Puigdemont y Romeva, durante su viaje a Bélgica.

Puigdemont y Romeva, durante su viaje a Bélgica. Marta Borrás Efe

Política LA RESACA DEL 21-D

El Gobierno liquida 33 contratos para enterrar Diplocat y las ‘embajadas’ catalanas

El coste de reabrir las delegaciones catalanas será muy alto. Exteriores no permitirá que la nueva Generalitat vulnere la ley del Servicio Exterior.

Uno de los compromisos de los partidos separatistas si recuperan la Generalitat es reabrir las embajadas en el exterior y su servicio diplomático. Lo tendrán muy difícil, al menos a corto plazo. El Gobierno, en virtud del artículo 155, ha cancelado ya 33 contratos en el proceso de liquidación del Patronato Catalunya Món-Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat). El Consejo de Ministros aprobó la liquidación de Diplocat el pasado 15 de diciembre. El proceso está ahora a punto de concluir.

Los 33 acuerdos extinguidos afectan a la operativa del patronato y al funcionamiento de las seis embajadas cerradas (proveedores, alquileres, etc). La cancelación de los contratos antes de su vencimiento expone a la Generalitat a una cascada de demandas judiciales por incumplimiento. El nuevo Govern tendrá que invertir una fuerte suma de dinero en un entorno económico de fuga de empresas si quiere levantar una estructura que está desmantelada.

"Mientras esté vigente el 155 no podrán reabrir las embajadas", dicen fuentes del Ministerio de Exteriores. "Después podrán hacerlo en la medida que no se incumpla la ley del Servicio Exterior". 

Desprestigiar a España

El Gobierno tomó tres decisiones políticas nada más recibir el aval del Senado al 155: la destitución de Carles Puigdemont y todos sus consejeros, la extinción de Diplocat y seis de las siete embajadas catalanas y la convocatoria de elecciones el 21-D. La única que sigue abierta es la de Bruselas. Mariano Rajoy eligió las urnas en lugar de un 155 duro, pero mantuvo el cierre del servicio exterior catalán. La llamada internacionalización de la independencia de Cataluña, acompañada de una campaña sistemática de desprestigio a las instituciones españoles, fue una de las patas sobre las que se asentó el desafío separatista.

"La Consejería de Romeva, Diplocat, las embajadas estaban plenamente volcadas en ese objetivo", explican estas fuentes.

El Gobierno cesó a una veintena de altos cargos del departamento de Exteriores y tomó decisiones simbólicas como cerrar las páginas de internet y perfiles de las embajadas y Diplocat en las redes sociales. Diplocat, por ejemplo, ha reabierto su web con un dominio alternativo. Son detalles que escapan al control del Gobierno, pero que tampoco han desviado al Ministerio de Exteriores de su objetivo de cumplir el acuerdo de extinción que adoptó el Consejo de Ministros.

El Gobierno cifró en más de 6 millones de euros el funcionamiento anual de las seis embajadas cerradas. Cataluña gastó casi 70 millones en internacionalizar la causa separatista en los dos últimos años, según las distintas partidas de los Presupuestos catalanes.  

Oficinas comerciales y turísticas

El 155 sólo ha cerrado las delegaciones políticas. Las oficinas comerciales o turísticas de Cataluña siguen abiertas. Es una red de más de 40 oficinas que cubre decenas de países en todos los continentes. En Exteriores rechazan especular con la política de la futura Generalitat y si podrían o no usar esa red como punta de lanza para rehacer su servicio exterior. 

En los dos últimos años, todos los puentes diplomáticos entre el Gobierno y Cataluña han saltado por los aires. Las autoridades separatistas han tratado de lograr reuniones de alto nivel en el extranjero sin informar a la diplomacia española. Esa actitud se ha topado con el rechazo de la mayoría de cancillerías, que han cerrado las puertas a los dirigentes catalanes como se vio tras el 1-O.

El Gobierno no especula con la futuro acción exterior de Cataluña. Lo único que recuerda es que hay una ley que respetar, y que ninguna comunidad puede saltarse cauces diplomáticos habituales. "Si siguen instalados en la vía unilateral es posible que consigan reuniones con partidos políticos y diputados, pero con instituciones de los Estados será más difícil", dicen.