Manfred Weber, presidente del PPE, junto a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en el congresode Valencia.
El PP hará coincidir en julio el informe de la UE sobre el Estado de derecho con una campaña contra Sánchez en Bruselas
El comisario de Justicia, Michael McGrath, advierte que Bruselas evaluará la "solidez del sistema anticorrupción" español ante los escándalos que salpican al Gobierno de Sánchez.
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El PP prepara una ofensiva política contra Pedro Sánchez en Bruselas para el mes de julio. La estrategia consiste en hacer coincidir la publicación del Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea con una campaña internacional contra el presidente del Gobierno. El objetivo: denunciar ante la UE la "degradación institucional" en España y exigir mayor vigilancia europea.
La más activa públicamente en este objetivo ha sido Isabel Díaz Ayuso, que lleva semanas reclamando que la Unión Europea "tome cartas en el asunto".
El PP español, reforzado tras el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Valencia, cuenta con el respaldo explícito de Manfred Weber y la influencia creciente de Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento y nuevo jefe de la delegación en Bruselas.
El contexto es propicio para el PP. El próximo mes de julio, la Comisión Europea publicará su informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete. En los últimos cinco años, el capítulo español ha supuesto un quebradero de cabeza para el Gobierno de Sánchez, especialmente por el bloqueo del CGPJ y la falta de reformas en la elección del fiscal general.
Ayuso ha convertido la presión europea en un eje de su discurso. En actos públicos y encuentros con periodistas, la presidenta madrileña ha pedido a Bruselas que "investigue" la "colonización de las instituciones", los ataques a jueces y fiscales, y la manipulación de empresas públicas.
"Europa debería ponerle ya los pies en el suelo y pararle de una vez. Tanto que miran a Hungría y a Polonia... ¿Qué está pasando en España?", clamó el 2 de junio en un acto público en Madrid, celebrando el segundo aniversario de su mayoría absoluta.
La campaña popular se apoya en la creciente preocupación de la Comisión Europea por la situación institucional en España, ante la acumulación de casos de corrupción.
McGrath y la "mafia"
Esta semana, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, advirtió en la Eurocámara que Bruselas "examinará si la estructura anticorrupción en España es suficiente y robusta" para afrontar los problemas señalados en los últimos días.
McGrath respondía así a la denuncia de la eurodiputada portuguesa Ana Miguel Pedro, que acusó al Gobierno de Sánchez de actuar con "métodos más propios de redes mafiosas que de un Gobierno europeo democrático".
Michael McGrath: "Revisaremos el sistema anticorrupción de España"
La europarlamentaria del PPE destacó en su cuestión la campaña contra la UCO, la unidad anticorrupción de la Guardia Civil, impulsada "desde el entorno del PSOE", el partido en el Gobierno, en el llamado caso fontanera. También, los intentos de condicionar investigaciones sobre la familia del presidente.
El comisario dejó claro que la Comisión no investiga casos concretos, pero sí evalúa la solidez de los sistemas nacionales.
Ana Miguel Pedro, eurodiputada portuguesa, contra Pedro Sánchez
"Lo que nosotros hacemos, en el contexto del informe sobre el Estado de derecho, es examinar la estructura anticorrupción presente en cada uno de los Estados miembros", explicó McGrath, "para concluir si permite enfrentar lo que es un verdadero problema en algunos de ellos".
El informe anual de la Comisión Europea se ha convertido en una herramienta clave para medir la calidad democrática de los Estados miembros.
En el caso de España, la institución ha señalado reiteradamente la falta de independencia en la elección del CGPJ y del fiscal general, así como la necesidad de reforzar el control parlamentario al Ejecutivo y la protección de los medios de comunicación.
El PP pretende aprovechar este contexto para "internacionalizar" el debate sobre la calidad democrática en España.
"No harán nuestro trabajo"
Fuentes populares en Bruselas admiten que la Comisión Europea "no va a hacer el trabajo por nosotros", pero confían en que la presión política y mediática sirva para "desenmascarar" a Sánchez ante la opinión pública europea.
La reforma de la Justicia impulsada por el ministro Félix Bolaños es uno de los puntos en los que más se apoyará el PP.
El Gobierno presume de haber desbloqueado la renovación del CGPJ, pero la reforma no aborda la exigencia europea de que "al menos la mitad de los vocales jueces sean elegidos por sus pares, sin injerencia alguna del poder Legislativo o del Ejecutivo".
Tampoco se ha avanzado en la independencia del Ministerio Fiscal, cuyo titular sigue siendo nombrado "a dedo" por el Gobierno de turno.
![El fiscal general, Álvaro García Ortiz, sale de su coche oficial protegido por sus escoltas, en Barcelona.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/02\/17\/espana\/politica\/924918544_253206987_320x180.jpg"])
La reforma propuesta por Bolaños, que alarga el mandato del fiscal general a cinco años, no soluciona el problema de fondo.
Es más, según el PP, lo agrava: "El Gobierno que le toque siempre tendrá la tentación de elegir al más afín y/o manejable", alertan fuentes de Génova. El fiscal general podría seguir en el cargo incluso tras un cambio de Gobierno, dificultando la investigación de casos de corrupción de ejecutivos pasados.
Aquella Polonia y esta Hungría
La campaña popular en Bruselas busca asociar la situación española a los retrocesos democráticos que han motivado expedientes en Polonia y Hungría, como recuerda la presidenta madrileña.
Sin embargo, en la práctica, la Comisión Europea se limita a señalar los problemas y a emitir recomendaciones, en los informes anuales. No suele abrir investigaciones formales hasta casos muy extremos, como los ya citados.
"Por ejemplo, la ruptura de la igualdad ante la ley que supone la Ley de Amnistía", apuntan fuentes europeas, "no tendrá reacción en Bruselas mientras no haya sentencias del Tribunal de Justicia de la UE".
La presión del PP que pide Ayuso se verá reforzada por la influencia de Feijóo sobre Weber en el PPE. El partido ha convertido la Eurocámara en una "tercera cámara" de oposición a Sánchez, llevando el debate sobre la amnistía, los fondos europeos y la independencia judicial al máximo nivel institucional.
El Gobierno de Sánchez, por su parte, defiende que la Comisión Europea reconoce los avances en la renovación del CGPJ y la separación de poderes. Sin embargo, la percepción en Bruselas ha cambiado.
El comisario McGrath insiste en que "seguiremos trabajando con las autoridades nacionales para fomentar el Estado de derecho", pero subraya que las evaluaciones son "independientes, objetivas y coherentes".
