El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, durante la Comisión bilateral Estado-Generalitat, en el Palau.
El Gobierno admite que hoy empieza un difícil proceso de años que troceará la Agencia Tributaria del Estado
El proceso se prolongará más allá de esta legislatura, que en teoría termina en 2027, y mucho más allá si hay otras CCAA que piden el mismo modelo.
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El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han anunciado este lunes la estructura del futuro sistema fiscal de España que, después de un largo y difícil proceso puede acabar con la actual Agencia Tributaria del Estado y dejarla troceada en cada una de las comunidades.
Eso será así, siempre y cuando el PSOE logre superar el difícil escollo del Congreso de los Diputados, ya tras el verano.
El compromiso del Gobierno es hacer extensible el modelo para Cataluña a todas las comunidades que quieran solicitarlo, de manera que puedan ir incorporándose.
Eso supone ir hacia un modelo fiscal federal en el que las agencias tributarias de cada comunidad recauden todos los impuestos que se pagan en su territorio y luego aportar al Estado para sufragar los gastos comunes y, en su caso, las aportaciones a la solidaridad.
Por el momento, el modelo expuesto este lunes en Barcelona se aplicaría sólo en Cataluña, pero no de forma inmediata, sino también tras un largo camino.
Ese proceso requiere la discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en septiembre, la modificación de tres leyes, la continuación de la negociación de Cataluña con el Estado y un complicado proceso de traspaso de personal y medios materiales de la Agencia Tributaria Estatal a la de Cataluña.
Hay además que fijar los criterios y la cuantía de los recursos que Cataluña pagará al Estado y de su aportación a la solidaridad, que en ningún caso puede suponer el retroceso de Cataluña en el ranking de riqueza del Estado, lo que se conoce como el principio de ordinalidad.
Tan complicado es el procedimiento como que la Generalitat y el Gobierno pretenden que se empiece en un ejercicio próximo por recaudar una parte del IRPF, posteriormente toda la recaudación y, finalmente, su extensión a todos los impuestos que se recaudan en Cataluña.
Es complicado en ese proceso la reforma de las tres leyes: la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), la ley de cesión de tributos y la ley de regulación del sistema de financiación de régimen común. De hecho, no está claro que puedan ser apoyadas por Junts y una parte de Sumar, además de PP y Vox.
Ni siquiera está claro el apoyo de ERC, partido con el que se cerró un acuerdo político hace un año sobre este asunto para lograr la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalidad.
ERC considera que debe seguir negociando los términos de la proposición de ley que desde otoño se tramitaría en el Congreso.
Más funcionarios
El proceso sólo para Cataluña puede llevarse a cabo si de forma progresiva se incorporan funcionarios de la hacienda estatal a la autonómica en un proceso similar al que se produjo hace años para la creación de las policías autonómicas en el País Vasco y Cataluña.
Los 'consellers' Albert Dalmau (5d) y Alicia Romero (6d), junto al ministro Ángel Víctor Torres (3i), en la reunión bilateral de este lunes en Barcelona.
Según el diseño expuesto ayer por el Gobierno, el proceso se prolongaría más allá de esta legislatura que en teoría termina en julio de 2027. Y mucho más allá si hay comunidades que piden incorporarse como Cataluña a ese sistema y que, según el Gobierno, será posible con un modelo federal.
La mayoría de los Estatutos de Autonomía en España, especialmente tras su reforma en los años 2000, recogen la posibilidad de que las comunidades autónomas creen sus propias agencias tributarias para gestionar sus competencias fiscales.
Aunque no todas las comunidades autónomas han desarrollado una Agencia Tributaria propia, sí tienen esa capacidad reconocida estatutariamente.
El matiz es que ninguno de esos Estatutos prevén la recaudación de todos los impuestos por parte de esas agencias tributarias autonómicas. Están previstas para los impuestos que tienen transferidos o el resto pero de forma coordinada con el Estado.
La Agència Tributària de Catalunya esta establecido como órgano propio encargado de la gestión, recaudación, inspección y revisión de todos los tributos cedidos o propios y puede negociar un consorcio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
También lo incluyen en sus estatutos Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia.
Los Estatutos de Madrid, La Rioja, Murcia, Cantabria, Asturias, Navarra y País Vasco no mencionan explícitamente una Agencia Tributaria, pero tienen mecanismos de gestión fiscal propios o, en el caso de Navarra y Euskadi, sistemas forales completos con agencias tributarias propias (las Haciendas Forales).
El Gobierno ha querido que el anuncio este lunes del acuerdo sobre las bases del modelo de financiación para Cataluña fuera anunciado en la Comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad y por parte del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y un consejero de la Generalitat. Queda fuera la vicepresidenta y líder de la oposición en Andalucía, María Jesús Montero.
El Ejecutivo explica que esta vez se ha hecho como siempre que se ha abordado la reforma de la financiación autonómica. Asegura que todas las comunidades basan su relación en dos vías: la bilateral de las comisiones con Estado y la multilateral en organismos como el CPFF.
Además, siempre que se ha tocado el sistema, con Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se ha empezado por acuerdos con los partidos catalanes y como consecuencia de pactos para lograr mayorías en el Congreso para investiduras.
