El requisito lingüístico de los funcionarios abre una crisis en el Gobierno valenciano

Quienes opten a un empleo público de la Administración valenciana no tienen por qué saber valenciano para acceder al puesto, basta con que puedan acreditarlo a posteriori. Pero la actual ley no marca plazos ni el nivel de conocimiento de esta lengua que debería alcanzar el funcionario para garantizar su uso oficial.

El actual gobierno, que comparten PSPV-PSOE y Compromís, se ha propuesto poner fin a esta situación, pero las diferencias sobre cómo y cuándo exigir que saber valenciano sea un requisito previo para acceder a un empleo público se ha convertido en un importante escollo: Compromís lo quiere ya, mientras que los socialistas son más partidarios de un consenso que implicaría alargar en el tiempo su aplicación efectiva.

El Ejecutivo valenciano prepara una Ley de Función Pública que debe fijar una posición. La encargada de elaborar el texto es la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas que dirige Gabriela Bravo, la exportavoz del CGPJ que ocupa el puesto de consellera como independiente propuesta por los socialistas.

Bravo ya tiene redactado su borrador definitivo de anteproyecto de ley y tenía previsto presentarlo este martes ante la prensa. Lo frenó a última hora. Compromís, socio de gobierno, no acepta la redacción que se ha hecho porque supone retrasar la aplicación de la exigencia del requisito lingüístico, según afirman desde la formación. El problema es de tal importancia que desde la formación nacionalista auguran turbulencias en el pacto de gobierno.

La comisión de expertos

El debate sobre si saber valenciano debe ser un requisito indispensable para optar a una plaza de funcionario ya se preveía espinoso. Por ello se encargó a una comisión de expertos que resolviera el asunto. Pero las conclusiones no fueron de gran ayuda. Los expertos, después de analizar la regulación de este asunto en otras comunidades bilingües, concluyeron que la decisión “de exigir o no el conocimiento del valenciano como requisito de acceso a la función pública” es una decisión “propiamente política” más que técnica o jurídica.

El informe analiza desde la “imposición” en Cataluña hasta el examen de gallego que deben superar los opositores en Galicia, pero los expertos se dividieron entre partidarios de que el valenciano sea un requisito previo y entre los que defienden seguir con el modelo actual, pero concretando el tiempo en el que se debe acreditar el conocimiento de la lengua después de haber accedido a la plaza.

El requisito lingüístico fue rechazado en un principio por los sindicatos. Sin embargo, en diciembre del año pasado se llegó a un acuerdo calificado de “histórico”. Los tres principales sindicatos (UGT, CC.OO. y la Intersindical Valenciana) pactaron un texto en el que aceptaban que el valenciano “se tiene que acreditar” en las pruebas para acceder a las plazas, pero dejando a la negociación con cada sindicato el nivel a exigir según los puestos y con excepciones como, por ejemplo, la urgencia de cubrir puestos en sanidad. Es decir, se aceptó exigir el valenciano como requisito previo para optar a una plaza, aunque se dejaba para después concretar qué nivel exigir en cada puesto.

La redacción de la discordia

El texto del borrador del anteproyecto de ley que la consellería de Gabriela Bravo quería presentar recoge que el valenciano es “un requisito para participar” en los procesos de selección y que habrá que “acreditar el conocimiento que se determine reglamentariamente”. Esto ya es un cambio con respecto a la ley en vigor, que fija que el valenciano solo debe acreditarse después de acceder a una plaza.

La nueva redacción, según explican desde la Consellería, recoge fielmente el acuerdo sindical pero implica que no se lleve a la práctica hasta que no se apruebe el reglamento de la ley, algo que podría alargarse un año más.

Para los dirigentes de Compromís, esta redacción no es aceptable y aseguran que plantarán batalla. Quieren que ya en el texto del anteproyecto de Ley de la Función Púbica se fijen los niveles de forma transitoria hasta que se apruebe el reglamento posterior, porque de lo contrario el requisito lingüístico no podrá aplicarse de forma inmediata.

¿Crisis de Gobierno?

El choque, de hecho, se produce incluso dentro de la misma Consellería, puesto que el número dos de Bravo, debido al mestizaje del Gobierno valenciano, es de Compromís.

Si desde Compromís auguran problemas en caso de que no se cambie la redacción para incluir ya la exigencia del valenciano, desde el PSPV-PSOE llaman a la cautela. La secretaria de Política Lingüística de los socialistas, Carmelina Pla, asegura que habrá un acuerdo que satisfaga a todos. “Todos estamos de acuerdo en que se tiene que regular la competencia lingüística, todas las comunidades autónomas lo tienen regulado (…) Pero no podemos permitirnos no hacer las cosas bien”, asegura.

También hay diferencias entre los sindicatos que firmaron el acuerdo de diciembre. Para CC.OO. la redacción del texto que ha levantado la polémica recoge fielmente lo que acordaron. Pero la Intersindical Valenciana ha exigido al presidente valenciano, Ximo Puig, que la nueva ley recoja ya el requisito lingüístico, los niveles e incluso los plazos de adaptación de los funcionarios actuales. El sindicato advierte de que “no aceptará ninguna rebaja en esta reivindicación histórica” y pide poner fin a las “desavenencias” en este tema.