El Gobierno prevé una negociación compleja sobre la ley de la acusación popular y admite que será rebajada

Esas fuentes explican que ya ha habido contactos informales y preliminares con los diferentes grupos que forman el bloque de investidura para medir las posibilidades de que la polémica ley pueda ser finalmente aprobada.

El objetivo es evitar que la proposición de ley impulsada por el Gobierno para reformar la acusación popular entre "en vía muerta" en el Congreso por falta de respaldo parlamentario, según admiten fuentes sociales y de los socios del Ejecutivo.

La proposición fue elaborada por el Ministerio de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños, pero presentada por el Grupo Socialista del Congreso, para eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.

El texto reduce al mínimo la previsión constitucional de la acusación popular, pues limita quién puede ejercerla y elimina la posibilidad de que participe en la fase de instrucción de procesos penales. Y, además, introduce una disposición transitoria para que se aplique retroactivamente a casos abiertos como los que afectan al hermano, a la esposa del presidente del Gobierno y al propio Carles Puigdemont, líder de Junts.

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Según fuentes del Gobierno, el objetivo es sacar adelante la iniciativa en el Congreso, pese a las dificultades, conscientes de que el texto presentado es un proyecto de máximos, como punto de partida para negociar con los grupos y para abrir un debate público sobre este asunto.

Al ser proposición de ley no es posible tramitarla con urgencia y el Gobierno entiende que, como mínimo, la tramitación entre Congreso y Senado se puede prolongar hasta otoño, sobre todo porque necesitan vencer reticencias notables de sus socios parlamentarios.

El primer bloque de negociación, según el plan elaborado por el Gobierno, es el referido a la reforma de la acción popular recogido como derecho en la Constitución. Es el principal capítulo y el que más dudas y reservas provoca entre los socios del Gobierno. Entre otras cosas, porque hay asociaciones del ámbito progresista, como ecologistas o feministas que ejercen esa acusación popular en este momento. Es decir, no es sólo un instrumento en manos de asociaciones ultraderechistas y es imposible discriminar en función de la posición ideológica.

Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, escribe esta semana un artículo en la web de la Fundación Sistema en la que defiende la norma, como instrumento para combatir la actuación organizaciones ultraderechistas.

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"Uno de los factores que alimentan la polarización y la crispación política intensa que vivimos proviene de la estrategia de esos mismos sectores ultraderechistas para hacer uso de acciones judiciales de forma claramente abusiva", asegura Simancas.

Añade que "la estrategia consiste en fabricar bulos con acusaciones falsas contra políticos, periodistas o activistas sociales y culturales de ideas progresistas, con efectos perversos sobre la actividad y la fama de sus víctimas, que después multiplican activando un acoso judicial irregular y abusivo".

Sí parece haber consenso en que se restrinja para los partidos políticos directamente, aunque en ocasiones han utilizado asociaciones afines para "controlar" los procedimientos penales. El PP, de hecho, intentó aprobar esta limitación en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, pero acabó desistiendo.

También hay dudas sobre la posibilidad de quitar a las acusaciones populares de la instrucción, para que sólo puedan intervenir en la vista oral.

Gürtel y el 'caso Urdangarin'

Importantes procesos penales de corrupción o sobre actos de políticos y cargos públicos han avanzado en democracia gracias a las acusaciones populares. Por ejemplo, los procesos sobre los GAL, el de fondos reservados, el del caso Urdangarin que sentó en el banquillo a la infanta Cristina o el de Gürtel. La sentencia de este último provocó la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Es decir, Sánchez llegó a presidente como consecuencia de la actuación de una acusación popular.

En este bloque de la ley hay polémica sobre la disposición transitoria para aplicar la norma con carácter retroactivo, es decir, que afecte a procesos en marcha como los que se instruyen contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno y el del líder de Junts, Carles Puigdemont.

El Gobierno entiende que para cuando entre en vigor la norma, esos casos ya estarán concluidos y asegura que no ha recibido objeciones de sus socios.

El segundo bloque es el que limita la admisión a trámite de denuncias sólo con recortes de prensa lo que, según el Gobierno, sólo traslada la doctrina del Tribunal Supremo a la norma. También en este caso hay un problema de límites o de discriminación entre informaciones o bulos, o entre denuncias infundadas o las que sí lo son.

