Albert Rivera con su teléfono móvil en el Congreso de los Diputados.

Albert Rivera con su teléfono móvil en el Congreso de los Diputados. Efe

Política CIUDADANOS

Los piratas del Whatsapp de Rivera ya hackearon a los jueces del 'procés' y al Banco de España

Los primeros ataques relevantes de Anonymous Catalonia se remontan a las semanas posteriores al referéndum ilegal del 1-O.

24 septiembre, 2019 03:21

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El pirateo de la cuenta de WhatsApp de Albert Rivera no es el primer ataque informático en el historial de Anonymous Catalonia. El grupo que se presenta como célula regional en Cataluña del colectivo internacional Anonymous, es un viejo conocido de los Cuerpos y Fuerzas de de Seguridad del Estado. La cuenta de Twitter en la que el grupo publicitaba sus ataques se encuentra en la actualidad suspendida. 

Anonymous no es un grupo criminal al uso sino una etiqueta bajo la que pueden actuar piratas informáticos a título individual o coordinadamente, pero sin una estrategia, un líder o una cúpula clara. Aun así, sus ataques suelen dirigirse, tanto en Cataluña como en el resto de España, contra los objetivos señalados como "enemigos" por el separatismo y la extrema izquierda. Básicamente, políticos y partidos constitucionalistas, jueces, fiscales e incluso el Banco de España.

A finales del mes de junio de este año, pocos días después del fin del juicio del procés en el Tribunal Supremo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a los jueces del Tribunal de varios intentos de pirateo de sus correos electrónicos. La cuenta de Twitter de Anonymous Catalonia llegó a exhibir públicamente un pantallazo de la bandeja de entrada del correo del presidente del Supremo, Manuel Marchena. El tuit ha sido eliminado pero aún puede leerse en el artículo que EL ESPAÑOL publicó en su momento.

El pirateo de los correos del Tribunal Supremo no tuvo sin embargo mayor trascendencia porque los magistrados, conocedores de su vulnerabilidad, habían tenido la precaución de evitar cualquier tipo de comunicación sobre el juicio a través de ellos.

A la caza de jueces

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, investiga en la actualidad la denuncia presentada por la Fiscalía por un presunto delito contra la intimidad por medios informáticos, castigado con penas de prisión de entre uno y cuatro años. Si los mensajes no sólo han sido espiados, sino también difundidos en público, la pena pasa a ser de entre dos y cinco años de prisión.

En enero de este año, Anonymous Catalonia identificó al juez canario Francisco José Trujillo como el presunto gestor, bajo seudónimo, de la cuenta de Twitter @lalupajudicial. La cuenta había sido señalada por medios afines a la extrema izquierda como "anticatalanista" o "xenófoba" con pruebas tan endebles como un tuit en el que se celebraba la firma del pacto entre PP y Cs para la formación del actual Gobierno autonómico andaluz con el apoyo externo de Vox.

Tras el pirateo, el propietario de la cuenta negó ser el juez Francisco José Trujillo.

Hace poco más de un año, en agosto de 2018, Anonymous Catalonia consiguió tumbar la página web del Banco de España mediante un ataque de denegación de servicio, en esencia una caída del sistema por saturación de visitas. Según los responsables del banco, el ataque no tuvo consecuencias en los servicios o las comunicaciones de la entidad.

Las primeras acciones relevantes de Anonymous Catalonia se remontan sin embargo a los meses de septiembre y octubre de 2017, cuando miembros del grupo afirmaron ser los responsables del bloqueo de la página web del Tribunal Constitucional. También afirmaron ser responsables, junto con miembros de Anonymous del resto de España, de los ataques contra el CNI, la Casa Real, el Senado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ninguno de los mencionados ataques logró revelar información sensible de ninguno de esos organismos.

Contactadas por EL ESPAÑOL, fuentes de Cs han afirmado no disponer de más información acerca del ataque al WhatsApp de Rivera que la que ya se ha hecho pública. Según dichas fuentes, el caso se encuentra en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), encargada de la investigación y la persecución de los delitos relacionados con la delincuencia organizada, económica o internacional.