Montero emplaza a Cs a pactar los Presupuestos de 2021 y rechaza el impuesto a los ricos de Podemos

En plena desescalada de la propia Moncloa -este lunes fue el primer día sin ruedas de prensa de ministros en más de dos meses-, han comparecido la portavoz, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del Gobierno de cada martes. Esta semana ha comenzado lo que el Ejecutivo ha llamado "la transición a la nueva normalidad" que deja el coronavirus, con el paso a la Fase 1 del 51% de la población.

Las ruedas de prensa del Gobierno suelen servir para leer entre líneas. Las conclusiones pueden ser definitivas o de simple ambiente, pero tras el acuerdo de la semana pasada entre Pedro Sánchez y Inés Arrimadas, los nervios demostrados en las filas de Unidas Podemos y de los nacionalistas se han traducido en dos respuestas de Montero muy elocuentes.

Así, la ministra portavoz ha sugerido que el Gobierno quiere negociar los Presupuestos Generales de 2021 con Ciudadanos. "Tenemos como vocación ampliar nuestros apoyos parlamentarios, sobre todo en esta crisis", ha respondido Montero a una pregunta expresa por las cuentas públicas.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. E.E.

"Y por eso quiero valorar las manifestaciones de Ciudadanos de querer colaborar, pero corresponde a esa formación aclarar en qué facetas". Y en todo caso, "es bueno que aparquen sus diferencias ideológicas y vayan por ese camino". Es decir, que el Gobierno ve factible una mayoría alternativa con Cs y sin ERC.

Después de mandar flores a Arrimadas, Montero ha reservado la hiel para Pablo Iglesias. A la también titular de Hacienda no le ha gustado la idea lanzada este martes por Podemos sobre un impuesto a los ricos.

La ministra, antaño una buena aliada de los morados cuando Sánchez gobernaba en minoría, ya se mostró a la contra hace 12 días, cuando por primera vez Podemos revivió su propuesta electoral. Pero este martes ha remarcado que "no hay necesidad de que haya una figura expresa para garantizar la progresividad fiscal" gravando a las grandes riquezas, sino "que esto se puede hacer de muchas maneras".

Contra Casado, dándole la razón

Montero ha arremetido duramente también contra Pablo Casado, líder del PP, que insiste en que no es necesario mantener el estado de alarma. Lo cierto es que esta figura excepcional le otorga al Gobierno plenos poderes, pero la portavoz ha reprochado al líder de la oposición que "o cree que todos podemos salir ya sin hacerlo de manera ordenada o bien prefiere que el Congreso no tenga la palabra y que sea el Gobierno el que decrete todo".

Ya el pasado domingo, Montero admitió sin decirlo que el PP tiene razón, que sí hay un 'plan B' al estado de alarma, más allá de que sea más o menos conveniente, sencillo, políticamente adecuado u oportuno dadas las circunstancias.

La Ley General de Sanidad, la de Salud Pública y la de de Medidas Especiales permiten al ministro titular del ramo decretar confinamientos, cierres de actividad y todas las medidas que están siendo usadas en el estado de alarma. "Pero es más garantista ir al Congreso a pedir permiso", insistía Montero, "y poner en valor el derecho a la salud con el derecho fundamental a la movilidad". 

Preguntas sin respuesta

El ministro Illa ha dicho que "el Gobierno no oculta nada" como respuesta a la pregunta de los nombres de los 12 expertos que están asesorando al Ejecutivo para los pasos de fase en la desescalada. Pero no los ha dado, una vez más. "Los procedimientos son conocidos e informa quien debe hacerlo, el doctor Simón y yo mismo".

Salvador Illa, ministro de Sanidad, en rueda de prensa. E.E.

Tampoco dio razones concretas sobre por qué el País Vasco pasó de fase y no lo hicieron algunas regiones de Andalucía que tenían mejores datos: "Esto no es sólo cuantitativo, de cinco condiciones que cumples o no, es mucho más complejo". Eso sí, tampoco aclaró cuáles eran los criterios concretos que no cumplían esas zonas sanitarias andaluzas o valencianas y sí cumplían las provincias vascas.

Montero ha tenido también que esquivar la respuesta a si el Gobierno apoya las críticas del PSOE y las del propio vicepresidente Pablo Iglesias a la gestión de la Comunidad de Madrid en la crisis del Covid-19. "No habrán escuchado ni una sola crítica del presidente Sánchez a ningún presidente autonómico, nosotros no polemizamos", ha sido su contestación.

Pero no se le había preguntado eso, más allá de que el jefe del Ejecutivo, en sus comparecencias en el Congreso, sí ha arremetido en varias ocasiones contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Ley de familias

Este martes se celebra el día de la Enfermería y el Internacional de las Familias. Y así, Illa ha expresado su reconocimiento al colectivo de enfermeras y enfermeros "y a su labor encomiable en esta crisis", mientras que la portavoz ha anunciado el proyecto del Gobierno para aprobar una ley de protección a las familias.

Con ocasión de la crisis, Montero ha señalado "que muchas familias han sufrido la desprotección y la pérdida de seres queridos".

Y ha recordado la subida del Salario Mínimo Interprofesional como un ejemplo de las iniciativas del Ejecutivo para proteger "a las diferentes estructuras familiares" para "garantizar la protección efectiva de las familias con libertad". Así, ha anunciado, sin ponerle fecha ni detalles, que ésta será una ley que ampare a todas las familias y su diversidad.

Montero también ha remarcado la importancia del acuerdo firmado el lunes para la reforma y prolongación de los ERTE, como "una muestra de la ejemplaridad con la que la sociedad española está trabajando en esta emergencia sanitaria".

Las medidas del día

De hecho, la ministra de Hacienda ha presumido de "los 5,2 millones de españoles que están cubiertos por prestaciones del Gobierno", de los que más de tres millones lo son a través del eficaz instrumento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Curiosamente, esta medida de los ERTE era una de las que el Gobierno de coalición pretendía tumbar con la derogación que planeaba de la reforma laboral de 2012, con el Gobierno del PP.

El ministro de Sanidad ha anunciado las nuevas características y prolongación del cierre de fronteras y la orden ministerial sanitaria que impone una cuarentena de 14 días a las personas que entren en España en las próximas fechas. Sólo podrán abandonarla por causas de fuerza mayor o para adquirir alimentos o ir al médico. "Hay que garantizar que todo el esfuerzo que llevamos en nueve semanas no se malogra por la entrada de ciudadanos de otros países", ha indicado el ministro.

Pero la clave estaba en las nuevas normas impuestas a las CCAA sobre la comunicación de casos de Covd-19. Ya no sólo deberán comunicar al Ministerio los casos confirmados por PCR, sino "todos los casos sospechosos de manera precoz". Y analizarlos de inmediato, sanitaria y comunitariamente, para detectar sus contactos sociales para trazar la vía de la "nueva etapa de desescalada".