Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC; Pedro Rollán, presidente del Senado; y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el acto de los 40 años de la firma del tratado de Adhesión a la UE.
El Senado acusa al TC de violar la Constitución en el auto que rechazó esperar al fallo del TJUE sobre la Ley de Amnistía
La Cámara Alta recuerda que el objetivo de las cuestiones prejudiciales es "garantizar la primacía del Derecho de la Unión Europea" de forma preventiva, y señala al Constitucional por no respetarlo.
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El Senado ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional contra su auto del 11 de junio de 2025 en el que rechazaba plantear siete cuestiones prejudiciales sobre la legalidad de la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En el escrito, la Cámara Alta acusa al TC de "una vulneración de los artículos 24.1 de la Constitución, del artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y del artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea".
La Cámara Alta había solicitado al Constitucional que presentara siete cuestiones prejudiciales al TJUE. Y que, de este modo, retrasara su sentencia sobre la Ley de Amnistía.
Pero el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido se negó a esta petición, como a una similar impulsada por el Partido Popular. El Constitucional mantiene su calendario, ya está estudiando una ponencia favorable a la norma, y dictaminará, previsiblemente, la semana que viene.
El recurso, al que ha tenido acceso este diario, fue interpuesto este miércoles, después de que la Cámara Alta recibiera el auto del Constitucional un día antes. La celeridad se debe a que un recurso de súplica, según la Ley del TC, sólo puede interponerse "en el plazo de tres días" y se debe resolver, "previa audiencia" a las partes, "en los dos siguientes".
Las prejudiciales que planteaba el Senado versaban sobre la compatibilidad de la norma de amnistía a los implicados en el procés independentista con el Derecho de la UE. Pero el Constitucional rechazó abrir el trámite de audiencia, alegando que "no ha lugar, en este momento procesal" a debatir la cuestión prejudicial.
Seis puntos
El recurso de súplica presentado por el Senado incide en seis puntos. El primero denuncia un "defecto de incongruencia".
El TC no resolvió la pretensión del Senado de plantear las cuestiones, sino que se limitó a afirmar que la decisión se tomaría en la deliberación del pleno. El letrado de la Cámara firmante, Francisco Javier de Piniés Ruiz, sostiene que, de este modo, el TC niega "de facto" la petición "sin justificación".
En segundo lugar, el Senado entiende que el TC "limita indebidamente el plazo" para solicitar la cuestión prejudicial. El Senado afirma que la normativa europea y española no establece un plazo, salvo el límite del fallo. Además, recuerda que presentó su solicitud el 26 de mayo, antes de que el TC declarara la conclusión del proceso.
En tercer lugar, la Cámara Alta destaca la coherencia de su solicitud de prejudiciales. El escrito estaba fundamentado en alegaciones y referencias al Derecho de la Unión Europea.
En cuarto lugar, el Senado justifica su petición por su condición de parte personada, compartiendo el interés de la parte demandante, en que la ley de amnistía sea anulada. Y que, por tanto, tiene derecho a solicitar la cuestión prejudicial y a que se le escuche antes de la sentencia.
En quinto lugar, el Senado critica que si el objetivo es garantizar la primacía del Derecho de la Unión Europea de forma preventiva, el Constitucional no lo está respetando. Al demorar la decisión hasta el fallo, el TC deniega la petición sin justificación y vulnera la jurisprudencia del TJUE y del TEDH.
Finalmente, en sexto lugar, el Senado subraya que los órganos judiciales ya han presentado "hasta cuatro cuestiones prejudiciales" sobre esta ley, el trámite debe ser "previo, independiente y con todas las garantías". La audiencia a las partes es obligatoria, aunque la petición provenga de una de ellas.
Antecedentes
La ley de amnistía fue pactada por el PSOE con ERC y Junts per Catalunya como moneda de cambio por la investidura de Pedro Sánchez. Así lo entiende la propia Comisión Europea, que la ha calificado de "autoamnistía contraria al Estado de derecho" en una respuesta al TJUE ante otra cuestión prejudicial, presentada por el Tribunal de Cuentas español.
Bruselas argumenta que la norma beneficia a quienes eran "necesarios" para que la ley fuese aprobada, lo que la convierte en una norma de impunidad.
Sin embargo, y pese a este revés, el TC ha rechazado esperar al pronunciamiento del TJUE sobre la amnistía. Conde-Pumpido, incluso, ha felicitado a la vicepresidenta por la ponencia, que avala el núcleo central de la ley y sólo aprecia tres motivos menores de inconstitucionalidad en el recurso del PP.
Algunos magistrados del invocaron ese escrito de la Comisión Europea para pedir que el TC no se pronuncie antes de que el TJUE resuelva. Consideran que existe riesgo de conflicto con el tribunal europeo y que "lo prudente" es esperar su pronunciamiento. Pero la mayoría del TC lo rechazó.
España en la UE
El debate sobre el Estado de derecho en España está en el centro de la agenda europea. El Parlamento Europeo aprobaba este miércoles su dictamen al Informe sobre el Estado de derecho 2024 en la UE, en el que manifiesta su preocupación por "los ataques contra jueces y fiscales", por la "instrumentalización de la Justicia" y por "los indultos y amnistías motivados por intereses políticos".
El informe no cita países, pero las enmiendas y el debate dejaron claro que el Gobierno de Sánchez está "bajo el foco", según fuentes de la Eurocámara. Y es que además, por la tarde, se celebraba un debate monográfico sobre la regresión del Estado de derecho en España, con intervenciones críticas de eurodiputados de varios países.
El eurodiputado liberal neerlandés Dirk Gotink advirtió: "El Estado de derecho no sólo se está erosionando, está siendo desmantelado desde dentro, porque lo hace el propio presidente del Gobierno". Y el polaco Michal Wawrykiewicz (EPP) sentenció: "Esto no es gobernar, es un abuso sistemático de las instituciones para beneficio personal y político".
Bruselas publicará en tres semanas su nuevo informe anual sobre el Estado de derecho. El de 2024 ya alertaba sobre la necesidad de "reforzar la confianza pública en las instituciones".