El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estrecha la mano a Pedro Sánchez.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estrecha la mano a Pedro Sánchez. Efe

Política ESPAÑA

Inquietud por la escalada intervencionista del Gobierno: "El control del Estado no para de crecer"

El control de los precios del material sanitario y la campaña contra la libertad de prensa hacen temer al centroderecha una deriva iliberal en España. 

18 abril, 2020 02:40

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¿Es el creciente intervencionismo del Gobierno en la economía y las libertades civiles de los españoles una solución temporal a los problemas concretos planteados por la epidemia de Covid-19 o más bien un movimiento ideológico de fondo que ha llegado para quedarse en nuestro país gracias a PSOE y Podemos?

La respuesta a la pregunta, de acuerdo a políticos, economistas y asociaciones civiles cercanas al centroderecha y el liberalismo español es inequívoca. Nada indica que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tengan intención de relajar la intensidad del control estatal una vez lo peor de la pandemia haya pasado. La falta de un plan concreto de salida del confinamiento sólo añade incertidumbre a esa percepción general.

El debate no es exclusivo de nuestro país. Las dudas sobre cuándo renunciarán los Gobiernos de la UE a las potestades acumuladas durante la epidemia se repiten en todos los medios de prensa europeos. Pocos dudan de la necesidad de que los Gobiernos cuenten con poderes especiales para la gestión de la crisis. Pero sí se duda de que esos poderes deban alargarse más allá de lo estrictamente necesario

Control de precios

El debate en España ha adquirido especial intensidad por la presencia en el Gobierno de un partido populista de extrema izquierda como Podemos. También por la constatación de que el "control del Estado" en distintos ámbitos "no para de crecer", según denuncian juristas y economistas a EL ESPAÑOL.

El anuncio de este viernes del ministro de Consumo, Alberto Garzón, del control de los precios de geles, mascarillas y guantes, ha sido la última gota de un vaso que amenaza con derramarse. 

Garzón, que ha llegado a posar con una sudadera de la dictadura comunista de la RDA, acusó a algunos fabricantes indeterminados de material sanitario de subir los precios para "enriquecerse" con la crisis. Según dijo, hay productos que antes de la crisis costaban 60 céntimos y que ahora cuestan entre 15 y 20 euros. 

Las acusaciones genéricas a "los empresarios", siempre sin dar datos o nombres concretos, han sido habituales durante las últimas semanas. A la ya habitual guerra de Podemos contra Amancio Ortega, fundador de Zara, se ha sumado el señalamiento de las funerarias, que también han visto intervenidos sus precios por parte del Gobierno

La especulación

"Hemos visto casos dramáticos como los de funerarias que subieron hasta 2.000 euros los precios de los servicios", dijo Garzón el pasado 1 de abril. La acusación fue rápidamente desmentida por la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF), que al estrés de la saturación de los servicios por el alto número de muertes añadió el de la acusación por parte del Gobierno de estar especulando con la epidemia.  

El control de los precios se suma a otras polémicas que han aflorado durante las últimas semanas y que alimentan la sospecha de que el Gobierno ha entrado en una espiral intervencionista que amenaza con reducir de manera sensible libertades como la de prensa, la de expresión, la de circulación o la del secreto de las comunicaciones. 

Son polémicas como la de la "monitorización" de las redes sociales anunciada por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska o la de la pregunta del CIS que insinuaba la posibilidad de que toda la información pública respecto a la epidemia fuera controlada por el Gobierno. La pregunta del CIS también identificaba la libertad de prensa con los bulos.

Son también polémicas como la de la toma de control por parte del Gobierno de los centros privados que hacen test de Covid-19. O la relacionada con la dureza de las condiciones del confinamiento de los ciudadanos españoles, el más estricto del mundo. O la relacionada con las agencias de fact-checking, con poder para censurar determinadas informaciones en redes sociales como Facebook. 

