La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, este lunes en el Congreso de los Diputados.
El PP tiene en su mano poner en evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno en el cierre del curso político
Las empresas energéticas presionan al PP para que permita con su voto a favor o su abstención la convalidación del decreto "antiapagones".
Más información: Podemos votará en contra del decreto 'antiapagones' y deja al Gobierno en manos de una abstención del PP o de Vox
El intenso curso político, desarrollado como una especie de montaña rusa imprevisible, está a punto de terminar con un inesperado giro de guion: el Gobierno depende del PP para irse de vacaciones dejando en evidencia su debilidad parlamentaria o acabar sin una nueva derrota que amargue el fin del periodo de sesiones en el Congreso.
En pleno enfrentamiento por los respectivos casos de corrupción, el PP tiene en sus manos al Gobierno, porque puede mostrar que los socios de investidura ya no están con Pedro Sánchez y que lo que ocurrió el 9 de julio en el Pleno sobre el "caso Cerdán" fue sólo un espejismo de breve duración.
El partido de Alberto Núñez Feijóo se debate entre la tentación de irse a agosto con el Gobierno más débil o ceder a la presión de todas las empresas y asociaciones del sector energético, incluidos grupos ecologistas. El rechazo de Podemos a apoyar el decreto del Gobierno desplaza la responsabilidad hacia el principal partido de la oposición.
El Gobierno había "limpiado" el pleno extraordinario de este martes, para no arriesgar en asuntos que podrían provocar derrotas, como el proyecto de ley para reducir jornada laboral y el que modifica la forma de acceso a las carrera judicial y fiscal que tanto han protestado asociaciones profesionales.
Ambos textos han sido bloqueados hasta septiembre para evitar derrotas, pero ha quedado la convalidación del decreto aprobado por el Gobierno para establecer medidas que puedan impedir que pueda producirse de nuevo un apagón energético como el del pasado el 28 de abril.
El decreto incluye ayudas para las empresas energéticas con renovables, entre otras medidas, que son consecuencia del informe oficial que investigó las causas del apagón y que decaerían si el Gobierno no reúne una mayoría simple para convalidarlo.
Todos los socios del Gobierno votarán a favor, salvo Podemos que entiende que no defiende el interés general, sino los intereses de las grandes empresas energéticas del país. Por eso, la opción de convalidación depende del PP y Vox que aún no han revelado el sentido de su voto y bastaría con una abstención de uno de ellos.
A Junts el Gobierno le ha concedido un artículo en el decreto para ayudas para el tratamiento de residuos orgánicos de animales en Cataluña.
Fuentes del Gobierno explican que "se han manifestado a favor de la norma grupos ecologistas como Greenpeace; las empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (AICE, ANFAC, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA, SERNAUTO y UNESID), por AEGE y la Alianza España Verde y Conectada; así como las asociaciones de renovables (AEE, APPA y UNEF), entre otros actores".
De hecho, en los últimos días estas empresas y asociaciones del sector energético presionan al PP para que permita la convalidación del decreto, por entender que afectaría a sus intereses y a la imagen exterior de España y ante los inversores internacionales.
El PP no ha querido ni negociar con el Gobierno, según la versión del Ejecutivo. Fuentes populares aseguran que hasta la misma mañana del martes no comunicarán el sentido de su voto y explican que apoyar el decreto sería una especie de indulto político a las causas del apagón.
Podemos, según el PSOE, ha evitado negociar también con el Gobierno y, por eso, el malestar entre los socialistas con el partido de Ione Belarra es notable. Explican esas fuentes que Podemos ha preferido marcar posición propia y seguir castigando al Gobierno antes que apoyar las medidas que buscan evitar nuevos apagones y que, además, favorecen a las energías renovables.
La Vicepresidencia tercera para la Transición Ecológica explica que el decreto "refuerza la función de supervisión del sector eléctrico por parte de la CNMC, que evaluará periódicamente (cada tres meses) las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio. Asimismo, Red Eléctrica evaluará la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia".
El departamento que dirige Sara Aagesen señala que "incorpora medidas de resiliencia del sistema eléctrico, protegiendo con ello a los consumidores, mediante la incorporación de soluciones tecnológicas que robustecen el sistema eléctrico a un menor coste para el consumidor. Ya las ha aprobado el Consejo de Ministros, con una dotación de 750 M€ y un ahorro estimado de 200 M€ anuales una vez estén implantadas".
"Actualiza el proceso de planificación de las redes eléctricas, acortando los plazos de tramitación y facilitando la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo, para acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía", añade.
Y respeto a la transición energética "impulsa el almacenamiento y facilita la hibridación de baterías en plantas renovables, favorece el autoconsumo, agiliza permisos (sin menoscabar estándares medioambientales y evitando la especulación), reduce plazos de ejecución, incentiva la repotenciación eólica, alienta la conexión a la red de nuevas industrias, acelera la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor, e introduce la figura de fregadores de demanda, entre otras medidas".
Además, el pleno convalidará dos decretos necesarios por la falta de Presupuestos Generales del Estado: uno sobre entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos y otro que otorga incentivos fiscales para distintos eventos y traspone una directiva europea sobre vehículos a motor.
