La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera. Chema Moya/EFE

Política

El Gobierno declarará la emergencia climática y creará una asamblea ciudadana para combatirla

El Ejecutivo pondrá en marcha una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes 21 de enero una declaración sobre la emergencia climática, según han confirmado fuentes gubernamentales.

En el borrador de acuerdo al que tiene previsto dar luz verde mañana el Ejecutivo, se compromete en los primeros cien días a remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para alcanzar la neutralidad climática como muy tarde en 2050, sobre la base de un sistema energético cien por cien renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes y un sistema agrario neutro en CO2.

Igualmente, se compromete a definir en este plazo la senda de descarbonización a largo plazo y presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación, así como reforzar los mecanismos de participación a través de la puesta en marcha de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, según avanza Cadena Ser.

Del mismo modo, el Ejecutivo se compromete a impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.

Subida salarial

Además del paquete ecológico, el Consejo de Ministros también aprobará el decreto con la subida mínima comprometida del 2% del salario de los empleados públicos en 2020, a la que podría sumarse un 0,3% de fondos adicionales, y que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión.

En concreto, el Ejecutivo aprobará el decreto que recoge el alza salarial pendiente para los empleados públicos para este año, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, tal y cómo se había comprometido el jefe del gabinete del presidente, Iván Redondo, en una misiva remitida la semana pasada a los sindicatos. Se trata de la segunda gran medida económica del nuevo Gobierno de coalición tras haber aprobado ya la subida del 0,9% de las pensiones.

El jefe de Gabinete del Gobierno, Iván Redondo, se comprometió recientemente a sacar esta medida adelante "cuanto antes" en una carta remitida a CSIF, tal y como venían reclamando las centrales sindicales.

La subida salarial se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) en 2018, y contempla un nivel mínimo de alza del 2,3% (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Junto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la medida tendrá un coste de 3.264 millones de euros.

Al 2,3% se le podría sumar otro incremento adicional si la economía creciese por encima del 2%, si bien el Ejecutivo estima un aumento del PIB del 1,8% para este ejercicio.

El acuerdo de 2018 contemplaba un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se podía añadir más aumento en función del crecimiento y fondos adicionales.

En 2019 la subida fue finalmente del 2,5% por la suma adicional de un 0,25%, debido a que el PIB registró un incremento igual o superior al 2%, y para este año, el Ejecutivo ya asume que la subida de funcionarios será del 2,3% (subida ja del 2% más 0,3% de fondos adicionales).

Desde los sindicatos, CCOO, UGT y CSIF han reclamado en distintas reuniones al Ejecutivo la aprobación de la subida salarial desde el 1 de enero. De hecho, han llegado a celebrar movilizaciones y CSIF entregó en La Moncloa un informe jurídico para poder aplicarla desde enero.