Manolo Mata conversa con Manolo Mata en las Cortes Valencianas.
El exportavoz de Ximo Puig recrimina a la Fiscalía el "ingente gasto" en investigar la corrupción
Acusa también a Anticorrupción de tener "animadversión persistente, contumaz y expansiva" a los políticos y de realizar un "proceso inquisitorial".
30 junio, 2022 02:25La operación Azud, la macrocausa contra la corrupción y el reparto de supuestos sobornos millonarios entre cargos del PP y el PSOE de Valencia durante el mandato de Rita Barberá, ha desatado las hostilidades de dirigentes socialistas contra la Fiscalía Anticorrupción tras aparecer documentación comprometida para el partido.
Es el caso de Manolo Mata, persona de la máxima confianza del presidente Ximo Puig, quien se vio obligado a dimitir como portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas en mayo para seguir dirigiendo la defensa del constructor sobre el que gira la supuesta trama, Jaime Febrer.
En un escrito presentado en la Audiencia de Valencia, el político y abogado penalista ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de ver "la actividad política como algo sospechoso, reprobable, mezquino y vinculado persistentemente a la corrupción".
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Mata ha pedido a la Audiencia que ordene de manera inmediata la apertura de las piezas del sumario que siguen secretas, y que podrían estar relacionadas con la contabilidad del PSOE, "al tratarse de una investigación prospectiva". Además, ha cuestionado "el ingente gasto público en instruir macrocausas que finalmente no llegan al buen término".
El socialista responde de esta manera al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que aseguraba que los retrasos en la apertura del sumario y la investigación se debían a la falta de medios e inversión en Justicia.
"Los problemas y la carencia de medios en la Justicia valenciana deberían ser de sobra conocidos por el recurrente, dada su condición de político y dirigir los reproches a las entidades encargadas de suministrar los medios, puesto que bien sabe no existe ninguna partida presupuestaria asignada a Juzgados o a la Fiscalía", afirmó el fiscal.
La consellera de Justicia y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, también ha sido interpelada por la falta de medios que arrastra el juzgado que investiga Azud.
Cinco meses en prisión
Este miércoles, en una entrevista en À Punt, la televisión pública valenciana, la socialista reiteró que la Generalitat "está trabajando con este juzgado y no hay ninguna oposición a dar más medios".
"Siempre hemos estado a disposición de todos los juzgados, pero especialmente los que asumen teman complejos y necesitan un apoyo especial", aseguró Bravo.
Mata dimitió de todos sus cargos tras alzarse el secreto de sumario, pero ejerció de abogado del constructor desde que fue detenido, en mayo de 2021. El sumario recoge todas las veces que se desplazó a prisión para reunirse con su cliente mientras ejercía de portavoz en Valencia.
Mata se convirtió en el blanco de las críticas de la oposición y la dimisión obligó a Puig a remodelar su Gobierno sin esperar a la posterior imputación de Mónica Oltra.
"Tal vez lo que se debería cuestionar es el ingente gasto público en instruir macrocausas que finalmente no llegan al buen término en el que confían los instructores", se ha desquitado ahora en su escrito el socialista Manolo Mata.
Mata lamenta que el constructor haya estado casi cinco meses en prisión "mientras se le localiza un supuesto dinero en el extranjero que no existe", y asegura que la mención del fiscal a su trayectoria como político, "desde quién la hace, refleja una animadversión persistente, contumaz y expansiva de la consideración de la actividad política como algo sospechoso, reprobable, mezquino y vinculado persistentemente a la corrupción".
"La política es corrupta y sus familiares son presuntos delincuentes parece ser el origen de algunas de estas carísimas macrocausas, no sólo en coste económico sino en vulneración de derechos constitucionalmente protegidos", traslada el exportavoz del PSOE a la Audiencia de Valencia.
El abogado del cerebro de la presunta trama defiende que "la actividad política es una de las más nobles actividades a las que se puede dedicar una persona".
