El Gobierno aprobará la jornada laboral de 37,5 horas pero el voto de Junts dependerá de los 'botiguers' y las pymes catalanas

Sánchez tiene una especial fijación con este texto, en parte por ser la gran apuesta de Yolanda Díaz para la legislatura (además de un compromiso del acuerdo de coalición) y en parte por haber sido el gran campo de batalla entre los dos partidos del Gobierno. Si la reducción de jornada laboral pasa su examen parlamentario, en el PSOE saldrán reforzados de su relación tanto con Sumar como con Junts.

Ahora bien, en el partido independentista no son tan optimistas con respecto al cauce de la ley. Fuentes de la formación aseguran que, por mucho que la vicepresidenta segunda se haya esforzado por mediar y negociar con ellos, "la última palabra la tendrá Foment del Treball", la asociación catalana que representa a botiguers (pequeños comerciantes) y empresarios.

Dicho de otro modo, que a quien tiene que convencer el Gobierno no es a un partido sino a una patronal (otra más) en tiempo récord, porque después de su aprobación en el Consejo de Ministros tendrán apenas unas semanas para encauzarlo. Este mismo martes empezarán a recabarse los informes preceptivos, entre ellos el del Consejo Económico y Social, para remitir el proyecto al Parlamento antes de final de mes.

Es el procedimiento más rápido, el urgente, tal y como quería Díaz. El texto que se aprobará este martes es el pactado en diciembre con los sindicatos, pero no con la CEOE.

Lo que sabemos y lo que no sabemos del plan de Díaz y Cuerpo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas

De esa forma, los plazos se reducen a la mitad en el Congreso y el Senado con la idea de que entre en vigor antes de verano, para su aplicación los siguientes meses. En el trámite parlamentario, el Gobierno tendrá que buscar la mayoría necesaria para garantizar su aprobación y, por eso, da por hecho que tendrá que pactar algunas modificaciones con los socios parlamentarios.

La vicepresidenta segunda ya ha empezado la negociación con todos los grupos, incluyendo Junts. De hecho, Díaz ha hablado en varias ocasiones con el propio Carles Puigdemont, quien no ha desvelado su posición pero, al menos, no ha rechazado negociarlo en el Parlamento. Así lo aseguran fuentes de los dos partidos involucrados.

Por mucho que se abran a negociar, Sánchez sabe que no es fácil contentar a Junts. El portavoz del partido en Cataluña, Josep Rius, anticipó este lunes una negociación en la que serán protagonistas "la realidad catalana" —en referencia al tejido empresarial— y la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno. El mismo dilema se le presentará también con el PNV.

En el caso de los catalanes, el Gobierno teme la presión a Junts de los empresarios y, por eso, retrasó la probación para intentar sin éxito que entrara la patronal en el acuerdo y tener así asegurada la aprobación en el Parlamento. El problema fue que Díaz no dio tiempo, presionada por la caída en las encuestas, y argumentó que el proyecto tenía que haber estado encaminado ya en 2024, como figuraba en el acuerdo de coalición.