioMétrica elaborado para EL ESPAÑOL, el 67,7% de los encuestados se opone rotundamente a esta práctica, incluso si ha transcurrido un periodo de tiempo tras abandonar el cargo.
El debate sobre la actividad de los lobbies se ha intensificado en las últimas semanas, tras el presunto caso de corrupción que afecta al exministro Cristóbal Montoro y a Equipo Económico o el papel de Acento, el despacho del socialista Pepe Blanco.
El rechazo de los españoles no es puntual ni minoritario. Sólo un 2,3% de los encuestados aprueba que altos cargos pasen directamente a asesorar a empresas privadas con las que trabajaron desde el sector público.
Un 1,8% lo acepta si se produce tras dos años de espera, en cambio, un 27,1% estaría de acuerdo únicamente si han pasado al menos cinco años desde que abandonaron sus responsabilidades institucionales. Aun así, la opción más apoyada con diferencia sigue siendo el "no en ningún caso" (67,7%)
Rechazo transversal
La oposición es generalizada con independencia de la ideología política de los encuestados. El electorado de Podemos es el más contundente: el 86,7% está en contra de que altos cargos puedan trabajar en empresas de consultoría en cualquier circunstancia.
Le siguen los votantes de Vox (77,3%), Sumar (67,7%) y el PSOE (72,2%). También entre los simpatizantes del PP un 61,4% lo rechaza de plano.
El rechazo, además, no es exclusivo de un perfil demográfico. Por edades, los españoles entre 36 y 59 años son los más tajantes: un 70,8% se opone en todos los casos, algo por encima de los jóvenes de entre 17 y 35 (63,8%) y de los mayores de 60 (66,1%).
Por género, la diferencia es mínima: el 68,3% de los hombres y el 67,1% de las mujeres comparten el rechazo.
Los datos revelan una clara exigencia ciudadana: se necesitan reformas legales que impidan estas prácticas o, al menos, que establezcan periodos de incompatibilidad suficientemente largos para garantizar la independencia y limpieza de los procesos públicos.
Pero esta no es una reclamación única de la ciudadanía española. El último informe de la UE que analiza la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y el equilibrio de poderes en cada país; volvió a suspender a España en materia de transparencia y control de la influencia de los grupos de interés: los lobbies.
De hecho, la inquietud de Bruselas respecto a este asunto no ha dejado de aumentar. En 2020, el informe europeo apenas hacía referencia a la falta de regulación sobre los lobbies, y sólo lo mencionaba en tres ocasiones.
Una de ellas destacaba que el Gobierno de Pedro Sánchez había comunicado su intención de impulsar una ley específica al respecto.
Cinco años después, aquella iniciativa legislativa sigue bloqueada dentro del propio Ejecutivo, y las advertencias de la Comisión Europea se han intensificado notablemente: en su informe más reciente, los términos "lobby" o "grupo de interés" aparecen hasta 13 veces.
Acento, EE y Zaño
Acento es una empresa de asesoría propiedad del exministro y exresponsable de Organización del PSOE Pepe Blanco que, como ya ha contado este periódico, presiona al Gobierno y cambia normas en el Congreso de los Diputados y el Senado para favorecer a sus clientes.
La consultora, presidida por el exministro de Sanidad del PP Alfonso Alonso, ha sido la que más ha crecido en los últimos años. Sólo en 2024, su facturación aumentó un 21%, al pasar de 7,8 a 9,5 millones de euros. En ese mismo ejercicio, Acento obtuvo unos beneficios de 2 millones de euros.
José Luis Ábalos y Koldo García han apuntado a José Blanco como el jefe de una red de influencia para conseguir contratos en el Ministerio de Transportes.
También el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y otros nueve altos cargos del Gobierno de Rajoy han sido imputados por cambiar leyes fiscales a favor de empresas gasistas que pagaron 779.000 euros al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro.
Y de igual manera está el lobby opaco del socialista Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, al frente de la entidad Zaño Sociedad Consultora.
Esta empresa opera con sólo cinco empleados y genera más de un millón de euros anuales, a pesar de no tener página web, presencia en redes sociales ni realizar ningún tipo de publicidad. Es, prácticamente, una empresa fantasma. No existen noticias ni menciones en internet sobre ella.
Ficha técnica
Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.