"Por supuesto que hay corrupción en la vida pública, tal vez de menor entidad que en otros ámbitos, pero la hay. De ahí a criminalizar reuniones o conversaciones con políticos, investigar a sus militantes, familiares, próximos hasta la extenuación sólo por ser políticos o estar vinculados a ellos, vulnerando derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, supone una distorsión del procedimiento penal", argumenta.
El escrito que Mata ha presentado en nombre del constructor también incluye valoraciones sobre el Gobierno autonómico. El exnúmero dos de Ximo Puig en el PSOE recuerda a la Fiscalía que "los índices de las organizaciones internacionales revelan una sustancial mejora de nuestra Comunidad y debemos resaltar que no hay ni un solo caso de corrupción vinculado a la Generalitat Valenciana desde 2015".
Operación colegios
Además, el socialista denuncia que "el mero transcurso del tiempo está dificultando la defensa hasta extremos inauditos y es terrible que se criminalice comportamientos de personas fallecidas a lo largo de estos años desde 2007 en que ocurrió todo hasta la actualidad".
El abogado cita como ejemplo a Néstor Ramirez, responsable jurídico del Ayuntamiento de Valencia durante 30 años, o Juan Antonio Altés, redactor del Plan General. "Si vivieran, los tres nos explicarían con sencillez esta operación urbanística, sus por qué y los enigmas que suscita".
El escrito de Mata llega después de que la Guardia Civil explicara en un extenso informe cómo cargos del PSOE se habrían corrompido a cambio de no denunciar supuestos amaños urbanísticos en una operación vinculada a la construcción de colegios públicos.
Según el sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) cree que los cargos del PSOE valenciano investigados pasaron a formar parte de la supuesta trama de mordidas tras una comida celebrada en el centro de Valencia con el cliente de Mata.
La comida tuvo lugar en septiembre de 2005 en el restaurante Berenice, en la calle Mestre Racional. La reunión se celebró después de que Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno hasta 2021 y en ese momento líder del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, diera una rueda de prensa para denunciar "pelotazos urbanísticos" en los que estaría implicado Febrer.
Al almuerzo asistieron, además de Rubio, José Luis Vera, exmagistrado de la Audiencia de Valencia y abogado que el PSOE colocó en 2015 en la Diputación para denunciar la corrupción del PP; y Pepe Cataluña, exresponsable de Finanzas de los socialistas valencianos. Rubio había denunciado irregularidades previas al pelotazo urbanístico de los colegios, una operación por la que obtuvo muchísimos beneficios Febrer a cambio del pago de comisiones millonarias.
Al parecer, según consta en la documentación incluida en el sumario, el PSOE denunció que la mercantil Construcciones Valencia Constitución (CVC), de Jaime Febrer, se había llevado unas plusvalías de hasta un 196 % tras obtener "información privilegiada" del Gobierno de Rita Barberá.
Tras esa comida, las denuncias cesaron y Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, se apresuró en cerrar el asunto de los colegios antes de las elecciones municipales de 2007 ante la pérdida de influencia de Rubio en el PSOE.
Los investigadores han encontrado una carta remitida a Febrer en la que le trasladan la preocupación de Grau en este sentido: "La composición del grupo socialista en el pleno se ha modificado y ya no hay tanto apoyo a Rafa Rubio".
Mata no es el abogado de los cargos socialistas imputados, pero en su escrito sale en defensa de su trabajo. En este sentido, aclara que Rubió no era el portavoz cuando se aprobó la operación, sino la exministra Carmen Alborch, ya fallecida.
"Sería conveniente que la UCO, la Fiscalía y la instructora verificaran que desde el 27 de mayo de 2007, la portavoz era Carmen Alborch, que era quien pilotaba el grupo", insiste Mata.
"Esta investigación prospectiva que perjudica gravemente a muchísimas personas que ya han sufrido prisión, su vida social arruinada, su prestigio destrozado, corriéndose el riesgo de que, de no hacerlo, este proceso inquisitorial no tenga fin y se añadan nuevas víctimas", concluye el socialista.
