Teodoro García Egea, Cuca Gamarra y Pablo Casado, en el Congreso.

Teodoro García Egea, Cuca Gamarra y Pablo Casado, en el Congreso.

Política POLÉMICA POR LA REFORMA LABORAL

Miembros de la Ejecutiva del PP cuestionan que se insista en el “pucherazo”: erosiona las instituciones

La estrategia adoptada por la cúpula del PP crea malestar en algunos miembros de la dirección, que piden no dejarse llevar por el discuso de Vox.

5 febrero, 2022 04:09

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La aprobación de la reforma laboral, que salió adelante el jueves en el Congreso gracias al voto telemático del diputado del PP Alberto Casero, ha roto todos los puentes de entendimiento entre el Gobierno y el primer partido de la oposición.

Pero no todos comparten en la dirección del PP la estrategia que ha decidido adoptar el equipo de Pablo Casado, que este viernes ha calificado lo sucedido de "pucherazo a la soberanía nacional" y "atropello democrático".

La mayoría parlamentaria que había tejido el PSOE era tan frágil, que el PP tuvo en su mano tumbar la medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sobre todo, después de que los dos diputados de Navarra Suma, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, decidieran votar no a la reforma laboral, en contra de las instrucciones que habían recibido de la dirección de su partido.

Sin embargo, la "enorme torpeza" -algunos diputados del PP ya no dudan en calificarlo así- del secretario de Organización del partido, Alberto Casero, y la negativa de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, a subsanar su "error", dio al Gobierno una victoria inesperada al Gobierno. La reforma laboral quedó aprobada por un único voto de diferencia, el de Casero.

"Atropello democrático"

Tras la tormentosa noche del jueves en las Cortes, el presidente del PP, Pablo Casado, ha elevado el tono. Desde Soria, en un acto de apoyo a la campaña electoral de Alfonso Fernández Mañueco, Casado ha advertido que Meritxell Batet estará "prevaricando" si no rectifica, y ha confirmado que su partido estudia pedir el amparo del Tribunal Constitucional por la "vulneración del derecho al voto" del diputado Alberto Casero.

"Es un gran fracaso para Sánchez que la medida estrella de su legislatura haya tenido que aprobarse con este pucherazo parlamentario", afirma el presidente del PP.

La cúpula del partido ha cerrado filas en torno a Casado, en una cuestión que consideran capital, y de una enorme gravedad democrática. Pero también comienzan a oírse voces discrepantes, que consideran inapropiado asumir el término "pucherazo" que, ya en la noche del jueves, utilizó la diputada de Vox Macarena Olona.

"No podemos comprar la tesis voxera de los pucherazos que deslegitiman la democracia. Eso es peligroso", indica un destacado miembro del partido, que defiende que el PP no puede asumir un discurso que erosiona la confianza en las instituciones.

Fallo no informático

Otro miembro de la dirección del PP consultado por EL ESPAÑOL considera un error que, en la noche del jueves, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra atribuyera a un fallo informático -absolutamente improbable- el error del diputado Alberto Casero en el televoto.

La misma fuente considera que el debate debe trasladarse al terreno jurídico y al sectarismo demostrado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que "una vez más ha dado muestra de su falta de imparcialidad. ¿Habría actuado igual si el error hubiera sido de un diputado de Podemos o de Bildu, y su voto hubiera sido decisivo para aprobar la reforma laboral? Sin duda habría ordenado repetir la votación".

Porque, añade, "es indiferente que se produjera un fallo del sistema informático o que Casero se equivocada al votar". Lo fundamental es que sigue en vigor la resolución adoptada por la Mesa del Congreso sobre el voto telemático, que Meritxell Batet se negó a aplicar.

El punto 4 de esta norma indica que, después de que un diputado ejerza el voto telemático, los servicios de la Cámara deben ponerse en contacto con él telefónicamente para confirmar el sentido de su voto.

