"Euskal Herria Bildu dice lo que hace y hace lo que dice", aseguraba Arnaldo Otegi este lunes. "Y ésa es una de nuestras señas de identidad, hasta nuestros adversarios políticos dicen que tenemos palabra". Con esas palabras introducía el líder independentista vasco su explicación de por qué propondrá a las bases de la formación un voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado.

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Y con éstas las culminó: "El hilo conductor" de la línea política de EH Bildu "es ganar derechos, porque cuando EH Bildu hace acuerdos, se gana en derechos".

¿Cuándo avisó de lo que quería? El 14 de septiembre, al iniciarse sus conversaciones con el Gobierno: "Que se solucione el debate territorial, se impulsen las políticas sociales y se dé solución a la política penitenciaria", apuntó Mertxe Aizpurua. "En base a estos tres criterios, estamos dispuestos a llegar a acuerdos".

Las palabras de Otegi desmentían de plano a la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra; y al secretario de Organización socialista y ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Los dos negaron la existencia de un pacto con la formación heredera de Batasuna... eso sí después de presumir de él días antes. "Hemos pactado con demócratas", dijo Lastra; "Bildu ha mostrado más responsabilidad que el PP", apuntó Ábalos. 

Pedro Sánchez no había ido tan lejos, y se había limitado a presumir de que "el problema [del PP] es que 198 escaños de esta Cámara han considerado oportuno tramitar unos Presupuestos necesarios en nuestro país". Y quizá por eso, viendo los "vómitos" que provocaba el acuerdo a algunos de sus barones, Lastra se rectificó a sí misma diciendo que "no hay pacto, de momento". 

Y Ábalos se desdijo, después de abroncar Sánchez a sus líderes regionales en la Ejecutiva: "No hay pacto, no tenemos ninguna garantía de que vayan a apoyar el Presupuesto más allá de los partidos del Gobierno". Porque, según el ministro, "aún no se ha negociado nada" con los grupos: "Las enmiendas se hablan ahora", dijo, refiriéndose a esta semana.

Carmen Calvo y Mertxe Aizpurua (Bildu), con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. Diego Radamés

Pero eso no se corresponde ni con lo dicho por Otegi ni con las reuniones que dirigentes socialistas -Carmen Calvo, Adriana Lastra y Rafael Simancas- han mantenido hasta ahora, tres al menos, con los portavoces bildutarras, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute. No sólo hay constancia gráfica de ellas, sino que en muchos casos ésta es de "cobertura oficial" de Moncloa.

Negociación política

El afán de Ábalos y Lastra por negar acuerdos en los números de las cuentas públicas trata de desligar al PSOE de cualquier pacto con Bildu. Pero, en realidad, lo que hace es señalar el camino del pacto político. No sólo en manifiestos contra el PP y Vox, ni para sacar adelante prórrogas del estado de alarma, sino de más calado.

Porque es de esas citas de las que salió la "predisposición a apoyar los Presupuestos" que el día del debate en el Congreso había anunciado Otegi y había celebrado Iglesias, dándole la bienvenida a "la dirección de Estado".

Según fuentes de la negociación de Bildu, en esas reuniones, efectivamente, no se habló de partidas, inversiones o transferencias. De hecho, esas citas se celebraban con todos los grupos que luego rechazaron las enmiendas a la totalidad, incluido Ciudadanos. "Pero sí se habló de medidas políticas", añadía esta fuente autorizada de los abertzales.

De ahí, por ejemplo, la introducción de la enmienda a la ley de Educación para eliminar el español como lengua vehicular, pactada con Esquerra a cambio de su apoyo en las cuentas públicas, y que sí se hizo pública.

Y de ahí las otras exigencias de Bildu, una reforma fiscal que, de momento, no se ha cumplido. Y la derogación de la reforma laboral, que sí se ha vuelto a poner sobre la mesa en la última semana por parte del Gobierno, y ya le ha trasladado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, a la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, admite que tendrá que "sentarse y hablarlo", aunque no cree que sea el momento.

Adriana Lastra (PSOE), Mertxe Aizpurua (Bildu), Pablo Echenique (Podemos) y Enrique Santiago (IU).

Pero otra de las exigencias ya se lleva cumpliendo meses, y en esto cabría interpretar el paso de la abstención al  de los de Otegi: "Lo de los presos lo damos por sentado. Es que si no se cumple, no se habla de nada", añadía esta fuente bildutarra a EL ESPAÑOL.

Es decir, que tal como explicaba a este periódico esta fuente autorizada de la coalición heredera de Batasuna, siempre ha sido una especie de condición 'sine qua non'

Y sólo cumpliéndose "la solución a la política penitenciaria", como ya avisó en septiembre, al iniciarse esas conversaciones, la mesa política de Bildu ha pasado de impulsar la abstención en la investidura de Pedro Sánchez a sentarse a negociar con el Gobierno de coalición y, ahora, a proponer el  a sus Presupuestos. Como decía este lunes Otegi, Bildu "tiene palabra".

"Ventana de oportunidad"

Tanto la proclamación del presidente en las Cortes como ahora la votación de sus cuentas públicas han sido sometidas a una consulta a las bases de la izquierda independentista vasca. Y en ambas ocasiones, con una sugerencia clara por parte de la dirigencia, expresada en rueda de prensa por Arnaldo Otegi. "Facilitaremos la investidura porque vemos una ventana de oportunidad", dijo entonces.

Y este lunes apuntó que "ahora no toca valorar si esa oportunidad se ha cumplido aún, sino que toca mantenerla abierta". Lo que no aclaró es si la oportunidad es para ejercer más el independentismo o mostrar más su rostro pragmático de formación de izquierdas, con el que trata de desbancar en la hegemonía nacionalista al PNV, que ha logrado la transferencia de las competencias en Prisiones.

Así, Otegi añadía que "ya dijimos que íbamos al Congreso y al Senado de Madrid a parar a la derecha fascista y autoritaria arrancando derechos, y eso es lo que hacemos apoyando los Presupuestos". Algo que sólo coincidía en parte con lo que su diputado y número dos en Sortu, Arkaitz Rodríguez espetaba el mismo día que se aprobaban la tramitación de los Presupuestos: "Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen y a arrancar derechos sociales".

Dispersión de etarras

Desde que llegó hace casi dos años y medio a ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha acercado a 98 etarras a cárceles próximas al País Vasco o situadas en esa misma comunidad autónoma. Se trata de la mitad de los 197 presos de la banda terrorista que cumplen condena a día de hoy en el sistema penitenciario nacional.

En una entrevista televisiva, la semana pasada, Marlaska trataba de encuadrar estos traslados en "el cumplimiento de la ley. Según sus palabras, desde su nombramiento "trasladé a las asociaciones [de víctimas] cuál iba a ser la política penitenciaria del Gobierno y dije que era aplicar la ley penitenciaria atendiendo al Estado de derecho y al tratamiento individualizado".

Pero lo cierto es que la ley también se cumple sin acercamientos. Es decir, la política de dispersión de los presos etarras no sólo fue eficaz en la lucha del estado para acabar con ETA, también era y es legal. La Ley General Penitenciaria no lo prescribe de manera taxativa y sólo trata el asunto de manera tangencial en el artículo 12.1) "se procurará que [área territorial] cuente con el número suficiente de [establecimientos] para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados".

Adicionalmente, en el artículo 59.2) se añade "se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en [los internos] una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general".

El artículo 25.2) de la Constitución Española, que dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social", es el que inspira la interpretación. Y amparándose en qué es lo mejor para la "reinserción social" de los presos etarras, todas las sentencias, incluidas las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han amparado la política de dispersión.