El Gobierno, encantado con el bloqueo en Cataluña: "La solución que la busquen ellos"

El Gobierno ha optado por no pedir a sus abogados del Estado que elaboren un informe para dictaminar cuándo se pone en marcha el reloj hacia una segunda convocatoria electoral en Cataluña. Mariano Rajoy no tiene ninguna prisa porque se constituya un Gobierno en la región, ya que el artículo 155 de la Constitución sigue vigente y la Administración autonómica funciona con normalidad. "La solución que la busquen ellos", responden fuentes gubernamentales cuando se les pregunta por si se proponen un adelanto electoral para desatascar la solución.

En Moncloa dejan en manos de los letrados del Parlament los plazos para la investidura y confía en que el bloque secesionista "se cueza en su propia salsa" y que el separatismo se hunda definitivamente. Durante las sesiones plenarias del 6 y 7 de septiembre, el Gobierno fue muy crítico con el bloque independentista porque no hicieron caso a las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara. Sin embargo, el Ejecutivo no quiere cometer los mismos errores y ahora han optado porque sean los letrados que trabajan para la Cámara territorial los que decidan si el plazo hacia las nuevas elecciones ha empezado a correr o no.

El estatuto del Parlament es muy claro: la convocatoria electoral será a los dos meses del primer debate de investidura, que se celebrará como muy tarde diez días después de la sesión constitutiva de la Cámara. Pero en esta situación inusual en la que por primera vez en la historia el Tribuna Constitucional prohibió cautelarmente la investidura de Puigdemont si pretendía ser presidente desde fuera del Parlamento, no hay una teoría común sobre si los plazos ya han empezado a correr o no.

Levantar el 155

En Madrid saben que es la Cámara la que tiene que dictaminar si ese plazo ya está corriendo o no y han optado por mantener la cautela para no quemarse en este tema. Además, recuerdan que son los independentistas los que más interés tienen en que se levante la aplicación del artículo 155. Una medida que quedará automáticamente suspendida en el momento en el que un nuevo Govern tome posesión.

Para el Ejecutivo central, los mensajes que Carles Puigdemont cruzó con Toni Comín certifican el fin del independentismo. Por ello, desde Madrid instan al presidente de la Cámara, Roger Torrent, a abrir una nueva ronda de contactos para encontrar un candidato alternativo al expresidente fugado.

A la espera de la sentencia del TS

Desde que el Gobierno tomó la decisión de pedir amparo al Tribunal Constitucional y el Alto Tribunal evitó la investidura telemática de Carles Puigdemont, en Madrid se ha instalado la sensación de "haber dado la puntilla" al expresidente. De hecho, Moncloa ha recrudecido su mensaje y desde entonces el Gobierno en bloque recuerda cada vez que puede la condición actual del expresident: "Huido de la justicia, en busca y captura por delitos muy graves: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia".

En Madrid tampoco tienen prisa por acelerar los plazos para que se conforme el nuevo Govern porque confían en que en estos dos meses sean suficientes para que el Tribunal Supremo procese a los líderes independentistas sobre los que pesan delitos gravísimos y los saque definitivamente del tablero político catalán.