Juristas afines al Gobierno se alinean con Puigdemont mientras el PSOE negocia la Mesa con Junts

Este jueves, juristas de adscripción progresista -una magistrada del Tribunal Constitucional y la Fiscalía del TC, que jerárquicamente obedece órdenes de la General del Estado- actuaron de un modo que encaja con la fórmula. La primera, emitiendo un voto particular frente al acuerdo de otros dos miembros del Constitucional. La segunda, apoyando sus tesis. Y ambas, alineándose de este modo con los intereses de Carles Puigdemont, líder de Junts, cabecilla del 1-O y prófugo de la Justicia.

La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional adoptó una resolución que contrariaba duramente a Puigdemont, cuyos acólitos salieron de inmediato a atribuirla a una "persecución del aparato del Estado" contra el independentismo. Y de inmediato, la Fiscalía del TC anunció un recurso, lo que le permitirá al expresident huido tener una oportunidad más.

¿Para qué? Para obrar la paradoja de que la Justicia de nuestro país les permita volver a pisar libremente España, después de que la Justicia de nuestro país embarcara a la europea en impedirlo. 

La negociación

Si no fuera por el momento político en el que estamos, las menos de dos horas transcurridas en todo este episodio simplemente habrían sido extrañas. Pero en este momento, el PSOE se encuentra negociando la presidencia del Congreso y la investidura de Sánchez con Junts y otros partidos nacionalistas e independentistas. El que más duro se lo está poniendo es Puigdemont, que únicamente se podría contentar con "cesiones en clave nacional", es decir, soberanista.

Carles Puigdemont y Toni Comín, en la reunión del llamado Consell de la República, en Waterloo (Bélgica), para analizar el 23-J. EP

O sea: amnistía y referéndum. Y condonar la deuda de la región con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Que es lo mismo que decir que el Estado pague, borre los delitos y luego acepte como posible su troceo. Unas demandas tan "de máximos", en palabras de Félix Bolaños, que son inalcanzables. Pero que se alimentan del victimismo con el que el expresident huido interpreta las resoluciones (políticas o judiciales) que le perjudican.

El TC había inadmitido a trámite un recurso de Puigdemont y su exconsejero Toni Comín (también prófugo) reclamando medidas cautelarísimas para levantar la orden de detención emitida contra ellos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En ella se basó la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para dar la razón al Parlamento de Bruselas, que considera que ambos asumieron su condición de eurodiputados de forma fraudulenta y, por tanto, no tienen inmunidad.

Fuentes jurídicas del PSOE admiten que esas medidas cautelarísimas solicitadas por los recurrentes "justificaban totalmente" la resolución, tomada de urgencia y por esta Sala de Vacaciones. Pero al mismo Partido Socialista la resolución le ponía una piedra enorme en el camino para la negociación con Puigdemont y los suyos, cuyo acuerdo es necesario para la Mesa del Congreso y el sí para que Sánchez sea reelegido.

La propia magistrada del TC María Luisa Balaguer calificaba este jueves de "inusual" que la Sala de Vacaciones resolviera el recurso del expresidente Puigdemont sin esperar a elevarlo al pleno "por su especial trascendencia". En una entrevista en la cadena Ser, Balaguer no quiso entrar en cuestiones políticas o "un proceso de intenciones". Pero sí señaló que desde 2017, tras el referéndum ilegal del 1-O, "todos estos asuntos", los relacionados con el 'procés', "se han tramitado en pleno porque incumbía al pleno tramitarlos" por su "interés excepcional" y por su "importancia".

Ese cierto"consenso", asegura Balaguer, se ha respetado también por "las sensibilidades que se puedan considerar en un sentido más abierto a un cierto federalismo, como podía ser la posición mía y la de Juan Antonio Xiol y algún otro compañero". Una unidad, ha añadido, que sólo rompieron en dos ocasiones y "desde luego justificando mucho lo que nosotros pensábamos que tenía que ser una voz distinta".

El miércoles, la única magistrada del sector progresista del TC que ha formado parte de la Sala de Vacaciones, Laura Díez, ha formulado un voto discrepante de la decisión de inadmitir el recurso del expresidente catalán prófugo de la Justicia. A su juicio, la demanda de Puigdemont no debió ser abordada por la Sala de Vacaciones y, en todo caso, debió ser admitida a trámite.

El exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez, en su toma de posesión como magistrados del Tribunal Constitucional. Efe

La posición de Díez no ha sorprendido, porque desde que llegó al TC ha respaldado las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que fue el que la nombró magistrada del Constitucional en enero de 2022.

Su perfil gubernamental es innegable: de 2020 a abril de 2022 fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, con sede en Moncloa, a las órdenes de Félix Bolaños. Con anterioridad, entre 2018 y 2020, fue directora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, considerado su mentor.

Catalana de origen, de Moncloa pasó al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, donde estuvo de mayo de 2022 y hasta su acceso al TC. Antes, entre 2002 y 2004, fue asesora del Govern catalán para la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

La posición de Laura Díez sobre el recurso de Puigdemont fue inmediatamente acogida por la Fiscalía, que nada más conocer la resolución de la Sala de Vacaciones anunció un recurso contra la misma. La celeridad de la Fiscalía en dar a conocer su intención de recurrir contrasta con el hecho de que no podrá hacerlo, como pronto, hasta el próximo 1 de septiembre, porque agosto es inhábil para ese tipo de actuaciones procesales.

El anuncio de la Fiscalía -que, según Pedro Sánchez, "depende del Gobierno"- ha logrado contrarrestar el varapalo del TC a Puigdemont, que tendrá una nueva oportunidad para que su demanda sea admitida.