Marlaska, obligado a divulgar el atestado de una actuación policial contra el 'chemsex', las orgías gays con uso de drogas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha exigido al Ministerio del Interior que entregue a un ciudadano un atestado que detalla cómo se produjo una actuación policial contra reuniones de chemsex.

Este anglicismo da nombre a las sesiones de sexo en grupo entre hombres bisexuales u homosexuales que incluyen el consumo de drogas.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el CTBG considera que este ciudadano, que fue arrestado en dicha actuación policial, tiene derecho a tener una copia del atestado.

Interior, no obstante, se niega a facilitársela, lo que ha motivado que el reclamante interponga una queja en la ONU y ante el propio ministerio, encabezado por Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, este periódico ha tenido acceso al atestado, que el joven reclamó para comprobar si los agentes que le detuvieron ejercieron una "criminalización selectiva, usando como pretexto la lucha contra las drogas".

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La detención se produjo en un portal del distrito de Chueca, barrio con fuerte presencia LGTB de Madrid, al que el joven acudió tras ser citado por la app de citas Grindr.

Ocurrió el 21 de octubre de 2020, cuando aún existían limitaciones sanitarias debido a la pandemia de la Covid-19.

Dicho atestado derivó, un día después, en la apertura de un procedimiento judicial, a cuyo sumario ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Sin embargo, tras varios meses abierto, fue archivado el 6 de mayo de 2021.

Tres agentes de paisano detuvieron al joven cuando, como él mismo aseguró, se disponía a acudir a una reunión de chemsex. En una riñonera llevaba pequeñas dosis de droga, pero llegó a ser investigado por un supuesto delito contra la salud pública.

Sin embargo, como subrayó la Fiscalía Provincial de Madrid en un informe, "las cantidades aprehendidas en este caso no superan lo que normalmente puede considerarse como autoconsumo".

Por ello, el fiscal pidió el archivo del caso en abril de 2021. Y así lo hizo pocos días después la juez Inmaculada Lova.

Ahora bien, en el atestado que Interior se niega a facilitar, los policías que arrestan al joven indican que, tras una inspección visual, dan por hecho que la droga que llevaba encima superaba el límite legal.

El atestado

El ciudadano que reclamó el atestado, con el que ha contactado EL ESPAÑOL, aludió en su petición a la "creciente preocupación social y mediática sobre determinadas prácticas policiales vinculadas a la investigación de delitos contra la salud pública en entornos privados o relacionados con colectivos vulnerables".

Su objetivo, tal y como le trasladó a Transparencia, era el de "evaluar" la actuación policial y analizar "cómo y bajo qué criterios se ejercen las funciones de seguridad pública" contra las reuniones de chemsex.

La droga que se le requisó estaba dentro de tres bolsitas y un frasco con un líquido. En concreto, llevaba encima ketamina (0,197 gramos), metanfetamina (0,680 gramos), MDMA (0,209 gramos) y GBL (18 mililitros).

Estas tres últimas siglas hacen referencia a la Gamma butirolactona. La Policía, en sus informes, señaló que esta sustancia "se considera un precursor de la Gamma hidroxibutirato (GHB)", al mezclarse con agua o al ingerirse.

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La Policía persigue la tenencia de GHB. Especialmente, en entornos de chemsex. Ahora bien, lo que este joven llevaba encima era GBL.

Sin embargo, tal y como consta en la documentación judicial en poder de EL ESPAÑOL, los agentes que detienen al joven identifican el frasco de cristal con GHB, cuando era, en realidad, Gamma butirolactona.

Ésa era, precisamente, una de las sospechas del reclamante de la documentación: que, como viene siendo habitual, la Policía confunda una sustancia con otra. El GBL no está prohibido.

En su denuncia ante la ONU, este joven señala también que, en ocasiones, la Policía criminaliza el chemsex, pese a ser una práctica "privada y consensuada", que tiene lugar "en la intimidad sexual" y que está basada en el "placer, la pertenencia a una comunidad y la búsqueda de conexión".

El joven también se quejó ante Naciones Unidas de que la Policía española, de forma "arbitraria", equipara GHB y GBL. Así lo denuncia también un informe de la asociación Aleph Psicoactiva (Alianza por los derechos y libertades de las personas que usan drogas), dedicada a "demoler el paradigma dañino y vetusto" sobre el uso de drogas en contextos sexuales y a evitar su criminalización.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Pablo García, investigador de esta organización.

"En estas actuaciones policiales, se criminaliza en base a la apariencia homosexual, a la presencia en lugares de ambiente gay —como discotecas o saunas— o en espacios privados de consumo sexualizado de drogas, donde se da por hecho que el simple consumo implica tráfico", se queja.

"La Policía hace una valoración económica del GBL como si fuera GHB, convirtiendo mililitros en gramos, lo que infla su tasación en miles de euros, cuando un frasco cuesta unos veinte y se puede adquirir libremente en el mercado legal", lamenta.

"A la vez se aplican límites de consumo tan bajos —0,3 gramos para metanfetamina o mefedrona frente a 7,5 para la cocaína— que cualquier posesión de ese tipo de sustancias desemboca en una detención policial automática, pese a que en España el consumo de drogas no es delito", recalca.