Luis García Montero, director del Cervantes, con Pedro Sánchez, en un acto de la Fundación Avanza, ligada al PSOE. Europa Press
El TJUE sentencia: un error del Cervantes hizo perder a España la enseñanza del español en la UE entre 2020 y 2025
El TJUE rechaza los recursos del Gobierno de Sánchez y del propio Cervantes y avala la decisión de Bruselas de adjudicar las clases de español durante un lustro a un centro belga.
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El Instituto Cervantes ha perdido definitivamente su batalla judicial en relación a la enseñanza del español en las instituciones de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) acaba de confirmar la adjudicación de este contrato que data de 2020 a la escuela belga de idiomas Centre de Langues-Allingua (CLL) con el argumento de que ofreció una mayor calidad. El fallo, publicado este jueves, rechaza los recursos del Gobierno de Sánchez y del propio Cervantes.
El error administrativo del Cervantes que supuso la adjudicación de la enseñanza del español a los belgas no ha podido ser subsanado, por tanto, en retrospectiva, pero sí en la nueva licitación, que se produjo este pasado mes de febrero y que devolvió la competencia al instituto de nuestro país.
Sin embargo, la derrota judicial dicta que fue justo que el centro belga impartiera el español en Bruselas, y no el Cervantes, durante casi un lustro, entre 2020 y 2025.
El litigio se remonta a noviembre de 2020, cuando la Comisión publicó un anuncio de licitación de un contrato para clases de español a los eurofuncionarios de las instituciones, órganos y agencias de la UE. El Instituto Cervantes presentó una oferta para hacerse con este lote.
En el anuncio, Bruselas exponía que el contrato se adjudicaría al centro que presentara la oferta económicamente más ventajosa, en función de los criterios de 'precio' (con una ponderación del 30%) y 'calidad' (con una ponderación global del 70%).
Al final, el ganador de la puja fue el centro belga CLL, que obtuvo 94/100 puntos en calidad y al ser el precio de su oferta de 3.469.020 euros, consiguió una puntuación total de 88,89/100 puntos. El Instituto Cervantes quedó segundo, con 82/100 puntos en calidad, 2.670.560 euros de precio y una puntuación total de 87,40/100.
Durante el procedimiento, el Cervantes depositó en la plataforma eSubmission determinados elementos que ilustraban la propuesta técnica, únicamente accesibles mediante enlaces integrados en la oferta.
Al final, Bruselas informó al organismo dirigido por Luis García Montero de que había rechazado esos elementos y no los había evaluado porque no eran conformes con el pliego de condiciones y porque había un riesgo de que se modificara la oferta a través de ese enlace con posterioridad al plazo límite.
La Comisión consideró por ello que faltaban los documentos a los que solo se tenía acceso a través de esos enlaces.
En junio de 2021, la Comisión firmó un contrato-marco para las clases de español con el grupo CLL como primer contratante y otro contrato-marco para el mismo lote con el Instituto Cervantes como segundo contratante.
El Instituto Cervantes, apoyado por España, impugnó ante el Tribunal General (TGUE) la decisión de la Comisión de adjudicar las clases de español en primer lugar a CLL. Mediante sentencia del 14 de junio de 2023, el TGUE desestimó el recurso. El Cervantes y España interpusieron entonces sendos recursos de casación ante el TJUE.
El Instituto Cervantes alegaba la desnaturalización de los hechos y la falta de motivación por parte del Tribunal General.
Por su parte, España esgrimía cuatro alegaciones, entre ellas que el TGUE erró al no haber aplicado correctamente la Carta de los Derechos Fundamentales en lo que respecta a la obligación de motivación; o que también se equivocó al desestimar el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato y de interdicción de la arbitrariedad en la valoración de las ofertas.
En su sentencia dictada este jueves, el TJUE rechaza todas las alegaciones del Instituto Cervantes y de España y desestima los recursos de casación. Queda pues confirmada la decisión de adjudicación adoptada por la Comisión Europea.
