El exdiputado del PP, Pedro Gómez de la Serna.

El exdiputado del PP, Pedro Gómez de la Serna. Efe

Política

Interior readmite "por imperativo legal" en un puesto técnico-jurídico a Gómez de la Serna

El exdiputado del PP está investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito vinculado al asesoramiento de empresas

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El Ministerio del Interior ha readmitido "por imperativo legal" al exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito vinculado al asesoramiento de empresas, según han asegurado a Europa Press fuentes de este Departamento.

Dichas fuentes han precisado que Interior "se ha visto obligado a cumplir la ley" tras consultar a la Secretaría de Estado de Función Pública acerca de la petición de Gómez de la Serna, abogado de profesión, de recuperar su última plaza como funcionario en este Departamento.

El puesto que ocupa en la actualidad no tiene relación directa con el día a día en la toma de decisiones de Interior, precisan las citadas fuentes, que limitan su trabajo a cuestiones "técnico-jurídicas de carácter burocrático" dentro del área adscrita a la Subdirección de Recursos de la Secretaría General Técnica.

Según diversas fuentes de Interior, "nadie reclamó los servicios de Gómez de la Serna en otro departamento de la Administración y, si nadie le reclama, la ley dice que tiene que volver al último Ministerio en donde prestó servicio como funcionario".

El nuevo despacho del exdiputado está en la tercera planta de la sede que Interior tiene en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid, según ha publicado este miércoles eldiario.es. De la Serna ha vuelto, de esta forma, a los mismos despachos en los que coincidió con Gustavo de Arístegui en la etapa del exministro Jaime Mayor Oreja.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a De la Serna y el exembajador de España en la India y exparlamentario del PP Gustavo de Arístegui por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros.