El Gobierno pacta con Bildu una comisión que investigue el franquismo, incluida la etapa de UCD

El Gobierno ha pactado con Bildu la creación de una comisión independiente que investigue el franquismo, llegando hasta diciembre de 1983, es decir, cinco años después de la aprobación de la Constitución. La investigación incluirá, por tanto, los gobiernos de UCD y un año del de Felipe González (PSOE).

Ese acuerdo se incluirá en el proyecto de Ley de Memoria democrática que se tramita en el Congreso y será suficiente para que la ley salga adelante, primero en comisión y luego en el Pleno. Y es que, aunque el Gobierno aún no tiene el visto bueno de ERC, sí hay un pacto cerrado con el PNV.

En ponencia las enmiendas han sido pactadas por el PSOE y Unidas Podemos con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria, y ERC y Junts se han abstenido. La norma irá la próxima semana a la Comisión Constitucional y el 14 se aprobará en el Pleno del Congreso para que vaya luego al Senado.

El acuerdo entre el Gobierno y Bildu incluye cinco puntos. El primero es convertir el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona en lugar de memoria antes de un año.

Ese fuerte está abandonado y depende del Misterio de Defensa. Fue cárcel franquista y se produjo una fuga de 150 presos que fueron asesinados. Los restos de las víctimas nunca fueron hallados.

El segundo acuerdo es la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián. En ese edificio fueron torturados y asesinados Lasa y Zabala, primeras víctimas de los GAL.

La 'guerra sucia'

El tercero es la creación de y una comisión independiente que investigue la violación de derechos humanos durante el franquismo. Esa comisión reunirá toda la información y los testimonios y elaborará un informe con recomendaciones.

La enmienda pactada habla de una comisión “de carácter académico, temporal y no judicial, independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura”. Añade que estará formada por “personas de reconocido prestigio en el mundo académico y en el ámbito de los derechos humanos”.

El cuarto acuerdo es que la investigación llegue hasta diciembre de 1983, por entender que la actuación del franquismo se mantuvo hasta esa fecha, pese a que ya estaba aprobada la Constitución y en 1982 empezó a gobernar el PSOE.

La enmienda señala que habrá una comisión técnica que en un año elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”.

Bildu explica que ha logrado "extender el límite temporal de aplicación de la Ley de Memoria hasta finales de 1983, un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a victimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá del 1978, en el post-franquismo; víctimas todas ellas abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora".

Según la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, se investigarán todas las conculcaciones de derechos humanos. Preguntada si incluirá la guerra sucia o casos de torturas, ha respondido: "Todas las conculcaciones".

La guerra sucia, con grupos como los GAL, se mantuvo hasta después de 1983, de hecho, hubo condenas firmes por hechos posteriores.

El último acuerdo es la declaración expresa de la ilegalidad e ilegitimidad de la Justicia franquista y, por tanto, la nulidad de las resoluciones de sus tribunales.

Esta enmienda pactada señala que “se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que apartar del golpe de Estado de 1936 se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de sus resoluciones”.

Además, “se declara la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra “.

El PNV ha pactado también que se abran los archivos para tener acceso a la documentación de la época.