El informe de la Comisión Begoña concluye que la mujer del presidente incurrió en el uso "indebido de fondos públicos"

El Partido Popular ha conseguido sacar adelante su propuesta de dictamen en la conocida como 'Comisión Begoña'. Un informe de conclusiones en el que acusan a la mujer del presidente del Gobierno de haber incurrido en el uso "indebido de fondos públicos" por el papel que su asesora, Cristina Álvarez, desarrolló durante la puesta en marcha de la misma.

Apoyándose en el testimonio de algunos de los comparecientes, el grupo parlamentario popular destaca en su documento el papel desempeñado por la asesora de la Presidencia, en la tramitación y coordinación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.

Según el texto que ha salido adelante (y que se elevará a la Fiscalía en forma de dictamen tras su aprobación en el pleno del próximo 24 de abril), Álvarez actuó de facto como enlace operativo entre la Moncloa y la universidad pública, "gestionando documentación, manteniendo contacto directo con cargos académicos e incluso accediendo al correo institucional de Gómez".

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Todo ello, sin tener ninguna vinculación formal con la UCM, pero con el respaldo de su posición como alta funcionaria del Gobierno. Así pues, y según el citado informe, el papel de Álvarez supone un uso indebido de medios estatales con fines privados, constituyendo una "administración desleal del patrimonio público".

"Tenemos muy claro que no solo hubo irregularidades, sino que también hubo presiones a las empresas colaboradoras y patrocinadoras de la cátedra, además de un uso ilegítimo de los recursos públicos con el beneplácito y la injerencia silenciosa del presidente del Gobierno y del Gobierno de España", ha destacado la diputada y portavoz del GPP en la comisión de investigación, Mercedes Zarzalejo, a los medios este mismo miércoles en los pasillos de la Asamblea.

Ocho meses después de que se anunciara la Comisión, el documento aprobado por la misma sustenta su teoría en que Álvarez intervino en trámites propios de la Universidad, como el desarrollo del convenio fundacional de la cátedra y el contacto con empresas patrocinadoras, desplazando al personal administrativo de la institución.

"Ha quedado acreditado que la Directora de Programas del Gabinete del Presidente participó activamente en reuniones, envíos de documentación y decisiones sobre actividades académicas de una cátedra universitaria ajena a su competencia", señala el dictamen.

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El documento revela, además, que Cristina Álvarez es hermana de una de las profesoras colaboradoras del máster vinculado a la cátedra, lo que, para los populares, refuerza la existencia de un entramado de intereses personales y familiares alrededor del proyecto académico.

Las conclusiones apuntan a una posible apropiación de recursos públicos del Estado para fines personales o partidistas, lo que justificaría trasladar el asunto a Fiscalía por un eventual "ilícito penal".

Software

Los populares han puesto el foco sobre el desarrollo de la plataforma tecnológica de medición de impacto (popularmente conocida como el software de la cátedra), cuya gestión estuvo, aseguran, "en manos de Begoña Gómez y su círculo más próximo".

Acusan de haber replicado el proyecto en el sector privado con una empresa del mismo nombre y objetivos, lo que consideran "una maniobra de apropiación de conocimiento público en beneficio propio".

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"Esa plataforma se desarrolló, se entregó, tuvo un seguimiento semanal por parte de la señora Gómez y de su colaboradora más estrecha, que era la señora De Juan, y no fue registrada por la UCM, que era la titular de ese recurso, sino que fue registrada a título personal por Begoña Gómez", ha insistido Zarzalejo en sus conversaciones con los periodistas.

Por ello, entre las recomendaciones del dictamen, el PP propone que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid practique diligencias de rastreo sobre los servidores de la UCM. En concreto, reclaman que se investigue el acceso y uso de una carpeta digital compartida donde las empresas tecnológicas depositaban los entregables del software.

También instan al Ministerio Fiscal a evaluar el presunto desvío de fondos de la Presidencia del Gobierno y reclaman medidas para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Por todo ello, y como ha insistido el PP triunfante, este dictamen "se elevará a la Fiscalía y al Juzgado n.º 41". "Y se solicita un rastreo de la huella digital de la carpeta en la que las empresas dejaron el software para saber quiénes compartían esa carpeta", ha añadido.