A las anteriores se suman polémicas como la de la decisión gubernamental de suspender la ley de transparencia, la denuncia de Podemos contra una fantasmal "red de ultraderecha" dedicada a la propagación de bulos o el anuncio de una medida de naturaleza asistencialista como la de la renta mínima vital exigida por Podemos.

Víctimas de ataques

Los primeros en levantar la voz contra las medidas intervencionistas del Gobierno han sido economistas como Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo, así como buena parte del sector de los medios de comunicación, convertidos desde hace semanas en diana de los ataques de Podemos y de algunos sectores del PSOE.      

El debate ha llegado también hasta el seno de Sociedad Civil Catalana (SCC), una organización que busca la unión de los partidos constitucionalistas contra el nacionalismo, pero que ha visto como sus miembros más afines al PSC defienden el creciente intervencionismo del Gobierno e intentan, incluso, censurar el debate interno. 

"Hay un debate muy intenso en el seno de SCC", explican fuentes internas de la asociación. "Los que se identifican con el PSC están defendiendo a capa y espada las posiciones del Gobierno". 

La tensión ha llegado hasta los chats internos de SCC. "Hemos notado que actúan como censores a pequeña escala. En cuanto mencionas algún detalle polémico relativo a las cifras de fallecimientos, por ejemplo, aparece de inmediato alguien y te riñe. 'Esto no puede colgarse aquí, ahora toca unidad con el Gobierno'. Pero, ¿qué vas a hacer? Tienes 20.000 muertos. ¿Te has de callar?". 

También en el Club Tocqueville, un think tank catalán que defiende los valores de la democracia liberal y el constitucionalismo, se muestran preocupados por la deriva iliberal del Gobierno. "La democracia constitucional necesita que la división de poderes funcione. Se puede aceptar que el Gobierno asuma más poderes en el estado de alarma porque es transitorio, pero no puede anular el control del Parlamento, ni el funcionamiento del poder judicial" dicen fuentes del grupo.

Su opinión respecto a posibles restricciones de derechos fundamentales no varía en lo esencial de la defendida por partidos como el PP o Ciudadanos. "La restricción es inevitable, incluso si es severa, en aquellos derechos que sirven para proteger la salud pública, como la libertad de circulación. Pero no puede afectar a la libertad de información. Esta garantiza una opinión pública libre. Restringirla afecta al pluralismo político".

Pero es en el terreno económico donde el Club Tocqueville se muestra más crítico. "La experiencia de estos días muestra como no siempre es mejor para el bien común la cooperación forzosa en la producción y distribución de bienes. Es decir, la dirección de la actividad económica desde el gobierno", afirman sus responsables.

"La tradición liberal ha subrayado muchas veces que la competencia bajo reglas claras puede ser una forma de cooperación, y que esta ofrece los incentivos e información necesaria para sacar lo mejor del trabajo de cada uno y adjudicar del modo más eficiente los recursos escasos", añaden. 

Frente a la deriva intervencionista del Gobierno, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido a Pedro Sánchez que elimine o fusione ministerios para reducir la burocracia y el gasto del Estado, evitando duplicidades o la existencia de ministerios fantasma sin apenas competencias o presupuesto.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, se sumó a las críticas contra las preguntas del CIS de José Félix Tezanos. Álvarez de Toledo ha pedido la comparecencia de Tezanos en el Hemiciclo para dar explicaciones por las preguntas del cuestionario del CIS en el que se preguntaba a los españoles por su disposición a tolerar lo que no puede ser definido de otra manera que como un Estado autoritario sin libertad de prensa

Hay críticas al Gobierno de periodistas, asociaciones de prensa, economistas y políticos liberales o más cercanos al centroderecha, pero también de bufetes y juristas especializados en la defensa de los derechos civiles, con independencia de sus afinidades ideológicas.

En algún caso, esos juristas han llegado a acusar al Gobierno de estar forzando un cambio constitucional por la vía de los hechos consumados.

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