Moncloa pacta con Canarias que Cataluña y País Vasco no entren en el reparto de los 4.400 menas que llevará a las CCAA

Es la consecuencia de los "criterios objetivos" pactados, según ha podido confirmar este diario en fuentes de la negociación, en la reunión del presidente insular, Fernando Clavijo, con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este jueves en Madrid.

Según las citadas fuentes, "uno de los criterios de reparto es tener en cuenta el esfuerzo previo de las autonomías que más menores tienen" ya bajo su tutela. Este principio fue uno de los pactados entre Clavijo y el lehendakari Imanol Pradales en las vísperas de la Conferencia de Presidentes del pasado 13 de diciembre, donde presentaron una propuesta conjunta [consulte el documento en PDF].

El plan, entonces, pasó casi inadvertido. Pero Moncloa se interesó por él a los pocos días, cuando Clavijo logró un compromiso de Carles Puigdemont para ofrecer los votos de los siete diputados de Junts en el Congreso.

El expresident fugado en Waterloo quedó satisfecho al conocer que Cataluña no se vería afectada por el reparto, según los criterios pactados entre los presidentes canario y vasco.

EP

Moncloa asumirá su 'descontrol' migratorio en el decreto que reubicará 4.500 menas entre las autonomías antes del verano

Este viernes, Fernando Clavijo ha querido dejar la puerta abierta a que Cataluña y País Vasco acojan a menas. Tras asegurar en Onda Cero que aún se desconoce cómo se aplicarán los criterios de reparto, ha dicho que "podría ser" que Cataluña y País Vasco tuvieran que admitir a nuevos menores no acompañados en sus territorios. Ahora bien, dado que el presidente canario ha confirmado que el "esfuerzo de acogida" es una de las claves, todo indica que no será así. 

La reunión de ayer en Madrid forma parte de los últimos flecos de una negociación ya muy avanzada entre Canarias y Moncloa. La cita se centraba en discutir diferentes "simulaciones" de reparto, a partir de los criterios prefijados por la propuesta inicial de Clavijo y Pradales, y compararlos con otros modelos alternativos.

Finalmente, según las fuentes de la negociación citadas, se ha impuesto la opción de dejar fuera a vascos y catalanes, para asegurar los votos en el Congreso de las formaciones nacionalistas e independentistas.

Los "criterios objetivos" que se han fijado incluyen otros como la población, la dispersión territorial, el PIB y la tasa de desempleo de las regiones receptoras. Y las fuentes confirman que aún no están fijados los cupos concretos de menores que debería acoger cada autonomía.

La otra pata que queda pendiente para cerrar el texto legal es la de la financiación. El presidente canario se reunirá con la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, el próximo miércoles 12 de febrero para acordar la cantidad de fondos que aportará el Estado a las CCAA a las que les impondrá la acogida de los menores.

"Reubicación puntual"

En todo caso, fuentes de Junts habían confirmado a este diario que su rechazo a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que decayó el pasado mes de julio en el Congreso, se debía a que la norma "comprometería más a Cataluña con el Estado", cuando su objetivo es la secesión. Pero que estaban dispuestos a apoyar esta "reubicación puntual" de menas, incluso si a la Generalitat le tocara aceptar "algunos en el reparto".

La propuesta de Clavijo y Pradales no había suscitado ningún consenso en la Conferencia de Presidentes.

El motivo fue que la mayoría de jefes de Gobierno regionales en la cita convocada por Pedro Sánchez en el Palacio de la Magdalena de Santander, eran miembros del Partido Popular.

El negociador del PP con el Gobierno, Miguel Tellado, había roto las conversaciones con el Ejecutivo de Sánchez una semana antes, por la negativa de Rego y el ministro Ángel Víctor Torres a "rectificar una política migratoria que incentiva que estas personas se jueguen la vida en el mar y facilita el trabajo a las mafias del tráfico humano".

Un mes después, en la cumbre de presidentes del PP en Colunga (Asturias), los barones populares pactaron con Alberto Núñez Feijóo una posición común.

Las autonomías peninsulares del PP aceptarán el reparto de menores procedentes de Canarias (donde gobierna el PP en alianza con Coalición Canaria) y de Ceuta (cuyo presidente es un histórico popular, Juan Jesús Vivas) siempre que "la financiación de las plazas corra a cargo del Estado, hasta los 18 años de cada menor".

Así pues, la clave del consenso está en la reunión que la semana que viene celebren Clavijo y Montero para acordar quién pone el dinero. Fuentes de la negociación insisten en que la responsable de Hacienda ha garantizado que "la financiación no será un problema".

En el punto 4 del artículo único fijado en el borrador del texto legal, que obra en poder de este diario, simplemente se dice: "A los efectos del presente Real-Decreto, se adoptarán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente de lo dispuesto en el mismo". Pero no se dan detalles.

Por eso, en la negociación jurídica del decreto con el ministro Torres, Clavijo forzó que a pie de página constara la siguiente anotación: "La representación de la Comunidad Autónoma de Canarias quiere hacer constar que su propuesta es que el precepto debe expresar que la financiación será asumida por el Estado".

Si el Gobierno pone los fondos, puede haber un consenso muy mayoritario para la aprobación del decreto. Pero si Montero no cumple su promesa, no sólo provocará el voto en contra del PP en el Congreso, sino que el Gobierno de Coalición canaria y el PP en Canarias puede estar en peligro.

Sin embargo, la cuestión territorial amenaza ahora el consenso. Fuentes del PP aseguran que el modelo pactado se trata de un "reparto asimétrico e injusto" y que no contará "en ningún caso" con su apoyo. "Utiliza criterios políticos para un reparto como si País Vasco y Cataluña no fueran España", comentan. 

"Esta solución solo busca dejar sitio para que sigan viniendo. Si no hay política migratoria para el control de fronteras y luchar contra las mafias esto no soluciona el problema de Canarias y empeora la situación del resto de comunidades que están ya al límite, poniendo en juego el sistema de protección de menores de nuestro país", añaden.