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Política

La Fiscalía aclara que fue el novio de Ayuso el que se ofreció a pactar y reconocer los hechos

En un comunicado, relata que el fiscal del caso hizo referencia a un pacto únicamente porque el letrado del denunciado ya había mostrado esa intención.

14 marzo, 2024 11:28

La Fiscalía Provincial de Madrid ha aclarado que fue la defensa de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ofreció a alcanzar un pacto con el Ministerio Público y a reconocer la comisión de dos delitos fiscales. Así lo ha explicado en un comunicado hecho público este jueves.

De esta forma, la Fiscalía desmiente las informaciones publicadas por varios medios de comunicación, que atribuían la iniciativa al propio fiscal encargado del asunto, Julián Salto. En efecto, éste hizo alusión a un pacto en un correo electrónico que mandó al abogado del denunciado. Pero, según el comunicado, tan sólo fue una referencia a la intención de la defensa de alcanzar un acuerdo y que había sido anteriormente trasladada, de forma explícita, a la Fiscalía en un e-mail previo.

En su comunicado, el Ministerio Fiscal asegura que el 2 de febrero de 2024, el letrado defensor de González Amador envió un correo electrónico "para proponer un pacto, a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal". De hecho, la Fiscalía no se abre formalmente a acuerdos hasta que no existe una causa abierta en un juzgado, y aún no es ése el escenario procesal, ya que la denuncia está a la espera de que sea asignada a un juzgado concreto.

[El novio de Ayuso pagó la deuda de 350.000 euros con Hacienda antes de ser denunciado por la Fiscalía]

Según expone la Fiscalía en su comunicado, el novio de Ayuso se inclinaba a reconocerse autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el Impuesto sobre Sociedades. Concretamente, en los ejercicios de 2020 y 2021.

En respuesta, el 7 de febrero de 2024, el fiscal especialista en delitos económicos encargado del asunto cerró su investigación con la intención de interponer una denuncia contra el empresario, ya que los fondos supuestamente defraudados (más de 120.000 euros en cada ejercicio) convertían los hechos en delito.

El 12 de febrero, Julián Salto contestó al correo electrónico del letrado para "tomar nota" de la "voluntad" de Amador de reconocer los hechos y pagar las cantidades que habría defraudado. Es lo que se conoce como una conformidad penal. 

La denuncia contra González Amador, finalmente, sería interpuesta el 13 de febrero de 2024 y, el día 20, remitida al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid. Allí espera, todavía, que sea asignada a un juez.

De acuerdo con la nota aclaratoria redactada por la Fiscalía, el día 12 de marzo, el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia al abogado del novio de Ayuso, "para facilitarle el derecho de defensa". Fue entonces cuando le reiteró, como ya hizo el día 12 de febrero, que la existencia de otras personas denunciadas en este mismo procedimiento no es óbice para que se pudiera alcanzar una conformidad penal.

"En definitiva, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", zanja, tajante, la Fiscalía Provincial de Madrid. Niega, por tanto, haber tenido la iniciativa de sugerir un pacto al abogado del denunciado.

En efecto, tal y como ha constatado EL ESPAÑOL, el pasado martes, a las 8.50 horas, el fiscal Julián Salto envió el siguiente texto a la defensa del novio de Ayuso. "Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona [propiedad de González Amador] para facilitarle el derecho de defensa". Tan sólo dos horas antes se había hecho pública la denuncia del Ministerio Fiscal contra el empresario.

"Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto", escribió el representante fiscal.

"Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible", añadía Salto, en alusión a la propuesta anteriormente formulada, el día 2 de febrero, por la defensa de González Amador.

En respuesta a este comunicado de la Fiscalía, el Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) ha emitido un difundido en el que califica como "de extrema gravedad" que el Ministerio Público haga públicas conversaciones privadas con un letrado, "produciendo con ello la ruptura del secreto profesional".