El PP, cercado por Kitchen: la izquierda vota la comisión y Vox se plantea ejercer como acusación

La comisión de investigación sobre la 'operación Kitchen' echará a andar en el Congreso de los Diputados, a falta de que se concreten fechas y se consensen comparecientes. Ha salido adelante en la Mesa con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, con seis representantes, y sólo se ha opuesto el PP, el gran perjudicado con su celebración. Vox, que ha guardado en secreto el sentido del voto hasta el último minuto, se ha abstenido.

El partido de Santiago Abascal, como ha dicho él mismo a primera hora en una entrevista en Telecinco, no quería significarse en el mismo sentido que "la morralla de comunista y separatista", pero finalmente tampoco se ha opuesto a la comisión, haciendo más visible la soledad popular en un frente en el que tampoco le acompaña Ciudadanos, o así lo ha manifestado su líder, Inés Arrimadas, en los últimos días.

Pero que Vox no vaya a sincronizar su voto con el de sus enemigos o no vaya a apoyar presumiblemente sus principales demandas en cuanto a los intervinientes no significa que no vaya a 'hacer oposición' al PP con este escándalo. "Estamos abordando personarnos como acusación particular", ha dicho Abascal, que cree que la judicial, al menos en España, es la única vía útil a la hora de esclarecer este tipo de escándalos.

A finales de mes

"Las comisiones de investigación -ha sostenido Abascal- tienen sentido como herramienta de control al Gobierno, pero aquí son un espectáculo lamentable que usan los gobiernos para atacar a la oposición o a los gobiernos anteriores".

Es turno ahora de la Junta de Portavoces, que tiene que decidir cuándo se debaten las propuestas en el Pleno, lo que no sucederá hasta la semana que viene, por lo que se prevé que la aprobación definitiva se produzca la última semana de septiembre. Según los escritos de las propuestas, la comisión duraría tres meses.

Según el auto del juez Manuel García-Castellón, el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al mando, creó un cuerpo "parapolicial" coordinado por su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, dedicado a obtener "información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes de la formación, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial". El dispositivo, de hasta 71 agentes, se habría costeado con fondos reservados. De todo lo anterior habría estado al tanto Mariano Rajoy, apunta un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Se espera que Fernández Díaz sea el primero de los citados, si bien los principales objetivos de los promotores de la comisión, en especial de Unidas Podemos, son Rajoy y el hoy presidente del PP, Pablo Casado, en el momento de los hechos diputado raso. .