El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, este lunes en Santiago de Chile.
Sánchez implica al PP en la "internacional del odio" mientras depende de su voto para aprobar tres decretos clave
Las empresas energéticas presionan al PP para que permita con su voto a favor o su abstención la convalidación del decreto 'antiapagones'.
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Pedro Sánchez incluyó este lunes a la derecha tradicional como parte de la "internacional de odio y la mentira". Y lo hizo justo cuando su Gobierno depende del PP para convalidar tres decretos clave en el Congreso de los Diputados.
Desde Santiago de Chile, durante una cumbre junto a líderes de izquierda latinoamericanos como Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Yamandú Orsi, el presidente del Gobierno instó a los gobiernos progresistas a "pasar a la ofensiva" en defensa de la democracia.
En ese contexto lanzó una crítica directa al PP: afirmó que partidos como el de Alberto Núñez Feijóo "han desertado" de los consensos básicos y "han sucumbido" al marco ideológico de la "ultraderecha".
La paradoja es que, menos de 24 horas después de esa intervención, el Gobierno de Sánchez necesita el voto o al menos la abstención del PP para salvar tres decretos. Es decir, el Ejecutivo llega a la última sesión del curso parlamentario antes de las vacaciones en situación de extrema debilidad.
El más relevante es el decreto conocido como antiapagones, aprobado tras el corte masivo de suministro eléctrico del pasado 28 de abril. Incluye medidas para reforzar la seguridad del sistema, acelerar la transición energética y blindar la red ante futuros fallos.
El problema para el Gobierno es que sus socios habituales no le garantizan la mayoría. Podemos votará en contra de este decreto por considerar que se trata de una medida diseñada para proteger a las grandes eléctricas.
Eso deja la decisión en manos del PP y Vox. Una abstención bastaría para convalidarlo, pero los populares no han revelado su voto y, según fuentes de Génova, no lo harán hasta este mismo martes.
Mientras tanto, el PP afronta una fuerte presión desde fuera del Congreso. Empresas y asociaciones del sector energético, incluidos grupos ecologistas, piden que el decreto se convalide cuanto antes.
El segundo decreto que se somete este martes a votación es el de entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos. Ante la falta de Presupuestos Generales, el Gobierno ha tenido que activar esta vía para liberar más de 27.000 millones.
El tercero introduce incentivos fiscales para eventos de excepcional interés público, como el Mobile World Congress, y transpone una directiva europea sobre vehículos a motor. Ambos textos son considerados urgentes.
El Gobierno había retirado del orden del día otras iniciativas más polémicas, como la reducción de jornada laboral o la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, para evitar nuevas derrotas parlamentarias.
Decreto 'antiapagones'
El sector energético e industrial vive este martes su jornada más tensa en años, ante el riesgo real de que el decreto no salga adelante y se frene una reforma considerada urgente por todo el tejido productivo.
"Es la primera vez en muchos años que, ante una nueva normativa, todo el sector, desde la industria electrointensiva, distribuidoras, renovables, autoconsumo, baterías o grandes eléctricas, se une para pedir que se apruebe. Es un poco el 'Basta Ya' del sector", señala por su parte, Óscar Balseiro, secretario general de Protermosolar, a este diario.
![Sara Aagesen, vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/08\/actualidad\/1003743839477_257128718_320x180.jpg"])
Según fuentes del Congreso consultadas, "el problema es que no se está mirando esta Ley desde un punto de vista técnico, sino político. ERC no está contenta con la financiación singular de Cataluña propuesta por el Gobierno y Junts sigue con sus demandas".
Sin ellos, solo quedaría mirar al Partido Popular. "La clave es que no van a apoyar una Ley de Sánchez. Si los catalanes votan en contra, el PP también lo hará. Si finalmente cambian de parecer, votarán abstención para no tener en contra a todo un sector", añaden.
