Un cayuco con alrededor de 110 personas, muchas de ellas menores no acompañados, desembarca en Lanzarote, el pasado enero.
El Gobierno incumple el plazo del Supremo para asumir a los 1.400 menas que piden asilo en Canarias y alega falta de medios
Migraciones afirma que va a "dar cumplimiento" al auto judicial pero que, de momento, no tiene recursos y está buscando soluciones.
Más información: Los menas que lleguen ahora a Canarias y Ceuta serán enviados antes de 15 días a otras CCAA a criterio del Gobierno.
El Gobierno central ha incumplido el plazo impuesto por el Tribunal Supremo para hacerse cargo de los 1.400 menores extranjeros no acompañados (menas) que han solicitado asilo tras llegar en patera o cayuco a Canarias. Así lo denuncian fuentes oficiales del Gobierno de las islas, que señalan que "el plazo expiró el 9 de abril sin que el Estado hubiera movido ficha".
El Alto Tribunal había dado "un plazo improrrogable de 10 días" al Ejecutivo para ejecutar la medida cautelar acordada en un auto del pasado 26 de marzo, tras la demanda presentada por el Gobierno autonómico de Fernando Clavijo.
Sin embargo, el presidente de las islas no recibió una llamada del Gobierno hasta la tarde anterior. Según las mismas fuentes, el mensaje del ministro Ángel Víctor Torres fue que "el Estado no tiene capacidad actualmente" para asumir la tutela de esos menores.
A pesar de que fuentes del Ejecutivo central aseguran que el contacto con sus homólogos en Canarias "es diario" y de "coordinación total", desde el entorno de Clavijo se niega este extremo. "No llamaron para coordinar el traslado", sino para advertir de que el Gobierno no podía acoger "de golpe" a tantos menores.
Torres alegó "ausencia de medios". Una respuesta que sentó como un jarro de agua fría en el Ejecutivo regional, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular. "Los centros del Ministerio de Inclusión", apunta una fuente oficial del departamento de Elma Saiz, "están especializados en adultos, y estamos buscando soluciones".
"No es tan sencillo"
Lo cierto es que la comunicación y la coordinación entre ambas administraciones no debe de ser tan fluida como apunta el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, en contra de lo que se asegura en Canarias, la Secretaría de Estado de Migraciones asegura que no se ha presentado ningún recurso ante el auto del Supremo.
"Eso tiene que quedar muy claro", apunta un portavoz del departamento, "el Gobierno de España va a dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo, pero la cosa no es tan sencilla como alojar a 1.400 niños".
Desde este Ministerio se alega que los menas "son antes menores que migrantes o que solicitantes de asilo" y que, por tanto, tal como marcan la ley y los convenios internacionales signados por España, "prevalece el interés superior del menor en todo caso". Y que por eso se ha incumplido el "plazo improrrogable" decretado por la Justicia.
"Los centros de Migraciones son para adultos, no podemos meter allí a menores, porque antes hay que acondicionarlos".
Es decir, o bien vaciar alguno de ellos de los migrantes adultos allí internados para hacerle hueco a los chicos y chicas procedentes de Canarias, o bien diseñar planes para separarlos en las instalaciones: "No pueden compartir zonas comunes, ni horarios de comida, ni aseos...".
"Doble vara de medir"
El malestar en Canarias se había agravado esta semana, cuando se daba por confirmado que el Ministerio había recurrido la decisión del Supremo, a través de la Abogacía del Estado. En todo caso, el Ejecutivo insular acusa al Gobierno de una dilación "sin sentido ni sensibilidad".
Porque, ante la "excusa" del acondicionamiento de los centros, desde el entorno de Clavijo se ofrece una tercera opción. "Los menores pueden quedarse en Canarias, pero con recursos del Estado". Es decir, en instalaciones de otro Ministerio, "como los cuarteles vacíos del Ejército, que nunca nos ha ofrecido Defensa", plantean las fuentes consultadas.
"En Canarias tampoco teníamos tantos recursos antes de que empezara esta crisis migratoria", y ahora las islas ya alojan a más de 6.000 menores en 86 centros, "en los que se hacinan por falta de medios".
Por eso, el Gobierno de las islas reclama que el Estado "entregue el dinero comprometido" para financiar esta "crisis humanitaria" y, en todo caso, "se haga cargo de la tutela de estos chicos solicitantes de asilo".
Es decir, que asuma el coste de su manutención, escolarización, atención sanitaria, psicosocial... y de los profesionales que los atienden, "incluso de los servicios jurídicos que les tramitan su petición de protección internacional".
Porque la alegación de "falta de recursos", en opinión del Gobierno de Clavijo, no solo resulta "inaceptable", sino que evidencia una doble vara de medir por parte del Ejecutivo central. "Es lo mismo que alegan las Comunidades Autónomas ante el reciente decreto de contingencias migratorias extraordinarias, y por lo que Moncloa acusa de 'romper España' a las gobernadas por el PP".
Efectivamente, hace apenas dos semanas que el Congreso convalidó aquel "decretazo", tal como lo califican en las regiones más afectadas, "por un reparto hecho con criterios políticos, no para beneficiar a los menores, sino a Sánchez con sus socios separatistas". La reubicación prevista en ese texto legal prevé que a Madrid y a Galicia lleguen alrededor de 800 nuevos menas y a Cataluña, entre 20 y 30 chavales.
Desde el Ejecutivo autonómico se considera que el Estado está eludiendo sus responsabilidades y también acusan al Gobierno de Sánchez de actuar ahora con un doble discurso. "Reprocha a las CCAA del PP que pongan problemas al decreto de reparto de menas, mientras ellos ni siquiera cumplen con los requerimientos del Supremo", señalan fuentes oficiales.
La mayoría de regiones gobernadas por el PP han anunciado que no apoyarán el reparto que prevé impulsar la ministra de Infancia, Sira Rego, el próximo 28 de abril. Y acusan al Ejecutivo de falta de planificación y de cargar el peso de la inmigración sobre los territorios sin una financiación adecuada.
"La diferencia", añaden fuentes del Gobierno canario, "es que nosotros no hemos firmado ningún acuerdo de reparto, hemos exigido que el Estado asuma sus competencias. Lo que ha hecho el Gobierno es dejar solos a los canarios durante más de un año", lamentan en el entorno de Clavijo.
Asilo, guerra y pateras
La mayoría de estos menores solicitantes de asilo procede de Mali, un país inmerso en una guerra civil que dura ya más de una década. Aunque muchos de ellos llegaron en cayucos desde la costa de Mauritana, no se trata de migrantes económicos sin más: han solicitado protección internacional y esperan una resolución de sus expedientes de asilo en España.
El Gobierno canario llevaba meses reclamando al Ejecutivo central que se implicara en la gestión de esta situación, "que no es competencia de las autonomías". Argumenta además que los recursos de las islas están desbordados, y que el artículo 149 de la Constitución reserva al Estado las competencias sobre asilo y protección internacional.
La decisión del Supremo, adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, respaldaba esta posición. La medida cautelar reconocía la responsabilidad del Gobierno central y exigía que asumiera a esos 1.400 menores en un plazo de 10 días. No hacerlo, añadía el auto, ponía "en riesgo el bienestar y la dignidad de estos menores".