Libertad religiosa

El tercero es el que elimina los artículos referidos a la libertad religiosa, es decir, los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos. Sobre este asunto, el Gobierno explica que de los sondeos previos no deduce objeciones de los grupos y, por tanto, da por hecho que puede salir adelante.

Y el último es el que aparta a jueces que hayan hecho declaraciones sobre asuntos que luego les corresponda, sobre el que tampoco prevé dificultades.

Públicamente, ninguno de los socios del PSOE recibió la presentación de la norma con apoyo claro. De hecho, hubo visible malestar en Sumar, los socios del Gobierno de coalición, según fuentes de esta formación.

De hecho, los de Yolanda Díaz expresaron su rechazo a la proposición de ley, por su contenido, por su oportunidad y por su previsión de aplicación retroactiva.

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El mismo rechazo lo han expresado con claridad los dirigentes de Podemos, que hablan abiertamente de "chapuza" y aseguran haber trasladado esa opinión al Gobierno. Ayer mismo, Irene Montero aseguraba en una entrevista en EL ESPAÑOL que la proposición supone limitar el derecho fundamental a la acusación popular, que es "uno de los pocos avances progresistas de nuestro sistema de Justicia".

Hay que recordar que el Ministerio de Igualdad ejerce esa acusación en procedimientos de violencia de género y con la reforma no podría hacerlo.

Junts también rechazó de inicio la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que pueda beneficiar a Puigdemont.

Y el PNV ha trasladado que acepta el debate sobre la acción popular, pero asegura que en ningún caso aceptará la disposición transitoria que permite aplicar la limitación a casos en vigor hasta forzar su archivo.

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Posiciones similares han mantenido todas las asociaciones de jueces, incluida la progresista Jueces y Juezas para la Democracia.

También ha provocado malestar en los sindicatos, porque el texto impide que puedan ejercer esa acusación, como sí hacen en este momento.

Por supuesto, PP y Vox rechazan también la norma a la que califican como “ley Begoña”, entre otros apelativos que definen su rechazo.

Es decir, que la tramitación es incierta por la falta de apoyos en el Congreso, al menos, en la forma en la que está redactada.

Tanto, que frente al propósito del Gobierno, fuentes parlamentarias entienden que el Gobierno podría terminar forzando su “congelación” en el Congreso, como ha hecho con otras iniciativas que, finalmente, buscaban sólo un efecto político y simbólico.

En este caso, entienden que el PSOE busca abrir el debate sobre la acusación popular y poner de manifiesto la actuación de organizaciones ultraderechistas en procesos contra personas vinculadas al Gobierno. Es decir, establecer el marco de que esos procesos judiciales son fruto de la actuación de esos grupos ultras y prolongarlo mientras esté viva la proposición.

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De hecho, el PSOE ejerce también esa acusación en algunos procesos. Por ejemplo, le resulta útil políticamente estar personados como acusación en el proceso penal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ya en 2020 el Gobierno usó esta vía de la proposición de ley del Grupo Socialista para amagar con cambiar el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rebajando las mayorías.

Esa proposición de ley se presentó el 14 de octubre de 2020 en el Congreso y se retiró seis meses después, el 14 de abril de 2021, sin que fuera tramitada siquiera.

El primer trámite será el de la calificación en la Mesa del Congreso y luego el PSOE tendrá que decidir cuándo usa su cupo y la lleva al pleno del Congreso para el debate de totalidad. En el mejor de los casos para el Gobierno, el texto superaría ese primer trámite si logra convencer a sus socios parlamentarios y aceptando modificaciones posteriores en comisión.

Se da la circunstancia de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha mostrado su intención de llevar al Congreso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre un anteproyecto de ley que ya tiene informe del Consejo General del Poder Judicial, y algunos de los socios parlamentarios entienden que es ahí donde debe producirse el debate y, en su caso, introducirse la reforma.

En ese anteproyecto de ley del Gobierno que reforma todo el proceso penal no hay cambios en el ejercicio de la acusación popular.