El 'hacker' investigado en Tsunami por sus "barridos y escuchas" trabaja para TV3, TVE y la Generalitat

También cobró de Campmajó por realizar una "detección y posible atribución de escuchas activas", sin que la Guardia Civil haya podido aclarar en sus investigaciones más datos sobre dicho trabajo. 

Bruno Pérez es actualmente colaborador de diversos programas de TV3 y de RTVE en Cataluña. Además, es ponente en diferentes cursos y jornadas organizadas por la Generalitat y la Agencia de Ciberseguridad Catalana.

 En TV3, colabora con Tot es mou y Planta Baixa. En La 2 lo hace en el programa En Línia de RTVE-Catalunya y en Ràdio 4, que pertenece a RNE, habla en De boca a orella. Así lo muestra la información de su perfil en redes sociales. 

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Pérez es el hombre para la ciberseguridad en TV3 y también ejerce de tertuliano sobre la materia en la que es experto en un programa de actualidad. Además, ha realizado ponencias en actos organizados por Marta Roca, directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. 

Según su página web, es "experto en extracción de dispositivos móviles" y dirige su "propio laboratorio forense". Realiza labores de "perito judicial" y, según su CV, ha sido "formador de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". 

Director general en Aragón

El informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Tsunami, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, desvela las conversaciones entre Campmajó y Bruno Pérez para acometer acciones "informáticas de falta de legalidad". Este forense informático investigado por la Benemérita ocupó en 2019 la dirección general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información en el Gobierno de Aragón durante 24 horas.

Tras conocerse su apoyo al independentismo, Maru Díaz, de Podemos y consejera entonces de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento en el Gobierno del socialista Javier Lambán, le destituyó y no llegó a tomar posesión del cargo. Precisamente, por este mismo motivo, Carles Puigdemont se puso en contacto con su abogado, Gonzalo Boye, para prestar ayuda a Pérez. Los mensajes del expresidente de la Generalitat con Campmajó también vienen recogidos en el informe de los investigadores.  

Puigdemont tuiteó en X, la antigua Twitter, una noticia sobre el cese de Bruno Pérez Juncà y calificó dicha decisión de una "persecución ideológica", como si el informático "hubiera estado relacionado con el terrorismo o el narcotráfico". 

Bruno Pérez habló con el líder de Tsunami después de que fuera cesado por el Gobierno de Aragón porque duda sobre si acudir al Tribunal Constitucional. Campmajó, a su vez, expone el caso a Puigdemont y presenta al perito informático como parte de su "equipo".

La estrategia y ERC

Según el informe de la Guardia Civil, el 31 de marzo de 2020 tienen lugar unas conversaciones entre el experto informático y Campmajó para el envío de una factura por un importante de 4.900 euros más IVA, "con un margen de un 20% dependiendo del informe que toque". Los investigadores señalan que "se diferencia claramente el objeto contractual", que sería "una auditoría de vulnerabilidades y tráfico", de la labor de "detección y posible atribución de escuchas activas que se haría realmente". 

Extracto del informe de la Guardia Civil con las conversaciones entre Josep Campmajó y Bruno Pérez Juncà EL ESPAÑOL

El Instituto Armado destaca también que, al término de dicha conversación, Bruno Pérez preguntó a Campmajó sobre "qué estrategia seguir", ya que "aquí nadie se pronuncia... de ERC ninguno". 

Hackear el WiFi

Dos meses después, Campmajó encargó a Bruno Pérez "realizar un Pentest". Esto se refería a un test para ver la vulnerabilidad del sistema WiFi de la consulta y ejecutar un "ataque de clonación y captura". La persona que lo encarga es el responsable de una empresa de San Antonio de Calonge (Gerona) que pide este trabajo para un tema "más personal que el de los rusos".

Altanetica SL es la empresa que dirige Lluis Pons, la persona que paga por hackear los dispositivos electrónicos de un odontólogo, y que, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, había contratado también a Campmajó por un caso de espionaje industrial realizado por dos exempleados bielorrusos: Sergey Tkach y Nicolay Markovskiy.

El Instituto Armado señala que el trabajo informático ilegal se llevó a cabo por parte de Bruno Pérez, ya que existe el pago de Altanetica SL a RIC Associats Volums SL, sociedad de Campmajó, por un importe de 2.200 euros el 14 de mayo de 2020. 

Un día antes, el líder de Tsunami escribe a Lluís Pons sobre esa factura: "Para protegernos, te haré una con el concepto y el NIF, que será provisional. En 30 días te haré una de abono y una nueva con otro NIF". 

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Campmajó también dice que actuarán "en la consulta", y que lo que harán "será buscar copias guardadas de sus dispositivos". La Guardia Civil define estas acciones ejecutadas por Bruno Pérez como una "vulneración de derechos fundamentales". 

Los investigadores del Instituto Armado concluyen en su informe que "se puede deducir que Campmajó contaría con la colaboración de Bruno Pérez Juncà para el análisis de terminales telefónicos, redes WiFi y, muy seguramente, barridos informáticos. El líder de Tsunami facturaba estos trabajos a la empresa RIC Associats Volums SL, si bien en el encabezamiento figura Errece Volums". 

También señalan los agentes de la Guardia Civil a Bruno Pérez como "el encargado" de hackear móviles y analizar vulnerabilidades del sistema WiFi. Resaltan que estas acciones "se realizaban por encargo y, atendiendo a las evidencias analizadas, Campmajó ofrece este servicio recibiendo una contraprestación económica por ellas". 

En el informe sobre el líder de Tsunami también se destaca que se hallaron "imágenes en las que se observa material técnico de seguridad como walkie-talkies y tarjetas de telefonía de prepago entre otros elementos", así como capturas de pantalla de una conversación en la que se habla de "walkie-talkies encriptados y que funcionan fuera del rango de frecuencias estándar" que se pueden utilizar "en operaciones especiales".