El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a su llegada al Congreso de los Diputados este jueves. EFE
El Congreso aprueba el decreto de inmigración tras aceptar el Gobierno que Cataluña acoja sólo 30 menores de Canarias
El Gobierno consigue su objetivo por fin, después de haber fracasado en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería el pasado julio.
Más información: El Gobierno acuerda con Junts el reparto de 4.400 menores inmigrantes no acompañados: Cataluña acogerá entre 20 y 30
El Congreso de los Diputados ha validado este jueves el real decreto que permitirá reubicar a 4.400 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta. El Gobierno ha conseguido, por fin, sacar adelante su reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería gracias a que esta vez ha recibido el apoyo de Junts.
Para conseguir el voto favorable de la formación de Carles Puigdemont, el Ejecutivo ha tenido que diseñar un nuevo criterio de reparto por comunidad autónoma. Bajo este nuevo modelo, a Cataluña llegarán entre 20 y 30 de los 4.400 menores que serán reubicados, según los cálculos que maneja Junts.
El decreto ha sido convalidado con el voto a favor de 179 diputados, frente al no de 170. El PP, finalmente, ha votado en contra, junto a Vox.
Cataluña seguirá siendo, en cifras totales, el territorio que más menores acoge de toda España, exceptuando Canarias. Sin embargo, Junts ha puesto un especial empeño en no recibir nuevos menores, ya que lleva meses endureciendo su discurso antimigratorio por la presión del partido de extrema derecha Aliança Catalana.
Estos nuevos criterios, que se aplicarán sólo en caso de que no se llegue a un pacto de reparto en una conferencia sectorial, tienen en cuenta el tamaño de la población, la renta per cápita, la tasa de paro, las plazas disponibles, el esfuerzo de acogida, el criterio de ser una comunidad fronteriza o una isla y el de la dispersión poblacional.
Bajo estos parámetros, se estima que sean las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana las que más menores tengan que acoger a partir de ahora. Pero todavía se desconocen las cifras definitivas.
Tras aprobar el Consejo de Ministros este real decreto, el Ministerio de Juventud pidió a las distintas comunidades autónomas que mandaran una serie de datos para calcular el reparto. Sin embargo, Aragón no mandó los suyos y Madrid y Extremadura no han mandado la información todo lo precisa que debería ser.
Este mismo jueves, Sira Rego, la ministra de Juventud, ha anunciado en los pasillos del Congreso de los Diputados que el próximo 28 de abril se celebrará la siguiente conferencia sectorial. En ella, el Gobierno llevará una propuesta de reparto, pese a las trabas que algunas comunidades han puesto para facilitar los números.
Según ha dicho Rego, se espera que el traslado comience después del verano y, aunque esto no lo ha dicho ella, se espera que el reparto pueda durar alrededor de un año.
Apelaciones al PP
Con la aprobación de este real decreto, el Gobierno por fin soluciona el problema que lleva teniendo Canarias desde el verano pasado, con más llegadas de las que puede acoger. El pasado julio ya se intentó una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero decayó por el voto en contra del PP y de Junts.
Salvado el voto de Junts, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, apeló este jueves al PP para que diera su voto favorable. Torres ha recordado al PP sus pactos con Coalición Canaria (ambos gobiernan en las islas) y ha recordado que con los refugiados ucranianos no hubo problemas de acogida, subrayando que en esta ocasión los problemas generados son por el color de piel de los menores.
También ha abordado la cuestión de la territorialidad. "No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras; los números que salen son objetivos", ha dicho.
"Se divide entre la población y, por tanto, cada uno sabe qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo, o, dicho de otro modo, qué comunidades han atendido un mayor número de menores migrantes en relación con su población", ha añadido. El PP, por su parte, no ha despejado hasta el final la incógnita de si votaría en contra o si se abstendría.
Al margen de la postura de Génova, la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP se han mostrado dispuestas a recurrir este reparto de menores validado este jueves por el Congreso. Aunque cada una con sus tiempos, estas son las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana.
