Sánchez interpreta que la sedición no es delito grave para encajar el indulto en el código ético del PSOE

Pero no lo hará. Sánchez seguirá adelante, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en fuentes del Gobierno. Y será así una vez que el presidente ha encargado a sus asesores que esgriman "una interpretación" de las normas internas del Partido Socialista que le permitan soslayar la textualidad del texto.

Como ya informó este periódico hace dos meses, es ese mismo Código Ético socialista el que impide a Pedro Sánchez "proponer o apoyar el indulto" a los políticos condenados por el golpe separatista del 1-O de 2017. El documento vigente en el PSOE -que se redactó ya bajo el mandato del mismo Sánchez como secretario general- lo impone, en su artículo 8.1) que para "cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género [...] así como por la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". 

Como el PP con Cospedal

El Código Penal es claro al respecto: según los artículos 13 y 33, se consideran "delitos graves" los que implican una pena de más de cinco años de cárcel, inhabilitación especial o suspensión de empleo o cargo.

En esta categoría entra, sin ninguna duda, el delito de sedición por el que fueron condenados los principales líderes del procés: el artículo 545 del Código Penal impone para el delito de sedición una pena de ocho a diez años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargo público. Si el condenado es una autoridad pública, la pena será de entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación. 

En su sentencia dictada en octubre de 2019, el Tribunal impuso penas de 13 años de cárcel e inhabilitación para Oriol Junqueras, y 12 años para Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, todos ellos como autores del delito de sedición en concurso con malversación. En cambio, sólo condenó por sedición a Carme Forcadell (11 años y seis meses), Josep Rull y Joaquim Forn (10 años y seis meses), Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (nueve años de prisión).

La interpretación literal del Código Ético del PSOE impediría otorgarles el indulto, ya que todo ellos han sido condenados por "delitos graves", según la tipificación prevista en el Código Penal.

Sin embargo, este diario ha podido saber que la Comisión de Garantías del PSOE invocará precedentes en los que se interpretó de una manera generosa el texto. Fuentes internas de la Comisión explican a EL ESPAÑOL que "se dieron casos de concejales o alcaldes socialistas incluso imputados o procesados por presuntos delitos urbanísticos que luego quedaron en nada". Y en esos casos, la Comisión abrió la mano en la interpretación de las normas éticas internas.

Es algo parecido a lo que decretó el pasado viernes la comisión equivalente del Partido Popular en el caso de María Dolores de Cospedal. El Comité de Derechos y Garantías, presidido por Andrea Levy, acordó no abrir expediente informativo porque la presunta conducta no resulta del "ejercicio de un cargo público o representativo".

Así, las fuentes consultadas en el PSOE admiten que "el delito de malversación ha sido interpretado por el Supremo como ligado a la corrupción, pero el de Oriol Junqueras y el resto de condenados por el procés no es el caso, porque no hubo un enriquecimiento personal". Y ya se han dado casos anteriores, "con compañeros del partido" en los que se ha mirado para otro lado si la malversación no era en beneficio propio.

Facilidades

De hecho, la Comisión de Garantías tiene bien estudiado el caso, en previsión de que se presentara algún problema como el escrito presentado oficialmente este martes. La prueba es que las fuentes consultadas explican que "está en los hechos probados de la sentencia, que la malversación de los reos no fue para enriquecerse, sino para la propia comisión del delito de sedición".

Y ésa es precisamente otra de las facilidades que pondrán los guardianes de la ética del PSOE al entorno del presidente Sánchez. Más allá de esa interpretación laxa que evita el problema de los "delitos de corrupción", ¿qué hay de la que se refiere a los "delitos graves" en general? "La tradición en el partido es limitar esa definición a casos como delitos contra la libertad sexual o de violencia de género", aclara la fuente consultada.

El artículo 7 de los Estatutos del partido dice literalmente que "el afiliado o afiliada del Partido que incumpla lo dispuesto en estos Estatutos, en el Código Ético o en cualquier otra norma reglamentaria [...] o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos los miembros del Partido imponen los presentes Estatutos, será sancionado, previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario".

Los plazos

Pero la Comisión de Garantías dará todos estos argumentos por respuesta a los rebeldes. Contactados por EL ESPAÑOL los promotores del documento dan por hecho que la polémica acabará en la Justicia ordinaria, en la que reclamarán "medidas cautelarísimas" para evitar que Sánchez impulse y conceda los indultos a los cabecillas del golpe independentista.

En el texto, le daban al presidente un plazo de dos semanas. Es decir, que si el martes 15 de junio no obtienen respuesta, afirman que llevarán el caso a los tribunales. "Que el mayor de los problemas en los indultos sea ése", responde una fuente de Moncloa, consciente del precio político que puede pagar el presidente.

Los rebeldes, en todo caso, deberán darse prisa, ya que los expedientes avanzan y fuentes del gobierno confirman que se prevé llevarlos al Consejo de Ministros "cuanto antes"... siempre después de las primarias andaluzas del domingo 13 de junio -que coinciden con la concentración de Colón en cuya foto confía Sánchez para desviar la polémica- y siempre antes de las vacaciones.