La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

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El PSOE descartó en 2006 el peaje que Colau pretende aplicar con el PSC por entrar en Barcelona

Según la alcaldesa, el peaje entraría en vigor a partir de julio de 2020 si la zona de baja emisiones (ZBE) no da los resultados deseados.

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La libre circulación de vehículos privados por el centro de Barcelona podría tener sus días contados. Tal y como anunció ayer la alcaldesa Ada Colau durante una entrevista en TV3, el Ayuntamiento podría imponer a partir de julio de 2020 un peaje para circular por determinadas zonas de Barcelona con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación en la ciudad. Dicho peaje, según la alcaldesa, sólo se implantaría si la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que estará operativa a partir del próximo mes de enero, no da los resultados esperados. 

En realidad, la ZBE existe desde hace dos años y medio, pero sólo sobre el papel, puesto que el Ayuntamiento de la ciudad no ha impuesto ninguna restricción al tráfico durante este periodo de tiempo. La manga ancha, sin embargo, acabará el próximo mes de enero, cuando se prohíba la circulación por Barcelona de hasta 50.000 vehículos, los que carecen de la etiqueta ambiental. En 2024, según cálculos del Ayuntamiento, esos vehículos serán ya 125.000.

En la práctica, la ZBE, que forma parte del Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2019-2024, comprende toda la ciudad de Barcelona, la localidad de Hospitalet de Llobregat y parte de las de Cornellà, Esplugues y Sant Adrià del Besós. Fuera de ella sólo quedan las rondas que circunvalan la ciudad, la Zona Franca y los barrios de Vallvidrera, Tibidabo y Les Planes.  

El peaje urbano, que no está claro si se trataría de un peaje de entrada a la ciudad o sólo para acceder a determinados barrios del centro, únicamente se aplicaría en Barcelona si la prohibición de circulación para esos 50.000 vehículos no da los resultados deseados. Es decir, si la contaminación atmosférica por dióxido de carbono no desciende hasta los niveles previstos por los técnicos municipales. Será entonces cuando, según Ada Colau, el Ayuntamiento estudie "otras medidas, como ese peaje que nos piden las entidades". Según un reciente estudio, la implantación de ese peaje reduciría la contaminación en un 11%.

Ada Colau también ha criticado la ampliación del puerto y el aeropuerto de Barcelona al considerarlos infraestructuras altamente contaminantes. En su opinión, la lucha contra la contaminación es contradictoria con la idea de que el crecimiento de ambas infraestructuras "puede ser infinito". 

Tasa de congestión  

La idea de un peaje urbano no es nueva. En abril de 2007, una delegación barcelonesa viajó hasta Londres para informarse acerca de la congestion charge londinense, la tasa de 11,50 libras diarias –poco más de diez euros– que los londinenses deben pagar por circular durante los días laborables en la zona delimitada por las autoridades y que comprende el centro de la ciudad y zonas como Westminster, Mayfair, Covent Garden, Carnaby, el South Bank y la City.

En 2007, la principal preocupación en Barcelona era la congestión del tráfico en el centro de la ciudad. Hoy lo es la contaminación atmosférica. En 2007, los responsables descartaron la medida por falta de consenso social. Pero también por los costes asociados. Londres no se limitó a marcar los límites de la zona vedada y establecer un sistema de pago, sino que amplió el servicio de bus un 40%, creó un conglomerado público-privado para ampliar la línea de metro y creo una nueva red de trenes ligeros. El coste total de la medida fue de 350 millones de euros

De peajes a parquímetros

De peajes urbanos se habló también a principios de la década de 2000 en Madrid a raíz, precisamente, de la implantación del peaje urbano en Londres por parte del alcalde laborista Ken Livingstone. Fue durante la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2003, cuando la socialista Trinidad Jiménez insinuó la idea tras constatar que la congestión del tráfico en Madrid era una de las principales preocupaciones de sus ciudadanos.

Tanto fue el revuelo provocado que el presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y candidato a la alcaldía de la capital por el PP aprovechó el regalo y acusó a la izquierda de querer implantar un peaje universal en la ciudad. Trinidad Jiménez tuvo que dar marcha atrás y a ella la siguieron todos los aludidos –PSOE, IU y el alcalde José María Álvarez del Manzano–, que negaron con vehemencia dicha posibilidad. Un año después, Ruiz-Gallardón optó por los parquímetros como medida de restricción del tráfico en el centro de la ciudad. 

Posteriormente, en 2006, el PSOE de Rodríguez Zapatero tuvo que volver a negar que tuviera la intención de implantar el peaje urbano en las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes. La idea figuraba en la ponencia marco de su Conferencia Política y debía servir de base para sus programas municipales de 2007, pero fue desmentida rápidamente por Óscar López, coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral del PSOE, ante el rechazo generado entre la opinión pública. Lo curioso es que ahora Colau está dispuesta a aplicarlo de la mano del PSC, su principal socio de gobierno en el Ayuntamiento.