Qué se está jugando
Según el informe 'Una oportunidad para la reindustrialización' realizado por la consultora PwC, "introduce mecanismos más ágiles de planificación, conexión y flexibilización del sistema eléctrico".
"La planificación trienal, las modificaciones puntuales bienales, los procedimientos fast track para nuevas posiciones en subestaciones o la posibilidad de compartir demandas firmes son herramientas clave para modernizar un sistema hasta ahora limitado por rigideces normativas y procesos administrativos lentos".
Si no se aprueba, dejaría en el aire la integración de renovables no gestionables, al no aprobarse la declaración de utilidad pública del almacenamiento y la simplificación de trámites para hibridaciones. Así como la ampliación del autoconsumo compartido hasta 5 km, que permitiría el desarrollo de comunidades energéticas.
Otras medidas, como las modificaciones técnicas para controlar la tensión de la red eléctrica, el apoyo a la industria electrointensiva, estableciendo una reducción del 80% en los peajes de acceso a las redes, la electrificación industrial o el impulso de los puntos de recarga de vehículos eléctricos se congelarían a la espera de mejores tiempos.
Y además, se estancaría la repotenciación de instalaciones renovables que supongan un aumento de potencia inferior al 25%, o ya no se cambiaría el orden de prioridad de despacho, que otorgaría preferencia a las instalaciones hibridadas con almacenamiento y tecnologías renovables.
Ahorro y competitividad
También el Gobierno ha avisado de lo que se juega el sector si no consigue los apoyos necesarios, como una mayor supervisión, más resiliencia, planificación y transición energética.
Mayor supervisión por el refuerzo que supone la función de supervisión del sector eléctrico por parte de la CNMC, que evaluará periódicamente (cada tres meses) las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio. Asimismo, REE evaluará la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia.
Más resiliencia, porque incorpora medidas de resiliencia del sistema eléctrico, protegiendo con ello a los consumidores. Ya las ha aprobado el Consejo de Ministros, con una dotación de 750 millones de euros y un ahorro estimado de 200 millones anuales una vez estén implantadas.
Actualiza el proceso de planificación de las redes eléctricas, acortando los plazos de tramitación y facilitando la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo, para acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía.
Y por último, impulsa el almacenamiento y facilita la hibridación de baterías en plantas renovables, favorece el autoconsumo, agiliza permisos (sin menoscabar estándares medioambientales y evitando la especulación) y reduce plazos de ejecución.
También incentiva la repotenciación eólica, alienta la conexión a la red de nuevas industrias, acelera la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor, e introduce la figura de agregadores de demanda.
La demanda, en riesgo
Y al menos 16.000 MW de nueva demanda industrial podrían estar en riesgo de quedar bloqueados si no se activan medidas como las que contempla el Real Decreto-ley 7/2025.
El informe de PwC señala, además, que persisten barreras estructurales que deben ser abordadas con urgencia como la agilización de los concursos de acceso para la demanda, y la revisión del marco retributivo de las redes.
Y se debe asegurar que resulte atractivo para movilizar inversiones sostenidas en un contexto de electrificación intensiva.
Además, se estima que con las medidas del decreto se podrían habilitar conexiones por unos 40.000 MW. Suponiendo, consevadoramente, que la mitad (20.000 MW) son válidas para industria, vivienda y centros de datos y estimando que la industria tiene una inversión media de 10 millones de euros por cada megavatio de potencia eléctrica conectada, se concluye que estarían dejando de invertir en la industria unos 200.000 millones de euros.
En definitiva, la falta de capacidad de red puede desincentivar inversiones, limitar la competitividad territorial y generar desigualdades entre regiones con acceso y aquellas con nudos saturados.
Empresas, instituciones, asociaciones, organizaciones de todo tipo como grupos ecologistas (Greenpeace), empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (AICE, ANFAC, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA, SERNAUTO y UNESID), por AEGE y la Alianza España Verde y Conectada; así como las asociaciones de renovables (AEE, APPA y UNEF), entre otros actores.
