La transferencia efectuada por el Gobierno de Pedro Sánchez al PNV del control de las cárceles en el País Vasco ha soliviantado por igual a víctimas de ETA y funcionarios de prisiones de toda España. Las principales asociaciones de damnificados por la banda terrorista entienden esta concesión al Gobierno vasco como un paso más en la política de acercamiento de presos desarrollada por el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska a la cabeza.

Noticias relacionadas

A lo largo de las últimas horas han elevado también una advertencia de lo que esta prerrogativa puede suponer: las prisiones vascas tendrán la potestad de poner en libertad a los etarras que se encuentren bajo su jurisdicción. Tan solo otra comunidad autónoma posee esa autoridad en su territorio: Cataluña.

"Una vez los tengan allí, podrán hacer básicamente lo que quieran con ellos, como la Generalitat con los presos del procés", explican las fuentes consultadas.  

Según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), una vez los nacionalistas tengan la competencia de prisiones, los funcionarios ya no responderán ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sino ante el lehendakari y su equipo de gobierno.

"Esto supondrá que el juez de vigilancia penitenciaria que apruebe las liquidaciones de condena o las progresiones de grado tomará estas decisiones basándose en los informes que habrán elaborado funcionarios de prisiones dependientes del Gobierno Vasco", aseguran desde Covite.

Ya el año pasado, durante la negociación para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sobrevolaba la hipótesis de que el Gobierno de Pedro Sánchez lograría el apoyo del PNV si formalizaba la transferencia de esta y otras competencias.

Diversos expertos consultados por este periódico, que llevan años analizando los movimientos de la izquierda abertzale, consideran que, si el Gobierno vasco tiene el control de Prisiones y todos los presos son acercados a esa región, "las cárceles podrían vaciarse de etarras de aquí al final de la legislatura”.

"Forma parte de la negociación que lleva el Gobierno con sus socios y la política de reinserción y acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA", explican desde el sindicato de prisiones APFP. Esta entidad y otras asociaciones que aglutinan a trabajadores de las cárceles, como Tu Abandono Me Puede Matar, advierten de las complicaciones que surgirán en cuanto se formalice el traspaso de competencias, en marzo del próximo año, dentro de cinco meses

Sin freno

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mostrado su preocupación en varias ocasiones por esta cuestión. Algo que muchos pensaron que nunca llegarían a ver. Para ellos, la señal de alarma llegó ya con el incremento de traslados de presos a lo largo de los últimos meses. 

Es importante, en este caso, tener en cuenta el contexto en el que se produce la noticia: "Siempre ha estado encima de la mesa de las negociaciones como moneda de cambio. Ahora vemos una derogación de facto de la política de dispersión con 80 traslados a prisiones cercanas al País Vasco", explican desde la AVT.

El acercamiento de presos etarras iniciado por el Ejecutivo hace dos años y medio se acrecienta mes a mes. Para las víctimas resulta sobrecogedor y altamente peligroso que ahora el PNV tome, además, el control de las prisiones.  

Manifestación de la izquierda abertzale.

Terroristas sanguinarios como Antonio Troitiño, condenado por el asesinato de 12 guardias civiles en 1986 en un mismo atentado, o Andoni Otegi Eraso, que acabó con la vida de una niña en Santa Pola y años después quemó vivo a José Javier Múgica, concejal de UPN en Leiza, son algunos de los que se han beneficiado de los acercamientos. 

"Entre los traslados, que podríamos catalogar ya como masivos, ninguno ha colaborado con la Justicia", sostenía hace unos días la AVT.

Informes favorables

Cuando el País Vasco tenga las competencias, "los funcionarios encargados de redactar los informes favorables de la evolución de los presos, serán los del Gobierno autonómico". Esos informes determinarán si un etarra al que le queden años de condena "puede salir antes a la calle".

El argumento habitual de la izquierda abertzale es que la dispersión de los etarras en prisiones de todo el país es algo ilegal. Se trata de un argumento falso, ya que la mayoría de los presos de todo el sistema penitenciario cumplen condena en prisiones diferentes a las de su comunidad autónoma. "No es un derecho de los presos", insisten desde Covite.

Junto a la transferencia de Prisiones, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido por la ministra  Carolina Darias, tiene previsto traspasar otras 30 que, según el Gobierno, estaban pendientes.