Pancarta a favor de los presos del 'procés' en el balcón del Palau de la Generalitat.

Pancarta a favor de los presos del 'procés' en el balcón del Palau de la Generalitat. Efe

Política

La Generalitat se aferra a su legalidad paralela y sostiene que los lazos "no son símbolos partidistas"

La pancarta en el balcón de la Generalitat cuelga desde el día en que Torra tomó posesión, el pasado 2 de junio.

Último aviso a Quim Torra para que retire los lazos amarillos y las esteladas. La Junta Electoral Central (JEC) no ha tomado en consideración los argumentos que el presidente de la Generalitat dio en su recurso para tratar de esquivar la prohibición de exhibir en los edificios públicos los símbolos independentistas. Tiene hasta la tarde de este martes para descolgarlos; si no, se expone incluso a “responsabilidades penales”.

Torra prevé agotar el plazo y no revelará hasta este martes la respuesta a la JEC, que lo ha instado a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de 24 horas. Fuentes del entorno del president han indicado que revelará la respuesta a la JEC este martes, cuando se reúne de forma ordinaria el Consell Executiu.

JxCat considera que Torra se limita a obedecer a las resoluciones del Parlament, que señalan que los lazos no son símbolos partidistas. "Este Parlament por mayoría aprobó que los lazos amarillos no son un símbolo partidista, sino que nos recuerda y nos afianza en la defensa de los principios democráticos esenciales. Lo que hace el Govern de Catalunya con el president Torra al frente es ser obediente y respetar las decisiones del Parlament", ha subrayado el diputado Francesc Dalmases desde el atril de la Cámara, que ha aprovechado para arremeter contra la alcaldesa Ada Colau: "Este Parlament, e incluyendo el partido de la alcaldesa de Barcelona, votó que los lazos amarillos no eran símbolos partidistas".

La pancarta para pedir la libertad de presos políticos y exiliados con un lazo amarillo cuelga en el balcón de la Generalitat desde el día que tomó posesión el gobierno de Quim Torra, el 2 de junio del 2018, por lo que es una de las primeras decisiones que tomó el president.