Junts defiende que el SMI sea más alto en Cataluña y vaya "de acuerdo al coste de la vida"

Jordi Turull ha criticado este viernes que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea único en todo el país y ha defendido que se ajuste "de acuerdo al coste de la vida". El secretario general de Junts ha sostenido que un trabajador en Cataluña con el SMI actual tiene un poder adquisitivo menor que en otras comunidades con un nivel de vida más bajo.

Así se ha expresado en una reunión de trabajo con representantes de la patronal Cecot en Terrassa (Barcelona), al ser preguntado por la subida del 4,4% del SMI planteada por el Gobierno, que lo elevaría hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. Turull ha insistido en la necesidad de aplicar criterios territoriales a este tipo de medidas económicas. "Un trabajador catalán con este sueldo puede comprar mucho menos que un trabajador con el mismo sueldo en Extremadura", ha recalcado. 

En lo relativo al debate sobre la tributación del SMI, ha recordado que Junts defiende la "deflactación" del IRPF, porque "Cataluña es un infierno fiscal".

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Esta iniciativa no es nueva en Cataluña. En 2019, la Generalitat propuso que en su comunidad el SMI fuese casi un 40% más alto que en el resto de España. Concretamente, situó el salario mínimo de referencia en los 1.239,5 euros, un 37,7% más alto que el SMI de ese año, que estaba fijado en 900 euros mensuales.    

Esta postura se alinea también con la defensa de un modelo similar para las pensiones que ha hecho en los últimos meses el presidente de Junts, Carles Puigdemont. El expresident ha reivindicado en las últimas semanas que los jubilados catalanes reciban un "correctivo al alza" en sus pensiones, usando el mismo argumento de que el coste de la vida en Cataluña es más elevado que en otras regiones.

En un vídeo publicado en redes sociales, Puigdemont criticó la falta de diferenciación en la revalorización de las pensiones y aseguró que Junts votaría a favor de un aumento siempre que se ajustase a las necesidades económicas de cada territorio.

En este contexto, Turull ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central aplique un enfoque más flexible en la fijación del SMI y otras políticas sociales. Asimismo, ha aprovechado para criticar la falta de cohesión dentro del Ejecutivo en este ámbito, subrayando las diferencias entre el PSOE y Sumar en relación con la subida del salario mínimo. "El Gobierno debería dar un poco de credibilidad, seriedad y cohesión", ha señalado.

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Reducción de la jornada laboral

Más allá del SMI, Turull ha expresado su rechazo a la reducción de la jornada laboral promovida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Aunque ha admitido que hay "negociaciones" en curso con Sumar, ha dejado claro que su partido se inclina más hacia el rechazo de esta medida.

"Estamos mucho más cerca del 'no' que de validar esta propuesta", ha subrayado, argumentando que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial podría perjudicar la negociación colectiva. En opinión de Turull, esta medida impone "de manera unilateral" la postura sindical y, en caso de un cambio de gobierno, podría volverse en contra de los intereses de los trabajadores si la patronal adquiriese el mismo poder de imposición.

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Además, ha alertado sobre los posibles efectos negativos en pymes y microempresas, especialmente en sectores críticos como el médico y la asistencia farmacéutica, donde la reducción de horas podría afectar la cobertura laboral.

"Tal y como está planteada la medida, genera muchos más perjuicios que beneficios", ha asegurado, insistiendo en que Junts defiende una alternativa diferente: "Sueldos más dignos, no trabajar menos".

No obstante, ha dejado abierta la puerta a seguir negociando con el Gobierno. "Veremos si estas negociaciones dan frutos", ha indicado, remarcando que es imprescindible "eliminar todos estos riesgos" antes de considerar un acuerdo.

Indulto para Borràs

En otro orden de temas, Turull ha desmentido cualquier negociación sobre un posible indulto para la expresidenta del Parlament Laura Borràs. "No está en ninguna de estas negociaciones", ha afirmado con contundencia, asegurando que ni el partido ni la propia Borràs han planteado esta posibilidad al Gobierno.

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El Tribunal Supremo confirmó esta semana la pena de cuatro años y medio de cárcel para Borràs por adjudicar contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Pese a ello, Turull ha insistido en que esta cuestión no forma parte de las conversaciones con el Ejecutivo.