Cambio de guion

Así se hacía hasta la llegada de la pandemia, cuando el televoto se ejercía sólo de forma excepcional, por ejemplo, en casos de embarazo o incluso cuando un diputado se encontraba ingresado en el hospital. Esta solución dejó de ser viable cuando el confinamiento obligó a la práctica totalidad de los diputados a votar desde casa.

El punto 6 de la misma normativa permite que la Mesa de la Cámara declare nulo el voto telemático emitido por un diputado y le autorice a ejercerlo de forma presencial. Antes de que se cerrara la votación del jueves, el PP pidió a Meritxell Batet que pusiera en marcha esta fórmula. Pero la presidenta del Congreso se negó a acceder, consiente de que el PSOE sólo podía sacar adelante la reforma laboral gracias al "error" del diputado Alberto Casero.

Fuentes del PP recalcan que Batet adoptó esta decisión unilateralmente, usurpando las funciones de la Mesa. Una vez concluido el Pleno, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se reunió con Meritxell Batet para pedirle que reconsidera su decisión, pero se negó a dar su brazo a torcer. Los socialistas no podían renunciar a la inesperada victoria que suponía la aprobación de la reforma laboral.

En dicha reunión, un letrado de la Cámara presente se negó a aclarar si la resolución de 2012 sobre el televoto sigue en vigor, aunque los populares albergan pocas dudas al respecto. Y este extremo es el que puede propiciar que el PP logre revertir la situación en los tribunales.

"¡Lo que sea!"

Con el fin de tomar las medidas judiciales oportunas, la cúpula del PP ha remitido a todos los miembros de la Junta Directiva un mensaje de WhatsApp, en el que instan a recopilar precedentes en los que se repitiera una votación, debido al error de un diputado o senador.

"Necesitamos recuperar casos y situaciones de diputados de esta legislatura y otras en las que se modificó el voto porque se avisara, porque llamaran de la Cámara ante errores, lo que sea! Idlo poniendo aquí", señala dicho mensaje.

Algunos destinatarios han torcido el gesto ante el tono "desesperado" que transmite este llamamiento a recopilar "lo que sea" para tumbar la decisión de Batet. Aunque es cierto que existen precedentes. El más conocido es el de la votación del Real Decreto sobre la reducción de la temporalidad de los interinos, el pasado mes de julio.

Meritxell Batet se vio obligada a repetir la votación porque una diputada de Unidas Podemos descontenta con las directrices de su partido, Rosa Medel, votó dos veces, y además en sentido contrario. Primero votó no al decreto, porque no estaba de acuerdo con sus términos.

Repetir la votación

Al producirse un empate, Batet ordenó repetir la votación. Esta vez, el secretario general del Grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, advirtió a la diputada que debía cambiar el sentido de su voto. Medel se abstuvo entonces en la segunda votación, lo que permitió al Gobierno convalidar el decreto por un único voto de diferencia.

Los populares han desplegado desde la noche del viernes una batería de iniciativas, solicitando a Meritxell Batet la convocatoria inmediata de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces, para analizar la situación.

Fuentes populares indican que la única forma de revertir lo ocurrido es repetir la votación. Algo que pondría de nuevo el reloj a cero y obligaría al PSOE a poner en marcha nuevas maniobras para que alguno de los grupos que votó no el jueves (como el PNV, ERC, Bildu o Junts) cambie el sentido de su voto.

Mientras tanto, los servicios jurídicos del PP estudian las próximas medidas: además del recurso al Tribunal Constitucional, no se descarta una denuncia por prevaricación contra Batet, si se niega a rectificar.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el recurso ante el Constitucional tiene visos de prosperar. Existe al menos un precedente en el que el Alto Tribunal confirmó que el entonces presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, vulneró el derecho al voto de una diputada socialista que había sufrido un "problema técnico", a la hora de votar los Presupuestos del Ejecutivo autonómico de 2005.

Aunque, señalan fuentes populares, el daño será difícilmente reparable si el Tribunal Constitucional confirma, pasados varios meses o años, que la reforma laboral ha sido aprobada en las Cortes de forma irregular.